Ileana Alamilla[1]
Los últimos días hemos presenciado algunas escenas en Guatemala que llaman la preocupación colectiva.
En el Ejecutivo hubo acciones que a pesar de que podrían tener un objetivo legítimo, como es atacar o por lo menos atajar lo que siempre hemos sabido que ocurre en las aduanas, el presidente una vez más ha tomado decisiones que fueron rechazadas. Frecuentemente se dice que en esos lugares siempre ha pasado de todo, es decir contrabando de mercaderías apañado por la corrupción, pero ahora también armamento y drogas.
Ha sido un hecho notorio que muchos de los que allí trabajan o han laborado, gozan de condiciones económicas que no concuerdan con sus salarios.
Combatir el contrabando, la elusión o la evasión siempre encontrará resistencias, porque las afectaciones son inconmensurables para quienes se han aprovechado de la falta de controles y de la complicidad de funcionarios y empleados sinvergüenzas. Empresarios decentes y honrados comentan que en Guatemala se puede hacer cualquier cosa en las aduanas, que la diferencia con nuestros vecinos centroamericanos es abismal en cuanto a inspecciones. Es muy fácil constatar la forma burda en que se cometen esos ilícitos.
Los mismo pasa cuando se trata de impuestos. Nadie quiere resultar afectado. Y esto en todos los países, la diferencia es que en otras latitudes los gobiernos hacen uso de su facultad de decidir mientras que aquí hay que pedir permiso y si es denegado, hay que pedir perdón a quienes tienen poder de veto y que cuentan con todos los recursos a su alcance para hacer valer sus “argumentos”, que irónicamente son validados por la clase media y los sectores populares. El problema es que el Estado no puede atender las necesidades de la población necesitada si carece de recursos. Y aquí la respuesta inmediata es que debe evitarse la corrupción y hacer eficiente el gasto público.
Y resulta entonces que los intentos siempre son abortados. Ya se ha dicho hasta la saciedad que nuestro país es uno de los que tiene menor tasa impositiva en toda la región y que de seguir así, nunca lograremos el ansiado desarrollo. Lo han venido a decir hasta los invitados especiales del propio empresariado, el principal enemigo de cualquier reforma fiscal.
Y sobre lo de las aduanas, de nuevo el mandatario al anunciar de manera precipitada su decisión, generó toda clase de oposición, alguna legítima, otra oportunista, pero que al final le hicieron recapacitar sobre la acción tomada y corregir aspectos de forma y contenido. Un presidente más que reiteradamente se retracta de decisiones tomadas. Otto Pérez, a pesar de que ha asegurado que ahora que hay presencia de policías y militares en las aduanas ha aumentado el ingreso, la crítica a la medida le ha perjudicado.
En el Congreso, a donde llegan los que tienen capacidad de compra, pocos de sus elementos se salvan del desprecio popular. Las negociaciones políticas son legítimas y necesarias, siempre y cuando busquen el bien común, el beneficio de sus electores, el ejercicio de sus funciones tanto legislativas como de fiscalización, pero son despreciables cuando lo que se transa son beneficios personales, se venden los votos o se trafican influencias y prebendas. Eso creemos que ha sucedido en esta nefasta legislatura.
Y, finalmente, está la Corte Suprema de Justicia, vergonzosamente dividida en “bandos”, culpando de ello a influencias externas, como que fueran inimputables.
Quisiéramos esparcir optimismo para encontrar salidas a tanto hecho indeseable en el ejercicio del poder.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
