La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, en una reunión con la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara de Locutores, la Asociación de Cronistas Deportivos y Cerigua expresó su enorme preocupación por los asesinatos en Suchitepéquez de los periodistas Danilo López, Federico Salazar y Guido Villatoro, reiterando que están trabajando las líneas de investigación para esclarecer los casos.
Los periodistas le reclamaron por la falta de resultados de las investigaciones, sobre todo, de los 27 periodistas asesinados desde el 2000 a la fecha; siete de esos crímenes cometidos durante la presente administración. Ella explicó la situación en la que encontró el MP. Informó que localizó más de un millón 200 mil casos abandonados, lo que sumado al cambio de modelo, determinó la existencia de una gran mora. Después de un análisis decidió crear una Fiscalía Liquidadora con tres unidades: de desestimación de casos de oficio; los que por ley se pueden descartar; la desestimación de casos con autorización judicial; y una unidad de Investigación y litigio para rescatar los casos antiguos, lo que ha requerido de mucho esfuerzo, tiempo y recursos.
Esa nueva Fiscalía encontró un tropiezo cuando empezó a pedir los expedientes, pues estaban en total abandono, incluso en lugares donde hay que entrar con mascarilla y en otros donde es difícil abrir las puertas sin correr el riesgo de que las pilas de expedientes se derrumben, lo que calificó de impunidad, cuya responsabilidad es del Estado.
En relación con las investigaciones de los tres asesinatos reafirmó que la Unidad de Delitos contra Periodistas es muy profesional, están en el lugar y han avanzado en las líneas de investigación; sin embargo, indicó, enfrentan dificultades, entre ellas mecanismos legales, tanto en la tardanza en emitir las órdenes de allanamiento, como en las acciones que recurren los abogados de los acusados. Una jueza tardó mucho tiempo para emitir la orden argumentando falta de competencia, esas diligencias requieren agilidad para ser efectivas, es necesario que los auxiliares cuenten con respuestas prontas de los tribunales.
Para estos casos, dadas las circunstancias del entorno, las amenazas recibidas y los riesgos para todos los que intervienen en la investigación y en el proceso, solicitó el traslado de estos casos a un Juzgado de Mayor Riesgo. También pidió al presidente de la CSJ que la Cámara Penal acelere este requerimiento.
Estos procesos van a ser una prueba para dar un paso seguro y llevar a juicio a quienes resulten responsables de los delitos, tanto materiales como intelectuales. Será muy valioso que se desvelen las causas que determinaron que presuntos sicarios segaran las vidas de nuestros colegas, probablemente allí se confirmarán las denuncias que se han hecho por periodistas contra los perpetradores de la vida, de la libertad de expresión y de prensa.
Penoso es para el MP reconocer que de los 27 casos de periodistas asesinados en la Unidad Fiscal solo hay 13 expedientes, según confirmó el Lic. Orlando López, fiscal de Derechos Humanos; los demás seguramente están extraviados, sin ningún trámite, en esos promontorios de documentos a los que se refirió la fiscal.
Tanto el MP como la Corte Suprema de Justicia tienen una oportunidad de mostrar voluntad y coordinación para generar eficiencia, eficacia y confianza en el sistema de justicia. La fiscal ha hecho requerimientos pertinentes a la CSJ para acelerar los procesos, entre ellos que un juez y un secretario estén ubicados en el MP.
