La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El documento, publicado este 12 de enero de 2021, destaca el incumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El informe es fruto de una misión que la Oficina de Derechos Humanos desarrolló en Lima del 17 al 22 de noviembre 2020, a invitación del gobierno peruano, para recabar información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino, así como para expresar otros motivos de descontento social.
Entre sus principales hallazgos, el informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.
En referencia a grabaciones de audio y video disponibles, entrevistas con víctimas y testigos, así como registros médicos, el informe afirma que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de doscientas personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas.
«El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales», comentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Bachelet señaló que, potencialmente, la fuerza letal solo podría usarse contra personas específicas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. También destacó que las armas menos letales deben ser empleadas según requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, en situaciones donde las medidas menos dañinas son claramente ineficaces para enfrentar la amenaza.
La Alta Comisionada subrayó que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, notando que algunas investigaciones preliminares ya han sido iniciadas. También destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones.
«El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos», expresó la jefa de Derechos Humanos de la ONU.
Otra preocupación identificada en el informe es que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando hicieron arrestos, en contravención de las normas internacionales.
Además, víctimas señalaron a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que no tuvieron acceso a asistencia legal, y que algunas de estas personas fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias. Teniendo en cuenta tales violaciones del derecho al debido proceso, entre otros factores, el informe concluye que hubo casos de personas detenidas arbitrariamente.
Varias personas entrevistadas describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19. Diez detenidos relataron a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos, lo que podría constituir tortura o malos tratos. La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.
El informe también documenta restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a personas defensoras de derechos humanos que cubrían las protestas, indicando un menoscabo al derecho a la libertad de expresión.
«Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos», enfatizó Bachelet, quien indicó que «el Estado también debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición».
También pidió enmendar la Ley de protección policial de conformidad con las normas y estándares internacionales -incluido el principio de proporcionalidad-, y derogar la exención de responsabilidad de los policías que causen muertes o lesiones.
Reflejando la importancia de las recomendaciones del informe, Bachelet también expresó su preocupación frente a patrones de violencia institucional en el país, puntualmente en el marco de la conflictividad social en áreas rurales. Recientemente, en diciembre de 2020 hubo enfrentamientos con la policía durante protestas de trabajadores agrícolas en las regiones de Ica y La Libertad, donde se registraron al menos tres fallecidos.
La Oficina se declaró disponible para apoyar a las autoridades peruanas en la implementación de las recomendaciones del informe, particularmente en lo que respecta a rendición de cuentas.
