El Parlamento Europeo ha acordado este 15 de junio de 2023 condenar de nuevo las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos en Nicaragua, que constituyen crímenes contra la humanidad, y proceder a sancionar al presidente Daniel Ortega, a su círculo de poder y a jueces y fiscales implicados en la represión de disidentes políticos.
En una resolución aprobada a mano alzada, la Eurocámara subraya que las violaciones de los derechos humanos y los abusos perpetrados desde abril de 2018 en Nicaragua no son un fenómeno aislado, sino que buscan «desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta» del país.
Se trata de la séptima resolución en esta legislatura en que el Parlamento denuncia la deriva totalitaria del régimen liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Los eurodiputados lamentan la continua instrumentalización del sistema judicial y la complicidad de los jueces con el régimen. Piden por eso que la lista de sancionados por la Unión Europea se amplíe a jueces y fiscales, además de al propio presidente Ortega y su círculo más cercano.
Deportación y privación de la nacionalidad de presos políticos
El texto condena la deportación de 222 presos políticos el pasado febrero, así como la privación de su nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos. El PE recuerda que la privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida por el Derecho internacional y pide la revocación inmediatamente de estas medidas y que se ponga fin a la persecución y represalias contra los disidentes.
Los eurodiputados piden una prueba de vida del obispo Rolando Álvarez –condenado a 26 años de prisión y a la pérdida de la nacionalidad tras rechazar el exilio- e insisten en reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, opositores, activistas, miembros de la Iglesia católica y periodistas detenidos arbitrariamente, y encarcelados en ocasiones en condiciones inaceptables.
Los eurodiputados creen que la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará en julio en Bruselas –después de ocho años sin reuniones al más alto nivel- es una oportunidad para defender los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Confían en que en dicha reunión habrá una declaración exigiendo el debido respeto de los derechos humanos en ambas regiones, en particular en Nicaragua.
Ante la situación en el país, la resolución insta a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y anima a la UE y los Estados miembros a incluir garantías específicas de respeto de los derechos humanos en lo que respecta a los fondos europeos asignados, también cuando se canalicen a través de instituciones multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Los eurodiputados también condenan el apoyo incondicional del régimen nicaragüense a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y lamentan el creciente aislamiento de Nicaragua respecto a la comunidad internacional.
El Parlamento insta por último a los Estados miembros a iniciar, a partir de las pruebas recopiladas por el Grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos, investigaciones formales sobre crímenes contra la humanidad, ejerciendo la jurisdicción universal.
Entre otros crímenes, el citado grupo ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica, que incluían violencia sexual y de género, en el contexto de la detención, el interrogatorio y la reclusión de opositores políticos;
El régimen nicaragüense debe, a juicio del PE, rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Acceso a la resolución completa en este enlace.
