Este lunes, 20 de mayo de 2024, el Alto Tribunal de Justicia británico ha concedido a Julian Assange, australiano de 52 años y fundador de Wikileaks, un nuevo recurso de apelación contra su extradición a Estados Unidos, donde quieren juzgarle como «traidor» por la publicación, en 2010 y 2011, de cientos de miles de documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país, es particular en Irak y Afganistán, por lo que su condena podría alcanzar los 175 años de cárcel, e incluso la pena capital si se considerara que cometió otros delitos.
Entre ellos se encuentra un vídeo que muestra como un helicóptero de combate mató en Irak, en julio de 2007, a un grupo de civiles, entre los que se encontraban dos periodistas de la agencia Reuters.
Lo que el tribunal ha tomado en consideración son las garantías que ofrece Estados Unidos en caso de que se produzca la extradición y muy especialmente la posibilidad de que Assange pueda beneficiarse de la protección de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.
Por «razones de salud», Julian Assange no ha asistido a la vista, celebrada en la Royal Court of Justice de Londres.
Entre las decenas de personas que se agolpaban ante el tribunal, exhibiendo pancartas en las que se pedía la libertad de Assange o con el lema «El periodismo no es un delito», se encontraba Stella, la esposa del inculpado, quien ha declarado que «este día marca un punto de inflexión» en la última etapa de la interminable saga judicial de Julian Assange, que comenzó en abril de 2019 cuando fue detenido por la policía británica en el momento en que abandonada la Embajada de Ecuador en Londres, donde había permanecido refugiado durante siete años.
Desde entonces ha estado en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, cerca de la capital británica, mientras distintas instancias judiciales estudian la demanda de extradición emitida por Washington.
El pasado 26 de marzo, el mismo Alto Tribunal que hoy se ha pronunciado concediéndole la posibilidad de un nuevo recurso pidió a la administración estadounidense de justicia que, en caso de producirse la extradición, garanticen que en ningún caso le condenarán a pena de muerte, que le someterán a un proceso justo y que podrá invocar la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa.
A mediados de abril, Washington respondió a la justicia británica que «no se pedirá ni se dictará pena de muerte contra Assange» y que podrá «invocar la primera enmienda», aunque la última palabra la tendrán «como siempre, los tribunales estadounidenses»; lo que la esposa del fundador de Wikileaks, Strella Assange, ha considerado en su cuenta de X como «una garantía standard».
Mientras el equipo de abogados que se encarga de la defensa de Julian Assange estudia la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la televisión pública suiza, rts.ch, queda una última posibilidad: la de una salida no judicial, sino política, basándose en el hecho de que en mayo pasado el presidente de estados Unidos, Joe Biden, manifestó por primera vez que su administración estudiaba la demanda del gobierno australiano de dejar sin efecto los cargos contra Assange; justamente lo mismo que llevan cuatro años pidiendo una veintena de ONG, entre las que se rencuentran Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros sin Fronteras.
