El Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social, junto a la Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos, han hecho público un análisis del acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre refugiados, en el que concluyen que se trata de un paso más en la crisis de valores y derechos humanos de la UE y un claro incumplimiento del mandato del Parlamento por parte del Gobierno en funciones de España.
El acuerdo que los gobiernos de los 28 estados miembros de la UE aprobaron por unanimidad este 18 de marzo de 2016 con Turquía es «inaceptable jurídicamente, vergonzoso éticamente y totalmente ineficaz para resolver la crisis de derechos humanos y humanitaria que vive Europa», sostiene Podemos.
Y añade que «el gobierno de España en funciones ha desatendido claramente el mandato recibido del Parlamento español votando a favor de un acuerdo que no incluye las garantías exigidas por el legislador español para conseguir que dicho acuerdo respetase las obligaciones de España y la UE con los derechos de las personas refugiadas y migrantes, que no son números, sino mujeres, hombres, niños y niñas con derechos y dignidad».
El pasado miércoles, 16 de marzo, la Comisión Mixta del Congreso y Senado para la Unión Europea aprobaba por unanimidad una declaración institucional que fijaba la postura del Parlamento español ante el principio de acuerdo alcanzado el día 7 de marzo del 2016, entre la UE y Turquía para la deportación colectiva a ese país de cualquier persona que llegue a las fronteras europeas (incluidas las que quieran pedir asilo o huyen de persecución, conflictos o violaciones de derechos humanos) a cambio de una serie de contrapartidas (económicas, exención de visados, apertura de negociaciones de admisión, etc.).
Dicho principio de acuerdo fue denunciado por organismos de Naciones Unidas, múltiples organizaciones y amplios sectores de la sociedad civil en España y toda Europa por vulnerar de manera flagrante la legislación internacional de Derechos Humanos. A él se opusieron, de manera unánime, todos los grupos parlamentarios.
La declaración aprobada en el Parlamento establecía una clara oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que permitiera expulsiones colectivas (tanto de personas refugiadas como migrantes). Además, exigía garantías de que cualquier expulsión se adoptaría sólo tras un proceso de asilo adecuado y de que Turquía cumple con la legislación internacional (y europea) de derechos humanos, entre ellas, el respeto al principio de no devolución forzosa, el derecho a solicitar asilo y a tener un proceso con las debidas garantías y, en el caso de huir de persecución, obtener la protección de la Convención de Ginebra (o garantías equivalentes).
En su documento Podemos señala que:
1.- El acuerdo está llamado a encubrir, en la práctica, expulsiones colectivas ya que no recoge garantías concretas de cómo se puede llevar a cabo el proceso de asilo individualizado en muy pocos días (2 ó 3) cumpliendo no sólo con la directiva europea de procedimiento, como menciona el acuerdo adoptado ayer, sino sobre todo con la legislación internacional de derechos humanos que exige derecho a abogado, intérprete, derecho a recurso con efectos suspensivos, acceso a organizaciones de derechos humanos, toma de decisiones por agencias especializadas y no por agentes migratorios, etc. Es importante recordar que, en estos momentos, Grecia no está capacitada para llevar a cabo todos esos procedimientos con las debidas garantías, tal y como ha establecido en varias sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La obligación de la UE de no hacer expulsiones masivas no se cumple y respeta a través de la mera inclusión de unas palabras en el acuerdo, o a través de la creación de un proceso que “parezca” individual pero que sea tan acelerado (y sin suficientes garantías) que pueda suponer que se devuelva a personas necesitadas de protección internacional, lo que vulneraría las obligaciones de Europa con la legislación de derechos humanos.
2.- El acuerdo no recoge garantías expresas, como exigía el Parlamento español y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que todo proceso de expulsión o devolución de todas las personas (migrantes y refugiados) sea individualizado y con las debidas garantías. Solo habla del proceso para quien pide asilo.
3.- El acuerdo de ayer tampoco establece las garantías exigidas por el Parlamento español de que Turquía reformará su legislación para respetar la legislación internacional de Derechos humanos. Turquia no es un país seguro para todas las personas que van a ser devueltas. No tiene un sistema de asilo que garantice la protección y una solución duradera, no reconoce como personas refugiadas de la Convención de Ginebra a quienes no sean de nacionalidad europea (por ejemplo, a los miles de iraquíes, afganos, eritreos o somalíes que podrían ser devueltos). A las personas sirias sólo les reconoce un estatuto de protección temporal insuficiente y sin adecuadas garantías.
Además, como han denunciado el ACNUR y diversas organizaciones de derechos humanos, en diversas ocasiones, muchas personas sirias o iraquíes han sido devueltas por el gobierno turco a sus países de origen vulnerando el principio de no devolución. En el acuerdo no aparece ninguna garantía expresa de que Turquía respetara ese principio respecto a quienes sean devueltos a Turquía, una cláusula que estaba en los primeros borradores del acuerdo firmado en Bruselas.
Además, miles de personas refugiadas viven en Turquía en campos que no reúnen las condiciones adecuadas para una vida digna, en espacios donde las mujeres son muy vulnerables a la discriminación y violencia de género (incluida la trata) y donde miles de niños y niñas no son escolarizados. Se trata además de un país sobre el que la propia UE ha venido en el pasado mostrando preocupación por la situación de respeto a los derechos humanos: la situación de la oposición política, los y las defensores de derechos humanos (en especial, de los derechos de las mujeres), los periodistas y medios de comunicación, así como las minorías étnicas (especialmente la población kurda).
4.- El acuerdo menciona que se agilizará la disponibilidad de 3000 millones de euros (ampliable a otros 3.000) del Fondo Europeo para Refugiados para las personas sirias reconocidas bajo protección temporal en Turquía. Pero nada dice, como exigía el Parlamento, de cómo se reforzarán los mecanismos de control sobre el efectivo destino de dicha ayuda a Turquía.
En definitiva, para Podemos el acuerdo aprobado por la UE con Turquía no recoge las garantías que el Parlamento español consideraba necesarias para que dicho acuerdo se ajustara a la legislación internacional y europea de derechos humanos, por lo que señala que el gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber votado en contra de dicho acuerdo en el Consejo Europeo y al no hacerlo ha incumplido el mandato que tenía del Parlamento, al cual estaba obligado por encontrarse en funciones.
Podemos muestra además una «profunda preocupación» por otros extremos del acuerdo aprobado ayer por la UE y Turquía, entre ellos que, de nuevo, se opte por priorizar el control migratorio y la protección de las fronteras frente a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Sostiene que «resulta absolutamente lamentable que el acuerdo firmado se centre en el cierre de las rutas migratorias por parte tanto de la UE como de Turquía, o de la bienvenida a la operación de la OTAN en el mar Egeo y nada diga de la obligación jurídica y legal de todos ellos de poner en el centro el derecho de asilo el rescate y salvamento de las personas que arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo».
Recuerda que en lo que va de año han muerto más de 476 personas y lo que tienen que hacer en consecuencia Europa y España para acabar con esas muertes no es cerrar sus fronteras y militarizarlas sino abrir “pasajes legales y seguros” (visados humanitarios para pedir asilo, reagrupaciones familiares, exenciones de visados, peticiones de asilo en embajadas) para quienes huyen de violaciones de derechos humanos.
Para Podemos, la única manera justa y eficaz de afrontar esta crisis es modificar radicalmente las políticas migratorias, de asilo y exterior de la UE y sus estados miembros, para poner en su centro los derechos humanos, la democracia y un desarrollo sostenible e inclusivo.
