Este 27 de octubre está prevista en Bruselas la firma del Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA), pero el protocolo de la firma del CETA se podría modificar si las presiones sobre el parlamento de Valonia, la región francófona de Bélgica no surgen efecto, y este mantiene su veto, ya que ello implicaría que el Estado belga no lo podría ratificar en la fecha fijada, informa Nueva Tribuna.
Valonia tiene una población de 3,5 millones de habitantes y lleva décadas sumida en una profunda crisis económica con resultados desastrosos, entre otros la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, situación que lleva a sus representantes políticos a rechazar el CETA.
Ya que en España siete parlamentos autónomos se han declarado también en contra de alguno de estos tratados (Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y Valencia), la situación belga plantea una pregunta importante para nuestros juristas constitucionalistas: ¿Hasta que punto el Gobierno español en funciones puede firmar estos tratados con esta oposición interna?
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