Las autoridades iraníes han publicado vídeos propagandísticos macabros con las “confesiones” forzadas de varios suníes ejecutados, en una burda táctica de propaganda para deshumanizar a las víctimas ante la opinión pública y desviar la atención de los juicios plagados de defectos que desembocaron en sus condenas de muerte; sostiene Amnistía Internacional.
En un informe publicado el 17 de noviembre de 2016, Broadcasting injustice, boasting of mass killing, la organización denuncia la campaña mediática emprendida por las autoridades iraníes tras la ejecución colectiva, el 2 de agosto de 2016, de 25 hombres suníes acusados de pertenecer a un grupo armado, consistente en inundar los medios de comunicación controlados por el Estado de abundantes vídeos con sus “confesiones” forzadas en un intento de justificar las ejecuciones.
“Al exhibir a los condenados a muerte por la televisión nacional, las autoridades intentan descaradamente convencer a la opinión pública de su ‘culpabilidad’, pero no consiguen enmascarar una realidad alarmante: que los hombres ejecutados fueron declarados culpables de delitos definidos en términos imprecisos y ambiguos, y condenados a muerte tras juicios manifiestamente injustos”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades iraníes tienen la obligación de llevar ante la justicia a quienes cometan ataques armados con resultado de muerte de civiles. Sin embargo, en ningún caso está justificado obtener “confesiones” forzadas mediante tortura u otros malos tratos y difundirlas en vídeos escalofriantes. Constituye una grave violación de los derechos de los presos y los priva, a ellos y a sus familias, de la dignidad humana.”
Los videomontajes de las “confesiones” contienen titulares sensacionalistas como “En manos del demonio” (Dar dast-e Sheytan) y “En la oscuridad profunda” (Dar omgh-e tariki), y melodramáticas pistas musicales de acompañamiento. En algunos vídeos se han intercalado las escenas de los hombres con textos propios de un tráiler de película, como “continuará” o “próximamente”, para potenciar su efecto dramático.
Confesiones forzadas
En mensajes grabados en prisión y difundidos por Internet usando un teléfono móvil clandestino, muchos de estos hombres decían que habían sido obligados a “confesar” ante una cámara tras ser torturados durante meses en centros de detención del Ministerio de Inteligencia, donde soportaron reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Según contaban, recibieron patadas, puñetazos, golpes con porras eléctricas y latigazos, y fueron privados de sueño y de acceso a alimentos y medicamentos.
“Pensé que no me quedaba otra salida […] Ya no podía aguantar más abusos y torturas […] Ellos [funcionarios de inteligencia] me pusieron delante de una cámara y me dijeron que cerrarían mi caso y me dejarían libre si decía lo que ellos me mandaran decir”, afirmaba Mokhtar Rahimi, uno de los hombres ejecutados, y añadía que posteriormente se habían utilizado esas declaraciones para declararlo culpable.
Otro hombre, Kaveh Sharifi, decía que le habían ordenado memorizar seis páginas de texto que había preparado el Ministerio de Inteligencia: “Estuve practicando casi dos horas al día hasta conseguir memorizar toda la información […] Incluso me dijeron que moviera las manos y mantuviera una expresión alegre para que nadie sospechara que estaba recluido en aislamiento o sufriendo malos tratos.”
Además de difundir los vídeos propagandísticos, las autoridades iraníes publicaron también una serie de declaraciones incendiarias que, de igual manera, describían a los ejecutados como abyectos delincuentes que merecían el castigo recibido. Como las “confesiones” en vídeo, tales declaraciones hacen una descripción distorsionada de los hechos y menoscaban la dignidad y reputación de estos hombres. Les atribuyen colectivamente un amplio conjunto de actividades delictivas y no aclaran la participación de cada uno en los hechos denunciados.
Vídeos de propaganda
Kaveh Sharifi, Kaveh Veysee, Shahram Ahmadi y Edris Nemati, quienes estaban entre los 25 hombres ejecutados el 2 de agosto de 2016, aparecen en los vídeos de “confesión”. Loghman Amini, Bashir Shahnazari, Saman Mohammadi y Shouresh Alimoradi, cuatro hombres suníes que estuvieron recluidos en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, provincia de Kurdistán, también aparecen de manera destacada.
