Ileana Alamilla[1]
Las numerosas alertas, denuncias y llamadoa que hemos hecho, mostrando preocupación por las violaciones a la libertad de expresión en Guatemala, las amenazas y agresiones contra el gremio, no han servido de nada. Tampoco los análisis y reflexiones reiterados en relación con el peligro en el que la prensa desarrolla su trabajo, ni la similitud que tenemos con países vecinos que están pagando una cuota muy alta por ejercer el periodismo, una profesión que ya ha sido incluida entre las de alto riesgo por la situación de países como Siria, y en nuestra región México y Honduras no han inmutado a las autoridades.
Según la organización Emblema de Prensa, 53 periodistas fueron asesinados en el mundo durante el primer semestre de este año. En Honduras, del 2009 a la fecha 34 informadores murieron en forma violenta. En México, 88 profesionales de la información han sido asesinados desde el 2007. En ambas naciones desmembraron y torturaron a algunas de las víctimas.
En Ciudad de Guatemala, en marzo, tres colegas fueron asesinados; en Jutiapa, en abril, fue muerto Jaime Napoleón Jarquín. En agosto fueron ultimados Luis Alberto Lemus Ruano, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Jutiapanecos, y Jesús Lima, de Zacapa. Y el lunes por la noche fue baleado el corresponsal de Radio Sonora Fredy Rodas, en Mazatenango, cuyo estado es grave.
El escenario se está corriendo aceleradamente. Guatemala tiene similares condiciones que sus vecinos, países en los que el crimen organizado y la narcoactividad se han incrustado en todo su territorio. Vivimos en una zona altamente peligrosa, en un entorno de inseguridad, violencia generalizada, donde el accionar de las dos lacras transnacionales mencionadas hace que trabajemos en un ambiente no idóneo para un efectivo y libre ejercicio periodístico.
En la última década, 20 reporteros guatemaltecos perdieron la vida violentamente, ocho durante el gobierno anterior, y este año ya resentimos la muerte de tres. En nuestros análisis hemos insistido en que es en el área rural donde más riesgo corren nuestros colegas y lamentablemente lo estamos constatando. Como ocurre con todos los demás crímenes, la debilidad del Estado y la falta de efectividad de las instituciones encargadas de la protección, la investigación y la administración de la justicia son parte del problema. No permitiremos que esas muertes pasen al olvido. Nosotras(os), sus colegas, seguiremos reivindicando sus memorias. No dejaremos que esas víctimas sean solo estadísticas. Mantendremos el reclamo y la demanda sin tregua, para que esos crímenes se investiguen y castiguen.
Si el Gobierno tiene conciencia del papel que juegan los informadores en una sociedad, debe tomar acciones efectivas para proteger a un actor fundamental para el funcionamiento de la democracia.
Una vez más demandamos al presidente de la República dar inicio al Programa de Protección a Periodistas, compromiso que ya expresó en tres ocasiones, pero que sigue siendo solo una preocupación discursiva.
Urgen acciones estatales y gremiales para frenar el avance de esa tendencia, que busca silenciar e intimidar a los periodistas.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
