Las autoridades libias deben actuar inmediatamente para poner fin a la detención indefinida de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes —menores incluidos— sólo a efectos de inmigración, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, 20 de junio de 2013, Día Mundial del Refugiado.
El informe, titulado Scapegoats of Fear: Rights of Refugees, Asylum-Seekers and Migrants Abused in Libya, pone de relieve el trato inaceptable que reciben miles de extranjeros, muchos de ellos procedentes del África Subsahariana, que son sometidos a detenciones arbitrarias y recluidos durante largos periodos en condiciones deplorables en centros de detención para la inmigración que las autoridades libias califican de “unidades de detención provisional”, sin perspectivas inmediatas de libertad o de reparación.
Amnistía Internacional visitó siete de estas “unidades de detención provisional” en abril y mayo de este año y halló indicios de malos tratos, en algunos casos equivalentes a tortura. Además, a muchos detenidos se les negaba la atención médica y se ordenaba la expulsión de algunos por razones médicas.
“La tortura y los malos tratos que descubrimos en las ‘unidades de detención provisional” son inaceptables y una mancha en el historial de la Libia posterior a Gadafi. Los abusos contra ciudadanos del África Subsahariana fueron un rasgo distintivo del régimen de Gadafi y corren el riesgo de convertirse en una característica permanente del país si las autoridades libias no cambian sus políticas por completo y de inmediato”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional documentó varios casos de detenidos, mujeres incluidas, que denunciaron haber sido objeto de palizas brutales con tuberías de agua y cables eléctricos. En al menos dos centros de detención, la organización recogió testimonios de detenidos a quienes habían disparado con munición real durante disturbios. Un hombre recibió un disparo en el pie cuando estaba atado a una cama y fue golpeado en la parte inferior de la espalda con la culata de un rifle, lo que le dejó incapacitado para caminar y ponerse de pie; transcurridos cuatro meses, seguía en esa situación.
Aun así, la Unión Europea (UE), galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, y sus Estados miembros están ayudando a las autoridades libias a reforzar la seguridad en las fronteras y desarrollando “una estrategia de gestión integrada de las fronteras” a fin de frenar la “migración ilegal” a Europa a expensas de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha instado en reiteradas ocasiones a la UE a que respete plenamente los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, y a que garantice que su campaña para impedir que las personas entren en la UE no contribuye a que se cometan violaciones de derechos humanos o las perpetúe.
“Los fondos de la UE deben emplearse para promover y proteger los derechos humanos en Libia, especialmente mientras el país está aún recuperándose de un conflicto armado reciente y se enfrenta a un legado de abusos”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.
“Es profundamente preocupante que estos fondos se estén empleando aparentemente para sostener centros de detención donde miles de extranjeros están recluidos de forma ilegítima. Entre las personas a las que se detiene rutinariamente y que son objeto de abusos en detención figuran solicitantes de asilo y refugiados que tienen derecho a recibir la protección internacional y que sólo deben ser detenidos debido a su condición en las circunstancias más excepcionales.”
Las prácticas de detención relacionadas con la inmigración de Libia no sólo incumplen las obligaciones internacionales del país en virtud de las leyes y normas de derechos humanos, sino que además son contrarias las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos, así como a las normas de la UE sobre la detención y devolución de nacionales de terceros países.
“La Declaración Constitucional de Libia, adoptada en 2011, afirma que ‘el Estado garantizará el derecho de asilo en virtud de la ley’. Es urgente que las autoridades traduzcan este principio en medidas reales y adopten leyes que establezcan un sistema nacional de asilo.”
Amnistía Internacional insta a la UE y a sus Estados miembros a que no lleguen a nuevos acuerdos sobre control de migración con Libia hasta que el gobierno de este país demuestre que respeta y protege los derechos humanos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, y establezca un sistema satisfactorio para evaluar y reconocer las solicitudes de protección internacional.
En Libia, los migrantes suelen ser percibidos como una amenaza para la seguridad nacional. Desde mayo de 2012, las autoridades libias han expulsado a 25.000 personas que supuestamente entraron en Libia “de forma irregular”. Miles de ellas permanecieron meses detenidas hasta su expulsión, sin acceso a un abogado y sin poder recurrir contra su expulsión o detención.
“Las autoridades libias deben modificar sus leyes estableciendo un periodo máximo de detención para los migrantes pendientes de expulsión”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui.
La organización también encontró indicios de que las autoridades libias han reanudado la expulsión de extranjeros a quienes se ha diagnosticado una infección, como hepatitis o VIH, tras la reanudación este año de las pruebas médicas obligatorias.
“Nadie debe ser expulsado a causa de su estado de salud —afirmó Hassiba Hadj Sahraoui—. Reintroducir las pruebas obligatorias para extranjeros y la expulsión basada en su estado de salud equivale a adjudicarles el papel de víctimas propiciatorias y sólo demuestra lo inadecuado de las políticas de salud pública de Libia.”
Cuando Amnistía Internacional visitó el país había en total 5.000 refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en 17 “unidades de detención provisional” dependientes del Ministerio del Interior, además de un número desconocido de detenidos bajo custodia de las milicias. La delegación de la organización también se entrevistó con un pequeño número de menores no acompañados, algunos de tan sólo 10 años, que habían estado recluidos varios meses en al menos tres “unidades de detención provisional”.
Muchas de las “unidades de detención provisional” visitadas tenían condiciones de higiene sumamente precarias, por lo que las personas recluidas corrían el riesgo de contraer enfermedades como infecciones respiratorias y diarrea crónica.
En la “unidad de detención provisional” de Sabha, donde había alrededor de 1.300 personas recluidas en mayo, los detenidos estaban hacinados en salas llenas de suciedad. Además, el centro carecía de un sistema de alcantarillado operativo y la basura de apilaba en los pasillos. En torno a 80 internos —que se quejaban de picores en las manos y en los genitales, lo que indicaba una posible infección de sarna— fueron encerrados en un patio, al sol, como tratamiento, pero se deshidrataron debido a la prolongada exposición al sol.
“Negar a los detenidos una atención médica adecuada es sencillamente injustificable”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.
“El gobierno libio debe demostrar al mundo su seriedad a la hora de proteger los derechos de todas las personas en Libia, con independencia de su condición y de su nacionalidad.”
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