Se juzga a Ben Ali, sin Ben Ali
Desde los primeros días de agosto de 2018 se están celebrando en Túnez nueve procesos de justicia transicional, en los que se juzga a los autores de la represión policial y las torturas que acabaron, en los calabozos de la dictadura de(1), con la vida de muchos opositores y también de protagonistas de las revueltas de 2011.
La muerte de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante tunecino que se inmoló el 17 de diciembre de 2010 en la localidad de Sidi Bouziz, en protesta por la confiscación de su puesto de frutas y la humillación que dijo haber recibido de la policía, arrastró a las calles a miles de personas hartos de las injusticias y la represión de los 23 años de la dictadura feroz y depredadora de Ben Alí, y fue la primera y referente de las varias “primaveras árabes”.
Los juicios tienen lugar en ausencia de muchos de los principales autores de la represión y la tortura, y muy especialmente en ausencia del principal inspirador de aquella política, el expresidente Ben Ali, quien reside como refugiado en Arabia Saudí (tras verse obligado a exiliarse el 14 de enero de 2011) como un multimillonario más, disfrutando de la ingente fortuna acumulada durante sus años en diferentes cargos oficiales y finalmente en la presidencia del país, que había puesto conveniente a salvo en bancos suizos.
“El autócrata Zine el Abidine Ben Ali no sólo había instaurado un Estado policial, sino que convirtió el país en un cortijo para su enriquecimiento, el de su mujer, Leila Trabelsi (una peluquera cuya belleza le llevó hasta los brazos de Ben Ali), y el de sus respectivas familias. Todo lo que daba dinero en Túnez pasaba por las manos de los Ben Ali y los Trabelsi: el sector inmobiliario, la telefonía, los medios de comunicación, las ventas de coches, los hoteles, la aviación y el tráfico de drogas. El Banco Mundial evaluó en 2014 este expolio y llegó a la conclusión de que el clan controlaba 220 empresas que acaparaban el 21 % de los beneficios del sector privado del país” (Trinidad Deiros, El confidencial, 2015).
Con los verdugos sentados a pocos metros de sus víctimas (los supervivientes, claro), los procesos motivados por las denuncias, en distintos puntos del país, de la Instancia Verdad y Dignidad (IVD) relativas a violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura tunecina, son los primeros resultados penales de varios años de investigación e interrogatorios. Siete de los nueve casos tienen como acusados a representantes de las fuerzas del orden, sospechosos de haber torturado hasta la muerte, o directamente asesinado, a militantes islamistas; los dos restantes están juzgando la represión de los manifestantes durante la revolución de 2011.
Para la ONG Human Rights Watch (HRW), «si el poder judicial, uno de los pilares de las dictaduras pasadas, consigue que los responsables rindan cuentas en casos tan simbólicos, significará un gran avance para la democracia en Túnez, y un ejemplo para toda la región”. Criticada por su lentitud, la magistratura se enfrenta a reticencias políticas tras el regreso al poder de algunos responsables del antiguo régimen, y también a enfrentamientos internos y a la falta de cooperación de los distintos organismos estatales.
Si bien el objetivo teórico de estos juicios es revelar como actuaba la cadena de mando y condenar tanto a quienes dieron las órdenes como a los ejecutantes, “en la práctica están poniendo de manifiesto más los bloqueos del Túnez posrevolución que la necesidad de transparencia y verdad. Los acusados no han recibido las convocatorias, se interroga a los testigos en ausencia de los abogados de la defensa, la policía se encarga de filtrar el público que acude a las audiencias… Las reticencias políticas mencionadas favorecen un clima deletéreo. En marzo de 2018, el Parlamento aprobó la finalización de la misión de la IVD, pero un acuerdo amistoso le ha permitido terminar su informe final. Aprovechando discrepancias, el sindicato de funcionarios de la Dirección General de Unidades de Intervención aconseja a sus miembros que no se presenten ante el tribunal” (Mathieu Galtier, Libération, 6 agosto 2018). De hecho, tan solo han acudido los acusados de seis de los nueve procesos; “falta de abogado o falta de tiempo para preparar la defensa”, son los argumentos más frecuentes. El acusado cuyo nombre aparece más veces en las vistas es el del dictador derrocado Ben Ali.
Aparte de Ben Ali, otros trece acusados, entre los que figuran el ex ministro del Interior, Abadallah Kallel, y el ex jefe de la Seguridad, Mohamed Alí Ganzoui, están acusados de homicidio, torturas y desapariciones forzosos en los 25 casos enviados por la IVD a los trece tribunales especializados creados para estos procesos.
Ben Ali y algunos de los fieles de su régimen ya fueron condenados en rebeldía a penas de cárcel en varios los juicios que se han celebrado después de la revolución de 2011. Ante las presiones de la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, Ben Ali se vio obligado a entrevistarse con el padre del estudiante Abdelwahed Abidli, afiliado al movimiento islamista conservador Ennahdha, torturado y desaparecido en Soussa en 1991, y a resarcirle con una pensión de… ¡100 dinares mensuales, equivalentes a 80 euros!.
