El procurador general de la República mexicana, Jesús Murillo Karam, ha informado de que los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa “pudieron” haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río. Esto quiere decir que están todos muertos, algo que casi nadie dudaba, aunque las familias se negaban a admitirlo. Como se ha coreado desde el 26 de setiembre, se aferraban al “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Pero no podrá ser.
Tres de los detenidos como participantes en los actos, miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.
Dice Amnistía Internacional México (AI) que las líneas de investigación que se han seguido para tratar de localizar a los muchachos han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.
Además, en el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala, y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
El edil de Iguala, José Luis Abarca, principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, detenido hace unos días junto a su mujer en un barrio del Distrito Federal, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves desde hace tiempo, pero nadie, ni su partido (PRD), tomó cartas en el asunto.
En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que murieron tres personas, informó de que Abarca había participado directamente en los asesinatos. Esta persona, que dice estar amenazada y se oculta como puede, proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones. A pesar de la evidencia que involucraba al alcalde, la investigación se cerró en mayo de este año.
Represión y muerte en Iguala
Lo de Iguala, y la represión y asesinato de normalistas, viene de lejos; no es la primera vez que ocurre. En diciembre de 2011, las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de la misma escuela de Ayotzinapa, y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.
«Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar», ha dicho Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y en la información presentada por el procurador general hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos, y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Así mismo, recordaron al presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.
Amnistía Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestren lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que ya es el colmo, es que en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el presidente va a iniciar una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos en México. Un tema del que ha presumido abiertamente de cara a la “galería” internacional asegurando que en México se respetan los derechos de los ciudadanos.
La marcha 43×43
Además de las múltiples manifestaciones de los estudiantes de muy diversas universidades de todo el país, otra de las reclamaciones puestas en marcha últimamente es la que lleva a cabo el “Movimiento 43×43. Ni un desaparecido más”, compuesto por 43 asociaciones que se han unido para ofrecer pasos en búsqueda de paz, justicia y dignidad.
Este grupo, apoyado por el poeta Javier Sicilia (su hijo fue secuestrado, y apareció asesinado el 28 de noviembre de 2011), inició una marcha que salió el pasado lunes de Iguala, para exigir al gobierno y al Estado Mexicano la presentación de los normalistas de Ayotzinapa vivos, y terminará sus pasos el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Posiblemente, la cita dominical se convertirá en sepelio, ya que no será posible volver a verlos con vida.
«Un estado que no provee justicia, seguridad y paz es todo, menos un estado», dijo Sicilia el viernes en una rueda de prensa, donde también expresó la urgente necesidad de formar un gobierno civil de salvación nacional.
También hizo hincapié en que esta caminata es “una manifestación hacia el gobierno que está coludido con el crimen organizado, por los jóvenes, pues la mayor parte de los asesinados, desaparecidos, estudiantes y los cuerpos en fosas e, incluso, los sicarios que alquila el crimen organizado, son jóvenes”.
«Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia «, ha asegurado Erika Guevara.
Versión oficial
Según contó Murillo Karam ayer viernes, el grupo de jóvenes salió a bordo de dos camiones rumbo a la entrada de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otras dos unidades.
El expresidente municipal de Iguala fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro buses, según ha declarado el propio operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y ha ratificado uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, quien recibía comunicación.
Se trataba de que “no molestaran” un evento en el que su esposa, María de Los Ángeles Pineda, informaba de la marcha del DIF (organismo social institucional, del que era presidenta, como todas las mujeres de los alcaldes y gobernadores de los Estados). Y los municipales obedecieron sin rechistar.
Después del primer “incidente” (les hacen parar y los ametrallan, con el resultado de seis muertos) que sufrieron los normalistas, y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la policía municipal de Iguala los retiene con violencia y los trasladan a la central de policía. Desde ese punto, y con apoyo de los municipales de Cocula (localidad situada a escasos 23 km. de Iguala), trasladan en patrullas municipales al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote.
Según Murillo, ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero”, dijo el procurador, “se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba, se les habían sepultado”. Sin embargo, Murillo ha reconocido que, hasta el momento, los peritajes han permitido tener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes.
Ahora se ufana en informar de que han logrado determinar “la plena identificación de cuatro de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto; es decir, un mes antes de los hechos”. Pero ni menciona sus nombres ni da información adicional. Como si no fueran personas. Como si estuviera hablando de ratones. Y es que el señor Murillo está cansado de que le reclamen los familiares. Y los familiares y los ciudadanos, hartos de la inoperancia e impunidad que, día a día, está demostrando el Gobierno, tanto federal como nacional.
Dicen estar seguros de que varios policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de los primeros cuerpos que se encontraron.
Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, detenido hace dos semanas, declaró que fue contactado por su lugarteniente (Gildardo López Astudillo, conocido como «El Gil»), quien le informó vía mensaje celular, de los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para “defender su territorio”. A día de hoy, aún no se sabe dónde se encuentra “El Gil”.
Los últimos detenidos han declarado que recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó que podrían ser más de 40 personas. También señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para, posteriormente, dirigirse al basurero de ese municipio, y que los subieron a un vehículo de gran capacidad y a una camioneta. En estos vehículos los condujeron al basurero situado en un barranco, oculto a la vista, y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso.
Destino, basurero
Dos de los reos declararon que algunas de las personas que trasladaron al basurero llegaron sin vida, y otros, inconscientes. Estos últimos fueron interrogados para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Allí, dicen haberlos asesinado, arrojando a todos a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, etc. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente.
Por el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta cerca de las cinco y media de la tarde. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos.
Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes han señalado que, cuando iban a bordo del camión de basura municipal fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, los cuales les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran.
Los integrantes del grupo criminal han asegurado que cuando bajaron al lugar donde habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan «El Terco», de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que uno de los participantes dice haber arrojado completas.
Buzos de la Armada de México y mexicanos y argentinos (contratado por los padres porque no se fían de los “oficiales”), encontraron restos de las bolsas y su contenido. La que permanecía cerrada contenía restos humanos.
Pero, desgraciadamente, el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados, hace muy difícil la extracción de ADN. Murillo Karam ha asegurado que no agotarán esfuerzos, “hasta agotar todas las posibilidades científicas y técnicas.
Para avanzar en la eventual identificación de estos restos humanos, los equipos forenses han recomendado que los estudios se efectúen en los laboratorios más altamente especializados del mundo. La elección ha recaído en la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Una puntualización importantes del procurador ha sido: no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. Es que, en principio, se les acusó poco menos que de ladrones y terroristas.
Hasta la fecha hay 74 personas detenidas y se están por cumplimentar diez órdenes de aprehensión más .
Para Human Rights Watch, el gobierno mexicano llevó a cabo investigaciones tardías sobre las desapariciones forzadas de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, y el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. “Estas son las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes aislados”, ha comentado José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la organización. “Por el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan un patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este problema”.
HRW visitó Guerrero y México DF a partir del 3 de noviembre de 2014 para reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos, testigos de los dos incidentes, y altos funcionarios públicos en México DF, incluido el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 22 000 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas en México. Sin embargo, el gobierno nunca ha publicado información desagregada ni la metodología utilizada para obtener esta cifra.
Resulta preocupante que no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada. Es decir, cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto de un funcionario público, y se niega información sobre el paradero de la víctima.
A pesar de la gran cantidad de casos en la cual se ha señalado el involucramiento de funcionarios públicos, existen sólo seis condenas por desaparición forzada en el fuero federal, según información oficial. Todas las condenas ocurrieron entre 2005 y 2009.
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