La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) considera que la mayoría de los venezolanos que huyen del país necesitan protección internacional como refugiados, dado el deterioro de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en su país, y pide a los gobiernos latinoamericanos que les otorgue este tipo de estatus.
En una nota de orientación dirigida a los Gobiernos, Acnur pide que los venezolanos, sea cual sea su situación legal, no sean deportados o forzados a regresar.
El documento reconoce que el número de personas que salen de Venezuela plantea “situaciones complejas” por las que puede resultar inviable determinar la condición de refugiado de manera individualizada. Por ese motivo, recomienda “un reconocimiento grupal”.
El comunicado explica que para algunos venezolanos en situación de riesgo se aplica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero la mayoría calificarían como refugiados basándose en los criterios más amplios contemplados en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que se aplica en América Latina.
«Esto es así por las amenazas contra su vida, su seguridad o libertad debido a las circunstancias que están perturbando gravemente el orden público en Venezuela», dijo Liz Throsell, la portavoz.
Por ello, Acnur también pide a los Estados garantizar que las personas venezolanas, sin importar su estatus legal, no sean deportadas o retornadas forzosamente.
Unos 460 000 venezolanos han solicitado formalmente asilo en el extranjero, en su mayoría en los países vecinos en América Latina. Casi un millón y medio han conseguido otros tipos de visa que les permiten estudiar y trabajar. Muchos otros siguen en situación irregular.
“Los Gobiernos de la región han sido generosos con su respuesta a la crisis de Venezuela”, dice Renata Dubini, la directora para las Américas de Acnur. “A medida que la situación empeora, tienen que seguir permitiendo que los venezolanos se queden sin miedo a ser retornados”.
El trabajo de la ONU en Venezuela
Las Naciones Unidas están reforzando su presencia en Venezuela y ampliando sus actividades, ya que “la situación humanitaria en el país se ha exacerbado, debido a las continuas problemáticas económicas, la inestabilidad política, los cortes de electricidad y el consiguiente deterioro de la prestación de servicios esenciales”.
En una intervención ante el Consejo de Seguridad, el coordinador humanitario reveló que:
- 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria.
- 1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional, entre ellas 1,3 millones de niños menores de cinco años;
- las enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria han resurgido, con 2,8 millones de personas en necesidad de asistencia médica, incluidos 1,1 millones de niños;
- unos 4,3 millones de venezolanos requieren asistencia de agua y saneamiento, entre ellos un 17 % de los más pobres que no tienen acceso a agua potable, o la reciben solo una vez cada dos semanas.
En 2018, las agencias de la ONU llevaron a cabo campañas de vacunación a gran escala, suministraron generadores para los hospitales, entregaron más de 189 000 tratamientos preventivos y curativos para la desnutrición aguda, suministraron agua potable y productos de higiene a más de 28 000 personas y apoyaron la educación de casi 50 000 niños, niñas y adolescentes.
En 2019, la situación humanitaria se vio “aún más afectada” por los cortes de electricidad en marzo, que dejaron a todos los estados del país sin luz. Otros servicios como el agua, la educación, la atención de salud, el suministro de combustible y las telecomunicaciones también se vieron afectados y en algunas zonas se produjo un aumento de la inseguridad.
Además, desde el 23 de febrero se cerraron las fronteras del país, lo que perjudicó a la población de los estados fronterizos que necesitan cruzar para comprar bienes o para ir a trabajar. El cierre también ha obligado a que las personas utilicen cruces informales, corriendo más riesgos.
Las Naciones Unidas junto con otras organizaciones están elaborando un Plan de Respuesta Humanitario para Venezuela, enfocado en salud, alimentación y agricultura, nutrición, agua, saneamiento e higiene, protección, incluida la de la infancia y la de la mujer, y educación.
