Dominicana: Especialistas exigen responsabilidad ante embarazo con malformaciones

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El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec) llamó a las autoridades de Salud y a los legisladores de República Dominicana a actuar con responsabilidad frente a los casos de embarazos con malformaciones congénitas y consideró inaceptable la situación de dolor, angustia y tensión de la gestante que solicita ayuda para practicar un aborto, aun si se pone en riesgo su salud emocional por las condiciones en que se encuentra el feto, informa Mercedes Alonso (SEMlac) desde Santo Domingo.

SEMlac tuvo acceso al comunicado, emitido el pasado lunes 23 de marzo, en el cual se exponen ejemplos como el que describe el estudio diagnóstico de una mujer de 26 años, en el cual se reporta un “feto con múltiples malformaciones”, con Extrofia Hepática, Teratoma (cáncer) en la región pélvica y extremidades inferiores que no se visualizan.

“Esta situación pone en evidencia la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe la ley que faculte la interrupción del embarazo por malformaciones congénitas, porque casos como este ponen en riesgo la vida de mujeres ante la ausencia de un instrumento legal que les permita resolver su situación en condiciones seguras”, asegura Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-Intec.

Contreras argumenta que este es un problema frente al cual no hay que colocar a las y los profesionales del sector salud, “por lo que es urgente la elaboración de la ley especial que ordena la Ley 550-14 sobre el nuevo Código Penal”, explica a SEMlac.

Tras fuerte oposición

El 20 de diciembre de 2014, la prensa nacional se hizo eco de la promulgación del Código Penal, con determinadas observaciones efectuadas por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, pese a la oposición de expertos constitucionales y representantes de las iglesias, partidos políticos y entidades de la sociedad civil, quienes formularon razones de forma y de fondo en lo señalado por el Poder Ejecutivo y el procedimiento legislativo.

No obstante, en dicho contenido legal se contempló la nueva Ley 550-14, firmada por el jefe de Estado y el rotativo Diario Libre publicó en esa fecha las consideraciones propuestas por Medina al Código Penal, referidas al aborto terapéutico, respaldado por 93 diputados de los 174 presentes; 69 votaron en contra y 12 se abstuvieron.

De esta manera se contemplaron tres excepciones para garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y del personal que brinda asistencia médica:

  1. en caso de peligro de la vida de la madre;
  2. de violación o incesto;
  3. de malformación del feto incompatible con la vida.

La Constitución dominicana establece que “la cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si esta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos”.

También se añadió en la legislación lo concerniente a las muertes por violencia doméstica, las cuales serán castigadas con penas de hasta 40 años, y el secuestro, con condenas de 20 a 30 años de reclusión.

Precisar el protocolo

El CEG-Intec exhortó a las autoridades del sector salud a asumir la responsabilidad de propiciar las condiciones para la elaboración de la normativa que permitirá la estandarización de los procedimientos de atención integral de la mujer, en lo que respecta a la interrupción del embarazo por indicación médica.

“Hoy tenemos necesidad de hacer referencia al grave problema que sigue significando la mortalidad materna en nuestro país, y a cómo la falta de una normativa clara en este orden ha sido causa de muchas muertes; de ahí la importancia en la precisión del protocolo y la aprobación de una ley especial que puedan ser implementados aquí”, comentó Contreras.

La directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, confesó a SEMlac que la ley 550-14, aunque establece que el nuevo Código Penal consigne la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión incompatibles con la vida y clínicamente comprobadas, está sujeta a requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial.

La activista apuntó que “no es que el aborto haya sido legalizado, ni despenalizado en su totalidad, sino que, con esas observaciones del presidente Medina, se dejan claros los casos en que no va a ser punible esta práctica.

“Donde el médico ni las mujeres irán presos por realizar ese procedimiento; o sea, cuando corre peligro la vida de la madre por un embarazo fruto de una violación o incesto (que afecta la salud moral, integridad física y psíquica), o cuando hay malformaciones que son incompatibles con la vida, no cualquier anomalía”, precisó.

“Si no tiene cerebro, la criatura es encefálica, a las pocas horas de nacer morirá, y ello es incompatible con la vida. Esos son los casos que el presidente entiende que hay que valorar”, expresó Galván.

Subrayó que todas las personas tienen derecho a garantizar su vida, “¿por qué entonces la mujer, cuando un embarazo la va a matar, hay que dejarla que pierda la vida, cuando esto es un acto cruel, inhumano y degradante?, preguntó.

“Reflexionar sobre el Código es muy necesario e implica hacer frente a un problema ante el cual la nación lleva muchos años intentando buscar una respuesta. El Código tiene 130 años y está de espaldas a la realidad”, concluyó Galván.

Contreras incitó a las y los legisladores a conocer el proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y el que crea un sistema integral de atención a la violencia contra las mujeres, ambos bajo estudio del Congreso Nacional desde hace varios años.

Inquieta…

El 20 por ciento de las muertes maternas en República Dominicana ocurren en adolescentes. Con el objetivo de reducir esta tasa, el Instituto Nacional de Salud (Insalud) presentó el 4 de marzo el Observatorio de Mortalidad Materna, publicado por el multimedios  DominicanosHoy.

Según la fuente, Giselle Scanlon, directora ejecutiva de dicha institución, lo califica de “un espacio ciudadano, autónomo, interinstitucional e intersectorial, con el propósito de establecer la participación y el diálogo entre la sociedad civil, medios de comunicación, academia, agencias de cooperación y el Estado, para dar seguimiento a las iniciativas y prioridades de políticas públicas e incidir en la reducción de la mortalidad materna”, dijo.

A fin de indagar cuál es la situación que presenta el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ubicado en la capital dominicana, y en el que se reciben parturientas de todas las provincias del país y de Haití, SEMlac entrevistó a su director, el doctor Víctor Calderón.

El galeno expresó preocupación por el alto número de mujeres, sobre todo adolescentes, que llegan con abortos incompletos, a veces en estado grave de salud.

Aseguró que jovencitas, cuyas edades biológicas no les permiten estar aptas para un embarazo, asisten a la maternidad: “En la mayoría de los casos su útero no está en capacidad de permitir el desarrollo del niño, lo que ha contribuido al incremento de las cesáreas”, recalcó.

Además, hay un mayor número de niños desnutridos; “sin hablar de que, pese a que una alta proporción de los partos son atendidos en centros de salud y por personal especializado, al igual que el control prenatal, las causas más frecuentes de mortalidad materna son hipertensión arterial, hemorragias, abortos y complicaciones del puerperio. En el caso de las madres adolescentes, se suma la diabetes gestacional”, afirmó Calderón.

Análisis y debates prosiguen. Organizaciones feministas, junto a hombres y mujeres sensibilizados con el tema, opinan que aún queda mucho por hacer, sobre todo si se tiene en cuenta que por cada 100.000 nacidos vivos, 150 mujeres mueren en República Dominicana, cifra que coloca al país en el cuarto lugar con la mayor tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe, solo superada por Bolivia (190), Guyana (280) y Haití (350), de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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