En los tribunales se están escuchando “verdades crueles y palabras brutales” (Libération). “Encontramos problemas pero el proceso está en marcha. Algunos de los acusados serán condenados en rebeldía solamente, las vistas durarán mucho tiempo, pero nada va a impedir las sentencias. La victoria está aquí”, estima el abogado Samir Dilou, quien pasó diez años entre rejas por hacer “oposición política”.
Cuando han transcurrido siete años y media de la primavera árabe revolucionaria, y cuatro años después de que se creara la IVD, encargada de dar satisfacción judicial a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en todos los regímenes que se han sucedido desde la independencia de Túnez (1948, final del protectorado francés de Túnez y Marruecos, gobiernos de Habib Bourguiba hasta 1989 y, desde entonces y hasta la revolución de 2011, sucesivos gobiernos de Ben Ali) y también durante el período posrevolucionario hasta 2013, el 29 de mayo de 2018 comenzó el primero de estos procesos, en ausencia de los acusados, al frente de los cuales figura -¿cómo no?- el ex presidente Ben Ali, relativo a la desaparición y asesinato de Kamel Matmati, militante islamista detenido en Gabés, encarcelado el 7 de octubre de 1991 y fallecido a causa de una hemorragia interna producida por las torturas, dos días después. Su esposa Latifa no supo la verdad de lo ocurrido hasta 2009. En 1992, le condenaron en rebeldía a 17 años de cárcel, a pesar de que estaba muerto. Durante años, Latifa y la madre de Kamel estuvieron llevándole alimentos y ropa a la comisaría de policía, creyéndole vivo. En el colmo del sadismo, durante todos esos años la policía persiguió y acosó a Latifa, acusándole de conocer el lugar donde estaba refugiado su marido.
En los 14 años que ha estado vigente, la IVD ha recibido 62 000 denuncias y, hasta la fecha, ha enviado 32 casos a los tribunales especializados, creados en el Marco de la justicia transicional, en los que Ben Ali y, entre otros, trece exministros y altos responsables de la dictadura están acusados de “participación en homicidio voluntario” y “homicidio voluntario mediante torturas, y desapariciones forzosas”.
- Zine el-Abidine Ben Ali, ex militar, político y dictador tunecino. Tras ejercer de Primer Ministro llegó a la presidencia el 7 de noviembre de 1987 después de deponer al anterior presidente, el también dictador Habib Burguiba, mediante un golpe institucional. Entre 1987 y 1989 desmanteló el régimen del Partido Socialista Desturiano, impuesto por Burguiba, reemplazándolo por otro de corte corporativista y neoliberal, creando su propio partido, la Agrupación Constitucional Democrática. Durante las dos décadas siguientes, Ben Ali fue reelegido, en elecciones que las instancias internacionales consideraron siempre fraudulentas, con porcentajes superiores al 90 % de los votos. En el plano socioeconómico su gobierno se caracterizó por un aumento de la pobreza, el desempleo, la corrupción y el atraso. Tras se expulsado del poder, Ben Ali y su familia se exiliaron en Arabia Saudí. En rebeldía, ha sido juzgado y condenado por robo y posesión ilegal de grandes sumas de dinero y joyas. En noviembre de 2016, a través de su abogado, Mounir Ban Salha, Ben Ali emitó una declaración reconociendo “errores, abusos y violaciones” durante los años de su gobierno. El rastro de sus años de rapiña apareció en la “lista Falciani”, junto al nombre de Belhassen Trabelsi, el todopoderoso cuñado de Ben Ali, considerado “el padrino del clan”, que un cable de la embajada americana, filtrado por Wikileaks en 2008, definía como “casi mafioso”, culpable de “la corrupción, la degradación de la economía y el descontento popular” (El Confidencial). Trabelsi, quien vive en Canadá prófugo de la justicia y cuya fortuna – distribuida en 45 sectores económicos y amasada controlando el Banco de Túnez, comprando propiedades a precio de saldo, importando coches de lujo, metiendo la mano en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación y “concediéndose” licencia para crear una compañía aérea (Khrtago Airlies)- se estimaba en 2011 en 12 000 millones de dólares, abrió en junio de 2006 una cuenta en Suiza, en el HSBC, y un año después ya tenía 22 millones de dólares. Además aparece en dos empresas, Kaffal Trust y Kassar Trust, cuyos saldos se desconocen.
“Los Trabelsi son auténticos depredadores: han conseguido entrar en todas las grandes empresas recuperando participaciones a bajo precio; se han colocado como intermediarios de todas las privatizaciones y las licitaciones públicas, además de exigir comisiones a todos los grandes grupos extranjeros”, según la investigadora Bétrice Hibou, del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI).
