Ermengol Gassiot, profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y secretario general de la CGT en Catalunya, se encuentra desde el 22 de febrero de 2018, junto a otras cuatro personas más, en busca y captura por el caso ‘Somos 27 y más’, incoado a raíz de un encierro de 2013 en protesta por la subida de las tasas universitarias, por el que la fiscalía pide penas de entre 11 y 14 años de prisión.
La protesta de 2013 que culminó en el encierro en el Rectorado contaba con el consenso mayoritario de la comunidad universitaria. Ermengol Gassiot, miembro de la sección sindical de la CGT en la UAB, apoyó públicamente aquella lucha, como también lo hicieron otros representantes sindicales de los trabajadores de la UAB.
La orden de busca y captura procede del juzgado de Cerdanyola, donde se juzga al profesor Gassiot, 25 estudiantes y un trabajador del personal de Administración y Servicios, por el encierro que en 2013 se llevó a cabo en el Rectorado de UAB, y está motivada por la negativa de Gassiot a personarse en dicho juzgado para recoger la notificación. Para los encausados se trata de un juicio político promovido por el rector de la época, Ferran Sancho, y la vicerrectora, Silvia Carrasco. En el caso del profesor Gassiot, la acusación señala su participación en una rueda de prensa como hecho incriminatorio.
En un comunicado, el sindicato CGT define los hechos como “un tipo de acción habitual y que forma parte del repertorio del movimiento estudiantil en las universidades catalanas desde hace décadas” y califica la actuación del rectorado de 2013 de “cacería brujas por la vía penal… en la invención de un conspiranoico entramado criminal” organizado para destruir la universidad, y del que supone que formaban parte Gassiot y los demás procesados, “un auténtico despropósito que constituye el peor caso de represión política en una universidad en nuestro país desde las postrimerías del franquismo”.
La decisión de no presentarse ante el juez es, para el profesor Gassiot, una “respuesta política” porque está en riesgo su libertad y la situación en que se encuentra está afectando a su trabajo. La CGT, que apoya la decisión de Gassiot de no colaborar en el caso, estudia dar una respuesta colectiva “a este golpe represivo”. El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha convocado una “jornada antirrepresiva” para el 27 de febrero.
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