Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, que articula a más de 100 comunidades afectadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, han denunciado que, a un mes del desastre, existen 19 municipios que no han sido atendidos por las instancias gubernamentales. Tampoco se han implementado generado mecanismos para garantizar la participación de las comunidades en los trabajos de reconstrucción.
En una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cerca de 40 representantes comunitarios de los pueblos Me’phaa, Na Savi y Naua de la Montaña recordaron cómo las lluvias azotaron la región sin que hubiese ningún aviso previo sobre la magnitud de las tormentas que se avecinaban. Asimismo, los representantes del Consejo, surgido a iniciativa de los afectados para dar voz a las comunidades, refirieron cómo fue preciso apelar a la opinión pública y a la solidaridad civil para denunciar los daños causados en su zona, ante la indiferencia gubernamental que prevaleció los primeros días.
Aunque aún no disponen de los datos definitivos, creen posible afirmar que hay alrededor de 40 fallecidos tan solo en esta región, un número particularmente alto si se tiene en cuenta que la cifra oficial es de 130 en todo el país, y de 78 en el Estado de Guerrero. Es decir, las muertes de hombres, mujeres, niños y niñas indígenas de la región representarían casi una tercera parte del total nacional, y prácticamente la mitad del número de decesos en el Estado, lo que confirma la magnitud de la tragedia en la Montaña. Respecto de las familias de las personas fallecidas, no se han entregado hasta ahora apoyos específicos para quienes sufragaron gastos extraordinarios o perdieron a quien era la única fuente de ingresos.
Respecto de las comunidades desplazadas, que en su momento el propio gobierno estatal estimó que se elevaban a 215, aseguran que están viviendo en campamentos precarios levantados a las orillas de los caminos, por lo que consideran urgente la realización de estudios geológicos que, en diálogo y consulta con las comunidades, permitan determinar si se precisa su reubicación o bien si es conveniente realizar obras en las comunidades para contrarrestar el reblandecimiento de los suelos.
En cuanto a las carreteras, aunque las autoridades han asegurado que la apertura es casi total, ellos aseguran que rutas de vital importancia continúan cortadas, y que estos últimos días, el huracán Raymundo han vuelto a colapsar caminos recién abiertos.
Por lo que respecta a las viviendas, se quejan de que las autoridades solamente están teniendo en cuenta las que quedaron totalmente destruidas y se han olvidado de las que han sufrido daños importantes. Esto aumenta los riesgos para quienes siguen viviendo en sus casas por no ser beneficiarios de los programas gubernamentales y no tener a dónde ir, como lo puso en evidencia la muerte de un menor de edad, quien falleció al caerse un muro que había quedado dañado tras las tormentas.
Dicen que ha sido la inmensa solidaridad nacional e internacional la que ha permitido a algunas comunidades de la Montaña enfrentar las primeras necesidades tras el desastre. Sin embargo, la pérdida de la siembra de este ciclo agrícola puede generar en el corto plazo una crisis de abastecimiento de maíz capaz de traducirse en hambruna, dado que éste es el componente central de la alimentación de las comunidades.
Recientemente, las autoridades informaron que se han comenzado a surtir 117 toneladas de maíz en la región y que se pretende alcanzarán al final del año las mil toneladas, además de que se han surtido 100 toneladas de arroz; no obstante, en las comunidades guerrenses el desabasto es palpable y la necesidad de diseñar un programa emergente de distribución extraordinaria de maíz es una realidad, que ya está repercutiendo en un aumento del número de familias que se ven obligadas a migrar como jornaleros agrícolas o a los Estados Unidos.
El Consejo también denuncia que el uso político de los programas emergentes ha sido recurrente. En el municipio de Acatepec, por ejemplo, las autoridades indígenas tuvieron que abrir por la fuerza el almacén municipal donde el Ayuntamiento acumulaba alimentos y enseres que requería la población. Igualmente, en prácticamente todos los municipios de la región se ha denunciado que las comunidades que no se adscriben al partido que postuló al “munícipe” de turno han sido borrados de la lista de damnificados.
Hasta ahora han recurrido a todas las instancias para que tomen cartas en el asunto, y hasta se entrevistaron con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y con su enlace en la región, pero ha sido un esfuerzo infructuoso.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó que en una región indígena como la Montaña, la atención gubernamental a la emergencia humanitaria y a la reconstrucción debe incorporar pautas de interculturalidad, comenzando por reconocer que son las comunidades y no los ayuntamientos los verdaderos referentes de la gente.
Lamentablemente, señaló el organismo civil, esta perspectiva no está prevaleciendo en el diseño del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero, constituido por el Presidente Enrique Peña Nieto recientemente, donde la participación ciudadana brilló por su ausencia, lo que preocupa de manera especial en una entidad donde las autoridades estatales cuentan con un amplio historial de corrupción, como lo es Guerrero.
Además de dar las gracias a la población civil que se volcó en su ayuda, llamaron a la sociedad mexicana a no permitir que se invisibilice la situación de la región, y a exigir que se atiendan las causas estructurales que mantienen en la marginación a miles de familias indígenas en la Montaña, pues de lo contrario la temporada de lluvias del próximo año generará nuevamente las mismas afectaciones.