En los vídeos, estos hombres se humillan repetidamente llamándose a sí mismos “terroristas” que merecen castigo. “Confiesan” su relación con un grupo llamado Towhid va Jahad, que, dicen, llevó a cabo ataques armados y conspiró para asesinar a “infieles” (kafir). En algunos de los vídeos se comparan a sí mismos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico y afirman que habrían cometido “atrocidades peores” que dicho grupo si no los hubieran detenido. Estas grabaciones se intercalan con fragmentos de vídeo sobre las atrocidades cometidas por el Estado Islámico en Irak y Siria, en un intento evidente de explotar el miedo de la población a las amenazas para la seguridad en otras partes de la región y así justificar las ejecuciones de los hombres.
Los vídeos contienen además varias incongruencias que indican que las “confesiones” probablemente se hicieron siguiendo un guión. En algunos casos se relaciona a los hombres con delitos cometidos meses después de su detención, o la naturaleza de los crímenes que se les imputan cambia radicalmente de un vídeo a otro.
Los vídeos de “confesión” reflejan los niveles alcanzados por los servicios de seguridad e inteligencia de Irán en su violación del derecho a la presunción de inocencia de estos hombres, y de su derecho a no declarar contra sí mismos.
Los hombres fueron declarados culpables de “enemistad con Dios” (delito de imprecisa definición) a través de su “pertenencia a un grupo suní salafista” y de cometer ataques armados y asesinatos. Sin embargo, muchos habían negado reiteradamente su participación en tales actividades durante los años que permanecieron en espera de ejecución.
Amnistía Internacional no ha podido confirmar ninguno de los relatos contradictorios, principalmente debido al secreto que rodea los juicios. No obstante, su labor de investigación indica que los juicios de estos hombres fueron manifiestamente injustos. Todos fueron privados de acceso a un abogado en la fase de investigación, y dijeron que los habían sometido a tortura para obligarlos a hacer “confesiones” que después se utilizaron para declararlos culpables.
Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán está jurídicamente obligado a prohibir, prevenir y castigar la tortura, a abstenerse de admitir como prueba “confesiones” obtenidas mediante tortura y a garantizar un juicio justo para todas las personas acusadas de un delito. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, la estricta observancia de las garantías internacionales sobre juicios justos es absolutamente primordial en tales casos.
Los vídeos fueron producidos y emitidos por diversos medios de comunicación asociados al Estado, entre ellos la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán, Press TV y una organización llamada Habilian Association. Todo organismo controlado por el Estado que haya participado en la producción de los vídeos de “confesión” tiene parte de la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos cometidas contra los hombres que aparecen en las producciones y sus familias, señala AI.
Tres meses después de la ejecución colectiva, las autoridades iraníes no han facilitado información sobre la actividad delictiva precisa por la que cada uno de los hombres ejecutados fue acusado y declarado culpable. No hacerlo contraviene la obligación de Irán, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de dictar sentencia públicamente en todas las causas penales, exponiendo con claridad las pruebas y los argumentos jurídicos en los que se ha basado el fallo condenatorio.
“Las autoridades iraníes deben tomar medidas de inmediato para dejar de producir y difundir ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura y otros malos tratos. Deben asimismo retirar el velo de secreto que envuelve las actuaciones judiciales y garantizar que los tribunales dictan sentencias bien fundadas y públicamente accesibles”, ha dicho Philip Luther.
La organización pide a las autoridades iraníes que declaren de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.
Los 25 hombres ejecutados el 2 de agosto de 2016 formaban parte de un grupo más amplio de suníes, la mayoría detenidos entre 2009 y 2011, con motivo de una serie de asesinatos y enfrentamientos armados en la provincia iraní de Kurdistán. Aunque las autoridades han reconocido que aquel día se llevaron a cabo 20 ejecuciones, información verosímil recibida por Amnistía Internacional indica que hubo 5 más, lo que elevaría el número total de ejecuciones a 25.
Decenas de hombres, entre ellos Barzan Nasrollahzadeh, detenido cuando tenía menos de 18 años, continúan en espera de ejecución.
