Los usuarios de EEUU recibirán 5000 dólares de indemnización
Facua, Consumidores en Acción considera inaceptable una carta que la Dirección General de Tráfico (DGT) de España está enviando a los propietarios de los vehículos afectados por el fraude de las emisiones de Volkswagen para que lleven sus coches a revisión.
En el escrito, el organismo responsable de aplicar la política vial en España disfraza el engaño masivo a cerca de 700.000 consumidores españoles como una «incidencia» que consiste en la «instalación de un software que optimiza los valores de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) en el banco de pruebas«.
La «optimización» a la que se refiere la DGT, sostiene Facua, es en realidad una manipulación que Volkswagen llevó a cabo en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos pero que una vez en carretera dejaban que los coches contaminasen muy por encima de los límites legales.
La Asociación considera «intolerable» la defensa que el Gobierno está haciendo de la multinacional desde que estalló el escándalo en septiembre de 2015, protegiendo sus intereses por encima de los de los consumidores afectados.
En su carta, la DGT defiende además que los coches sean revisados por la empresa para cumplir con la normativa de emisiones sin advertir a los afectados que sus vehículos pueden ver modificados su potencia y consumo y otras prestaciones básicas una vez que pasen la revisión. Ni las autoridades europeas, alemanas o españolas ni la propia empresa han certificado que los vehículos no vayan a sufrir cambios tras la reparación.
Facua representa actualmente a más de 41.000 propietarios de automóviles Volkswagen, Audi, Skoda y Seat, agrupados en la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen creada por la asociación.
A través de la web, Facua está asesorando a los afectados sobre sus derechos y las acciones que la asociación está llevando a cabo para la defensa de sus intereses. Ya se han presentado más de 3000 reclamaciones en nombre de los socios afectados y miembros de la plataforma.
La asociación critica, además, la ambigüedad que utiliza la propia empresa en la misiva que está dirigiendo a los afectados, en los que indica que «el alcance» de la intervención en los vehículos para corregir el fraude «ha sido convenido con las autoridades competentes», sin especificar precisamente en qué consiste dicho «alcance», esto es, de qué manera va a afectar al funcionamiento habitual del vehículo las medidas que pretenden aplicar.
La carta de Volkswagen concluye que los vehículos, después de ser intervenidos, cumplirán «todos los eventuales requerimientos ante posibles nuevas exigencias de la administración competente y, en particular, de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)», obviando que el fraude de las emisiones no afecta en lo más mínimo a la certificación de los vehículos en las ITV, que no mide la expulsión de NOx, sino de CO2.
Sin respuesta a los consumidores
Facua recuerda que el pasado mes de abril se hizo pública la correspondencia entre el ministro de Industria, José Manuel Soria (quien dimitió ese mismo mes por participar en empresas con sede en paraísos fiscales) y Volkswagen, en la que se mostraba cómo acató las órdenes de la multinacional ante el fraude de las emisiones.
Mientras tanto, el ministerio de Industria que él encabeza negaba a los consumidores y sus representantes interlocución alguna para tratar el fraude. En una comparecencia ante el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) en noviembre de 2015, el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Víctor Audera López, se negó a facilitar información directa a los representantes de los consumidores así como a mantener reuniones desde Industria, y negó la participación de éstos en la comisión de investigación creada por el Ministerio.
Facua agrega que el Gobierno español no ha pedido explicación alguna a Volkswagen sobre el funcionamiento exacto del software que manipula las emisiones, pese a que ha autorizado las medidas propuestas por la empresa para arreglar los coches afectados. Industria tampoco exige una garantía de que, tras ser revisados para cumplir con la ley de emisiones, los vehículos mantendrán prestaciones como potencia y consumo.
Por otro lado, tampoco ha reclamado a la empresa que compense a los consumidores afectados, como si hará la empresa en países como EEUU.
En ninguno de los dos informes remitidos por Industria a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) se responde a las preguntas concretas remitidas por Facua: si el Ministerio está garantizando de forma definitiva y sin ningún género de dudas que las soluciones técnicas propuestas por Volkswagen no afectarán a las prestaciones de los coches; si se le exige a la empresa que así sea; y si han comprobado que las soluciones técnicas propuestas cumplirán con los niveles de emisiones legalmente permitidos.
