El gobierno de Estados Unidos quiere reformar una oscura figura impositiva que ha permitido canalizar en forma anónima enormes sumas de dinero para determinar la suerte de las últimas campañas electorales, informa Carey L. Biron (IPS) desde Washington.
Dos organismos federales, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) emitieron el martes 26 una directriz inicial para endurecer las normas que permiten a ciertas organizaciones, exentas de impuestos y dedicadas al «bienestar social», participar en la actividad política.
Quienes apoyan la medida del gobierno advierten que solo se trata de un primer paso. A otros les preocupa que este proceso limite la libertad de expresión, garantizada por la Constitución.
«Esta es sin duda una señal alentadora de una agencia federal que estuvo casi totalmente ausente en la regulación de estos grupos. Pero el diablo está en los detalles», advirtió Paul S. Ryan, abogado de Campaign Legal Centre, una organización dedicada a estudiar los fondos para las campañas políticas que ha demandado al IRS al respecto.
«No obstante, lo que está en cuestión aquí es la divulgación. Esta reglamentación no tiene que ver necesariamente con la forma de participar en las elecciones, sino con revelar quiénes son los donantes», agregó.
La superabundancia de dinero en la política de Estados Unidos surge de un fallo histórico que emitió en 2010 la Corte Suprema, conocido como Citizens United (Ciudadanos Unidos), que creó nuevas vías para un gasto ilimitado y anónimo de las corporaciones en las causas políticas.
El fallo sigue siendo disputado en todo el país, ya que más de una docena de estados exigieron su anulación.
Según cálculos oficiales, donantes anónimos destinaron unos 300 millones de dólares a la elección presidencial de 2012 a través de entidades exentas de impuestos. Esta cifra es relativamente pequeña en comparación con los 7.000 millones de dólares que se gastaron en total en los comicios.
Los activistas denominan «dinero oscuro» a estos fondos secretos, de los cuales se calcula que alrededor de 85 por ciento fueron a parar a listas conservadoras en 2012.
Muchas de esas donaciones se hicieron a través de organizaciones exentas de impuestos que figuran en el código impositivo como 501(c)(4), puesto que su objetivo declarado es el «bienestar social».
Estas instituciones son muy atractivas, porque tienen cierto margen de acción en materia de participación política y, a la vez, pueden mantener en secreto la identidad de sus contribuyentes.
Por el contrario, el IRS permite que otras organizaciones similares participen plenamente en el proceso político, pero con la obligación de revelar la identidad de sus donantes.
«Las normas propuestas son un paso positivo para frenar a los grupos políticos que se hacen pasar por organizaciones de bienestar social sin fines de lucro pero dedican casi todos sus recursos a influir en las elecciones», manifestó a IPS el abogado Brendan Fischer, del Centre for Media and Democracy.
«La idea de que el gasto con intención evidente de influir en las elecciones fomenta de algún modo el bienestar social es absurda, así que es de esperar que las normas propuestas traigan claridad y luz sobre el dinero oscuro», dijo.
«La directiva todavía tiene que pasar por el proceso de reglamentación, pero es de esperar que las reglas definitivas pongan fin a la ambigüedad del código impositivo que dio lugar a este tipo de abusos», agregó Fischer.
Hace unos meses, el IRS fue blanco de duras acusaciones de tinte partidario, por supuestamente haber investigado con excesivo celo las solicitudes de grupos conservadores que pretendían obtener estatus de exención de impuestos.
Aunque revelaciones posteriores indican que la investigación de la agencia se dirigió tanto a organizaciones conservadoras como progresistas, el debate general reveló la confusión de la opinión pública sobre las razones por las cuales estos grupos claramente políticos fueron catalogados inicialmente como entidades de «bienestar social».
La ley prohíbe a estas organizaciones participar en actividades políticas, pero la aplicación de la norma está sujeta a la interpretación del IRS.
«Esto es parte de los esfuerzos que está haciendo el IRS para mejorar nuestro trabajo en el área de exención de impuestos», declaró el comisionado interino del IRS, Danny Werfel, el martes 26.
«Una vez en su versión final, la directriz propuesta brindará claridad a este importante segmento de organizaciones exentas».
En particular, el IRS se propone redefinir exactamente lo que se entiende por «actividad política relacionada con candidatos», un concepto al que apelan una gran porción de estas entidades.
«Durante décadas, el IRS utilizó una prueba de ‘actividad principal’ para determinar cuánta actividad política es excesiva, pero nunca brindó claridad sobre esa actividad», explicó Ryan, de Campaign Legal Centre.
«Así que los grupos de dinero oscuro alegan que hasta 49,9 por ciento de sus actividades pueden ser políticas, pero para nosotros el nivel apropiado sería mucho menor, en torno a 10 o 15 por ciento. La fuerza de esta nueva reglamentación dependerá de dónde fije ese límite el IRS».
Otros advierten que esto no debe dejarse a la interpretación del IRS y presionan al sistema judicial para que aclare el sentido de la ley vigente de una vez por todas.
«Aunque recibimos esta acción con satisfacción, necesitamos un fallo definitivo… de la Corte», dijo el martes Chris Van Hollen, legislador que presentó en agosto un litigio sobre este asunto contra el IRS.
«El público tiene derecho a saber quiénes gastan millones de dólares para influir en el resultado de nuestras elecciones y tenemos que ponerle fin a este flujo de dinero secreto. Por eso presenté mi demanda contra el IRS», explicó.
Incluso si el cambio fortalece significativamente las normas que rigen a las 501(c)(4), muchas voces exigen también una investigación oficial sobre otras organizaciones exentas de impuestos.
La acción del IRS podría llevar a los donantes anónimos a dejar las 501(c)(4) y volcarse a las asociaciones comerciales, que tienen un régimen jurídico más flexible.
El Campaign Legal Center, por ejemplo, exhorta a las autoridades a que investiguen a estas organizaciones y refuercen las restricciones a sus actividades políticas.
«En última instancia, se trata de una medida necesaria, pero incompleta», dijo Fisher, del Centre for Media and Democracy.
«Los multimillonarios y sus abogados seguirán buscando formas para comprar las elecciones en secreto. Lo que necesitamos es una reforma constitucional que anule (el fallo) Citizens United y saque el dinero de la política», concluyó.
