En muchos países, las autoridades impidieron el acceso a Internet más de 50 veces en 2016, al tiempo que cancelaron elecciones, enlentecieron la economía y limitaron la libertad de expresión, informa Lyndal Rowlands[1] (IPS) desde Naciones Unidas.
En los peores casos, la falta de conexión a la red de redes estuvo asociada a violaciones de derechos humanos, dijo Deji Olukotum, responsable global de la organizaciones defensora de los derechos digitales Access Now, en diálogo con IPS: «encontramos que las restricciones al acceso a Internet fueron de la mano de atrocidades», observó.
«En Etiopía, se limitó Internet y el acceso a las redes sociales de forma consistente este año», precisó. Decenas de personas murieron en las protestas que hubo en ese país en 2016, «muchas de ellas durante la especie de apagón, cuando es más difícil denunciar lo que ocurre», precisó.
Muchos gobernantes se aprovecharon de las dificultades de acceso a Internet para incidir en procesos democráticos y hasta en elecciones: «en Uganda, en febrero de 2016, el presidente (Yoweri) Musevini limitó el acceso a las redes sociales, y lo mismo ocurrió en Gambia (en diciembre) cerca de las elecciones», precisó Olukotun.
En otros casos, el estudio encontró que tres gobiernos restringieron el acceso a la red de redes con el argumento de que era una forma de evitar que los alumnos hicieran trampa en los exámenes, observó.
Pero las autoridades no parecen haberse dado cuenta de las posibles consecuencias de esas restricciones, más allá de limitar la libertad de expresión.
Según un estudio del Brookings Institute, limitar el acceso a Internet le costó a los países alrededor unos 2400 millones de dólares en 2015.
El impacto mayor se produjo en India, que perdió unos 968 millones de dólares, seguido de Arabia Saudita, 465 millones de dólares, y de Marruecos, 320 millones de dólares. Incluso, según el instituto, esas son cifras conservadoras, pues solo toman en cuenta la lentitud de la actividad económica y no las pérdidas impositivas ni la caída de confianza de los inversores.
Pero mientras algunos gobiernos optaron por restringir el acceso a Internet en 2016, muchos otros invirtieron miles de millones de dólares en ampliar la cobertura: «en general, la mayoría de los gobiernos quieren extender el acceso a Internet», indicó Olukotun. «Muchos de ellos lo ven como una oportunidad para participar en la economía global y ser competitivos», añadió.
Hay muchas formas de limitar Internet, más allá de las restricciones que imponga el Estado, observó: «es importante que la conexión que pone en línea a la gente, les permita acceder a todo Internet, y no sea solo un jardín vallado», precisó.
Olukotun añadió que las restricciones son cada vez más comunes y que los gobiernos emplean métodos más sofisticados para asegurarse de que los usuarios no se las ingenien para burlar el apagón.
Los usuarios de Internet en Uganda pudieron usar la red privada virtual para evitar las limitaciones a principios de 2016, pero en otros países, los gobiernos utilizaron métodos más sofisticados y precisos para bloquear la conexión de ciertos grupos. En otros casos, las autoridades prohibieron el acceso a redes sociales concretas.
Olukotun dijo que hay una forma de evitar el corte de Internet, y es que los proveedores se enfrenten a las demandas de los gobiernos: «las compañías de telecomunicaciones pueden rechazar las órdenes de los gobiernos o, al menos, documentarlas para mostrar lo que ocurre, para que, por lo menos, haya un rastro en el papel», subrayó.
También señaló que las organizaciones internacionales, como la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas para las tecnologías de la comunicación y la información, también puede hacer mucho más, como emitir declaraciones denunciando casos concretos.
- Traducido por Verónica Firme
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
