Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según el informe Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), informa la IPS.
Para Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, en esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros.
El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción, o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos, destacó Kanem.
El estudio, presentado este 14 de abril de 2021, es el primero que hace el UNFPA centrándose en la autonomía corporal, y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.
Las principales vulneraciones que sufren las mujeres incluyen la violación, la esterilización forzada, las pruebas de virginidad, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil.
El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta implicaciones más allá de los perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.
El análisis muestra el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos y el grado de apoyo o interferencia legislativa de los países sobre el derecho a tomar este tipo de decisiones.
Los datos, en 57 países estudiados de Asia, África y América Latina y el Caribe, muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.
En esos países del Sur, solo el 55 por ciento de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a mantener relaciones sexuales.
Únicamente el 71 por ciento de esos países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales, y solo el 75 por ciento aseguran legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
Aunque casi el ochenta por ciento de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales, únicamente el 56 por ciento de ellos tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.
En veinte países o territorios rigen leyes que obligan a la violada a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.
En cambio, en 43 países no existe legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge).
Más de treinta países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.
Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.
Iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal. Por ejemplo, en procesos judiciales por casos de violación es probable que la justicia penal requiera que la sobreviviente sea sometida a la llamada prueba de virginidad, un procedimiento invasivo.
La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género. Se trata sencillamente de una destrucción del espíritu, y hay que detenerla, concluyó Kanem.
