Teresa Gurza[1]
Hace 25 años no estaban de moda los compatriotas que emigraban a Estados Unidos.
Radicaban entonces en California alrededor de ocho millones de mexicanos; más del 30 por ciento michoacanos, cuya salida significaba una brutal sangría de hombres en pueblos como Parritas, Ichaqueo, Sahuayo, Tangamandapio, Cotija, Peribán, Aguililla y decenas más, donde solo quedaron niños, mujeres y viejos, y familias destrozadas.
Como contraparte, se llenaron de michoacanos poblaciones como Redwood City, Planada, Valle de San Gabriel, Santa Inés, Oxmar y muchas más, ubicadas entre San Diego y San Francisco.
“Los gringos nos aborrecen, pero nos necesitan; nos quitaron California, pero la estamos recuperando” me dijo Alfonso Rangel, originario de Parritas, a dos horas de Morelia por camino de brecha.
Empujado por la pobreza, Alfonso fue el primero de su familia en irse de mojado y poco a poco fue llevando a 40 de sus parientes; entre ellos a Margarita, quien me ayudaba con el quehacer de la casa.
Lo conocí cuando llegó a despedirse de su madre moribunda y al saber que era periodista, me pidió viajar a California “para que eche a su periódico por las que estamos pasando”.
Enviada por La Jornada, recorrí en febrero de 1991 ese estado, que era entonces la séptima economía mundial, gracias, en gran parte, al trabajo mexicano.
Entrevisté a cónsules, policías, sheriffs y decenas de michoacanos; y escribí 10 artículos, que ganaron varios premios de periodismo.
Empecé en San Diego, primer lugar al que llegan los ansiosos de quedarse en California y por cuya frontera, según me dijo el Cónsul General de México, Enrique Loaeza Tovar, se daban 65 millones de cruces al año en las dos direcciones, lo que la convertía en la más transitada del mundo.
Loaeza y su Cónsul de Protección, Marcela Merino, denunciaron que las corporaciones policíacas ejercían contra los mexicanos “violencia institucional física y mental”; y recuerdo su indignación al afirmar que era más penado el robo de coches, que el asesinato policial de un indocumentado.
Ambos funcionarios me dejaron excelente impresión por su dedicación al trabajo y compromiso en defensa de los mexicanos; habían incluso, implementado un “consulado móvil” para ir a las viviendas de cartón y lámina levantadas en las cañadas de difícil acceso alrededor de San Diego, a informar a los recién llegados de que, aun careciendo de papeles migratorios, tenían derechos; porque la migra detenía a cerca de dos mil mexicanos al día, uno de cada cuatro de los que lograban pasar.
Luchaban también porque la repatriación de los niños que el año anterior había sido de casi cinco mil menores de 12 años, se diera en las mejores condiciones.
Seguí mi recorrido haciendo contactos en autobuses y negocios de nombres mexicanos y decenas de michoacanos me invitaron a conocer sus casas y centros de trabajo.
Todos coincidieron en que la falta de empleos en sus localidades los había obligado a irse; se quejaron del gobierno mexicano y de las obligatorias mordidas en aduanas y carreteras, cuando algunos diciembres visitaban Michoacán.
Y hablaron de la discriminación que sufrían en EE. UU; de su permanente miedo a la migra; de los malos tratos de patrones y capataces de ranchos, donde pizcaban higos, tomates y uvas; y de los consiguientes dolores típicos de cada fruta: la piel ampollada al contacto con la lechita de los higos; los dolores de rodillas por cortar tomates agachados, y los calambres en los brazos al pizcar los racimos de uva.
Otros padecían ordeñando cada día cientos de vacas “pataleadoras”, o se llenaban de sangre al sacrificar 50 mil turkis (pavos) por turno; y los rufieros se caían al instalar techos, sin la herramienta adecuada.
Pero tenían la ilusión de regresar ricos a morir en Michoacán; asegurando que por mal que les fuera en California, tenían mejor vida que en sus pobres y polvosas rancherías.
A diferencia de los mexicanos en Texas, que en otros viajes advertí se avergonzaban de sus raíces, los de California eran nacionalistas y solidarios; festejaban a lo mexicano y hacían colectas para evitar que los cuerpos de atropellados en los free ways, quedaran para siempre en ese país ajeno.
Al regresar, sugerí al entonces gobernador de Michoacán Genovevo Figueroa, la creación de una oficina de atención a los emigrados; porque, pese a constituir una cuarta parte de la población total del estado, nadie se ocupaba de ellos; y no la había siquiera a nivel nacional. Y eso que el gobierno recibía grandes beneficios, porque las remesas permitían comer y progresar a cientos de miles de familias, activaban la economía de lugares olvidados, y garantizaban a la paz social.
Pero se hizo muy poco, y ahora se pagan las consecuencias.
- Teresa Gurza es una periodista mexicana multipremiada que distribuye actualmente sus artículos de forma independiente
