Para los hermanos y activistas mexicanos Gustavo y Óscar Castro el tiempo se alarga en Honduras. Las horas se convierten en días, mientras esperan que la justicia resuelva alguno de los tres recursos que permitirán a Gustavo salir de la cárcel en la que se ha convertido la embajada mexicana durante las últimas tres semanas, informan Daniela Pastrana y Ximena Natera (IPS).
Mientras Gustavo Castro, sociólogo y activista ambiental, espera en la embajada, Óscar, activista por los derechos de los migrantes, pasa los días sobresaltado, en llamadas y reuniones, buscando cualquier posibilidad que ayude a su hermano.
Gustavo Castro es el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, una de las más emblemáticas luchadoras por los derechos ambientales y de los pueblos indígenas de Honduras. Su asesinato, el 3 de marzo, ha conmovido al mundo.
El activista mexicano estaba con ella y también resultó herido en el ataque, pero en lugar de atenderlo como una víctima, y a pesar de que su vida corre peligro, el gobierno de Honduras lo mantiene retenido de manera irregular en el país.
«En ninguna parte del mundo pueden retener a un testigo o víctima, eso es violatorio de los derechos humanos», dice Óscar, quien, después de 26 días del asesinato de Cáceres, observa un «enrarecimiento de las investigaciones».
Y lo muestra con un razonamiento sencillo: En los primeros cuatro días, la fiscalía concretó nueve diligencias; mientras que en los siguientes 21 días solo ha hecho dos: «No tenemos elementos para decir que lo quieren inculpar (como se ha dicho en algunas notas de prensa), en todo el expediente es señalado como testigo. Pero lo que sí hay claramente es un enrarecimiento de las investigaciones».
Óscar debe cuidar cada palabra que dice, pues estas pueden ser utilizadas para agravar la situación de su hermano Gustavo, quien por recomendación de abogados, permanece en la embajada, además no puede hablar.
La retención
Berta Cáceres fue asesinada en su casa por dos sicarios con el rostro cubierto; Gustavo Castro se encontraba de visita y recibió un rozón de bala en la oreja. «Me dieron por muerto», escribió el activista en las horas siguientes, para explicar por qué lo dejaron libre.
Después de las primeras diligencias ministeriales en la comunidad de La Esperanza, le dijeron que se podía ir. El gobierno de Honduras le ofreció incluso trasladarlo en helicóptero a Tegucigalpa, pero la aeronave no pudo aterrizar por condiciones climatológicas. Castro regresó a la capital del país por tierra y resguardado por las autoridades, para evitar un posible ataque en su contra.
El activista tenía un boleto de vuelta a México para la mañana del lunes 7. Pero todo cambió el día antes, en la madrugada. La juez Victorina Flores determinó una retención de 32 horas, que solicitó el Ministerio Público (fiscalía general).
Un agente ministerial habló a la Embajada de México, que había alojado a Castro para protegerlo, para avisar que el activista sería notificado de una nueva diligencia, pero el requerimento oficial nunca llegó.
En el aeropuerto, le prohibieron la salida, sin mostrarle ninguna documentación. Ese día en la tarde, la jueza extendió la prohibición de 32 horas a 30 días, por una nueva solicitud del Ministerio Público.
Al día siguiente, la jueza desechó un recurso de reposición del proceso e inhabilitó por 15 días a Ivanna Galeano, abogada del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que fundó Cáceres.
Había sido nombrada representante legal del activista y había solicitado copias del expediente y eso le pareció a la jueza un desacato a la autoridad.
Ahí comenzó el viacrucis de los hermanos Castro. La defensa de Gustavo espera ahora las resoluciones de tres recursos:
Una solicitud a la fiscalía para que se desista de su petición de retenerlo en el país; un amparo contra la resolución de la jueza y un «habeas corpus», que es un es una solicitud a la Suprema Corte para detenciones ilegales. El argumento de los abogados es que Gustavo Castro está cohibido de su libertad (eso significa que peligra su vida estando en Honduras).
Vara dispareja de cancillería mexicana
Los recursos han acumulado una veintena de amicus curie, a las que se sumó este martes la del exjuez de la audiencia Española Baltasar Garzón. Pero ni esa presión ha permitido liberarlo. Castro permanece en resguardo en la Embajada de México en Honduras, donde ha sido muy bien atendido, aunque la cancillería mexicana ha mostrado muy poco interés por defenderlo.
Por eso, las organizaciones que apoyan a Castro en México demandan que la secretaria (ministra) de Relaciones exteriores de ese país, Claudia Ruiz Massieu, reciba a la familia y que eleve el diálogo sobre el caso a nivel de cancilleres, apelando al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal que tienen los dos países.
«Acá el gobierno de México ha apoyado, pero allá nos han dado largas y solo mandan a una subsecretaria. Es la diferencia que hace el gobierno mexicano para rescatar a mexicanos en el extranjero, como Moreira», dice Óscar Castro.
Hace referencia a la prontitud y prestancia con la que el gobierno mexicano actuó en defensa del exgobernador del estado de Coahuila y exlíder nacional del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, detenido en España el 15 de enero por lavado de dinero y organización criminal.
Moreira fue liberado una semana después. Pero no estuvo solo, el gobierno de Enrique Peña Nieto «puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel», según publicó el diario español El País.
Además, Peña Nieto pidió no hacer juicios anticipados sobre la detención.
El activista ambiental retenido en Honduras, en cambio, no ha tenido apoyo de la cancillería, a pesar de ser víctima y testigo de un asesinato político y de que su vida está en riesgo.
Todo lo que se ha hecho para gestionar su salida ha sido posible por la movilización de las organizaciones civiles y de hecho, hay una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de agregar a la medidas cautelares a los familiares de Berta Cáceres y otros amigos, incluido el propio Óscar Castro.
Pero las gestiones, como la justicia en este país, avanzan lentamente.
- Este artículo fue originalmente publicado en Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie financiado por Open Society Fundations. IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
