Por si faltara más violencia y muerte en el Estado de Guerrero, el pasado 15 de noviembre se produjo un hecho que deja muy clara la represión que vive el Estado. Ese día, los Comuneros afectados por la construcción de la presa La Parota fueron atacados por un comando armado frente a las instalaciones de la Casa de Justicia de la policía comunitaria, en la localidad de la Concepción, a pocos kilómetros del puerto de Acapulco.
Yolisbeth Ruiz García
Murieron 5 personas y quedaron heridas otras tantas. Ante este acto de represión y barbarie, los comuneros declararon que “están dispuestos a morir por sus tierras” y que no los intimidarán. Los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) responsabilizaron de dicho homicidio a la empresa constructora que recibe protección de las autoridades del gobierno del Estado de Guerrero.
La construcción de esta presa sobre el rio Papagayo, ubicado a unos 30 kilómetros del puerto de Acapulco, es un proyecto que pertenece a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE). Esta obra tendrá un coste aproximado de 1000 millones de pesos (58,80 millones de euros), lo que supone una importante derrama económica para un Estado que está considerado el más pobre de todo México.
Por otro lado, las autoridades han olvidado la consulta a los indígenas y campesinos que se ven afectados con la expropiación de sus tierras. Ellos denuncian que la aprobación “oficial” que han obtenido de las 15 comunidades estuvo plagada de irregularidades, que hubo una oferta monetaria y hasta obsequiaron ganado y alimentos a quienes firmaron en las actas. Por estas razones no aceptan el dictamen que permite la construcción de la presa.
Desde la aprobación de este proyecto, en 2003, múltiples agrupaciones y activistas han señalado como inviable la presa, ya que sus afectaciones ecológicas no han sido previstas ni analizadas, y las personas afectadas por la invasión de sus tierras pierden cosechas de donde obtienen su alimento diario.
Represión a los comuneros
El ataque del pasado sábado, que se hizo con armas de alto poder, no ha sido el primero que han sufrido los miembros del Cecop. Desde que anunciaron la defensa de sus tierras y el desconocimiento del dictamen que permite la construcción de la presa, hay datos de más de 50 víctimas de amenazas, asesinatos, desapariciones, pero solo se encuentran cuatro casos documentados de personas en prisión, acusados por múltiples razones, muchas de ellas ajenas al caso y ni uno solo de ellos ha recibido su debido proceso legal, además de que carecen de una defensa, lo que hace pensar que en realidad son presos políticos.
Es el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien fue detenido en julio de este año acusado de “robo calificado” según declaraciones de la Procuraduría de Guerrero. Por increíble que parezca, el opositor a la presa se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad, le es imposible conseguir su libertad bajo fianza (el robo calificado es considerado un delito grave), y a esa imputación, le han sumado otras cinco. A todo esto hay que añadir que el centro de reclusión está situado en otro Estado, por lo que, prácticamente, está aislado de su defensa.
Con este y otros casos, queda claro que, lejos de una iniciativa de diálogo con las comunidades que se oponen a la construcción de cualquier obra, la imposición de los dictámenes gubernamentales deberán ser acatados sin importar la violación de los derechos humanos, ni el respeto a la ecología, y que los intereses económicos se impondrán siempre a los de la colectividad. Sin dar tregua y sin importar los medios aunque se tenga que recurrir a la represión.
Una vez más gracias a estas grandes Periodistas por su alto nivel de ética para darnos información sobre los terribles acontecimientos en México donde los Vándalos son los latifundistas organizados con los malos gobernantes y políticos .. Pobre México y qué valientes ciudadanos les deseamos lo mejor en su largo camino.