Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la desocupación juvenil triplica a la de los adultos en América Latina y el Caribe, y la informalidad (trabajo sin contrato) afecta a sesenta por ciento de los jóvenes que trabajan en la región, informa la IPS desde Lima.
A pesar de la recuperación progresiva del empleo tras la crisis causada por la COVID-19, persisten desigualdades significativas que afectan a la población joven, mindica el estudio de la OIT «Juventud en cambio: desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe».
Las más afectadas por estas desigualdades son las mujeres, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El desempleo es mayor en el grupo de mujeres con edades entre los veinte y los veinticuatro años.
Cinco de cada siete jóvenes que no estudian ni trabajan de forma remunerada son mujeres, cuyas responsabilidades de trabajo doméstico y otras formas de cuidados no remunerados obstaculizan su inserción laboral con trabajo decente.
El informe también señala la creciente brecha entre las competencias adquiridas en el sistema educativo y las demandas del mercado laboral.
Aunque la educación es valorada como un medio para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, muchos de ellos se enfrentan a dificultades para acceder a empleos acordes con su formación. Dicha situación se ve, además, agravada por la expansión de nuevas formas de empleo.
Por ejemplo, el trabajo en plataformas digitales, aunque ofrece flexibilidad, suele estar marcado por la precariedad, ya que el acceso a estas oportunidades depende de las habilidades digitales y el nivel socioeconómico. Asimismo, estos trabajos suelen estar asociados a contratos de corta duración y falta de estabilidad.
Para muchos jóvenes, la entrada al mercado laboral llega a través de empleos informales, lo cual también perpetúa una trayectoria de precariedad a lo largo de su vida productiva.
Muchas personas jóvenes recurren a trabajos en plataformas, como servicios de entrega, que no garantizan seguridad social ni estabilidad económica, al ser una opción temporal y de alta inseguridad.
La informalidad laboral en la región alcanza a 47,5 por ciento de los adultos, pero a 60 por ciento de los jóvenes. Los ingresos de las personas jóvenes representan 60 por ciento de los de los adultos, aunque las diferencias son menores en ocupaciones informales, como el trabajo por cuenta propia y el servicio doméstico.
Las mujeres jóvenes perciben 85 por ciento por ciento de los ingresos de los hombres jóvenes, una brecha que ha aumentado desde 2018. La disparidad es mayor en el trabajo por cuenta propia.
«Las brechas de acceso al empleo juvenil tienen un impacto directo en el desarrollo de la región. Necesitamos políticas de empleo inclusivas que faciliten la transición de las personas jóvenes a trabajos de calidad», dijo Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, con su sede en Lima.
Las personas jóvenes también expresan una creciente desconfianza en los sistemas de seguridad social y en los esquemas de pensiones, lo que las lleva a buscar alternativas de ahorro independiente.
Además, la participación sindical de este grupo etario es baja, en gran parte debido al desconocimiento sobre sus derechos y las opciones de representación.
Por otro lado, el cambio demográfico probable en la región en las próximas décadas tendrá un gran impacto en el mercado laboral, ya que se espera un envejeciendo significativo de la población, lo que tendrá implicaciones directas en los sistemas de cuidado y en la distribución del tiempo entre hombres y mujeres.
Este contexto plantea interrogantes sobre cómo la juventud adaptará sus dinámicas laborales y familiares, y cómo aprovechar las tecnologías emergentes para integrarse en el mercado laboral o enfrentar el riesgo de ser desplazados por ellas.
Para abordar esos desafíos, la OIT propone recomendaciones como promover la creación de empleos de calidad, políticas activas de empleo juvenil y reforzar la protección social.
Menciona la necesidad de ampliar los sistemas nacionales de cuidado para reducir las barreras que enfrentan las mujeres jóvenes en el acceso al mercado laboral.
También propone fortalecer los sistemas de formación profesional: las personas jóvenes perciben que las transformaciones en el mercado laboral son más rápidas que los cambios en las instituciones educativas.
Finalmente, hay recomendaciones sobre procurar salarios dignos, promover la igualdad de oportunidades combatiendo las distintas formas de discriminación en el acceso al empleo, y fomentar la participación juvenil, involucrando a las personas jóvenes en la cocreación de soluciones y políticas públicas.
