En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha analizado la acción de diferentes Gobiernos del mundo desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 y ha identificado que se han agravado al menos ocho violaciones de derechos humanos.
«Los Gobiernos del mundo han reaccionado a la crisis del coronavirus decretando estados de alarma, leyes de emergencia y tomando medidas excepcionales que restringen la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a trabajar. Aunque algunas medidas de emergencia están justificadas, lamentablemente muchos Gobiernos han ido mucho más allá y han aprovechado la pandemia como pretexto para discriminar, reprimir o censurar a las voces críticas de sus sociedades, violar los derechos de las mujeres, discriminar a la población lgbti o dejar en la estacada a migrantes y solicitantes de asilo», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Agrega que «frente a esta situación, la movilización ciudadana y la protesta son armas clave para que nuestras sociedades sean más justas y libres y corregir la deriva de los Gobiernos. En Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Argentina, en Guatemala, en Nigeria, en Costa de Marfil, en Argelia, en Bielorrusia, en Francia, en Polonia, en Hong Kong y en muchos otros lugares del mundo la gente ha salido a la calle a protestar y a defenderse frente a los abusos».
Y concluye que «algunos Gobiernos consideran que los derechos humanos son un estorbo, pero muy al contrario son los mejores aliados para salir de esta crisis con humanidad, es decir, respetando la dignidad de todas las personas independientemente de su situación, y su derecho a no ser discriminadas, a protestar aunque no sea del agrado de su Gobierno, a la libertad y a la seguridad. También la guía de los derechos humanos nos hará salir en mejores condiciones de esta crisis sanitaria si fortalecemos los sistemas nacionales de salud o el acceso a la vacuna a los sectores mas vulnerables de la sociedad».
Estas son ocho de las violaciones de derechos humanos que según Amnistía se han visto agravadas durante la pandemia.
1. Defensores y defensoras en el punto de mira
La COVID-19 ha sido un castigo añadido para los defensores y defensoras de los derechos humanos que están injustamente encarcelados, y también se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio contra ellos. La organización denuncia la hipocresía de los Gobiernos que, como en el caso de Egipto, India, Irán y Turquía, han dejado a presos y presas de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación.
Las medidas de confinamiento que restringen la circulación también han puesto en peligro a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, convirtiéndolos en blanco fácil de quienes quieren silenciarlos. En Colombia, por ejemplo, se han reducido las medidas de protección policial. En lugar de hacer sitio a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que apoyen sus esfuerzos dirigidos a abordar la pandemia y a prepararse para una recuperación justa, los Estados están tomando medidas contraproducentes para silenciar a las personas consideradas opositoras.
2. Leyes y acciones discriminatorias
Los Gobiernos de Europa Oriental y Asia Central han respondido a la pandemia de COVID-19 con medidas represivas y abusivas. Los Gobiernos —desde las autoridades de Kazajistán soldando puertas para dejar a residentes atrapados dentro de las viviendas hasta la policía chechena agrediendo a personas por no llevar mascarilla— han visto en la pandemia un pase gratuito para pisotear los derechos humanos.
La aplicación policial de las medidas de confinamiento por la COVID-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas.
La violencia policial y la preocupación por el racismo institucional no son cuestiones nuevas, pero la pandemia de COVID-19 y la aplicación coercitiva de las consiguientes medidas de confinamiento han sacado a la luz su grado de extensión.
En Reino Unido, uno de los pocos países europeos en los que se recopilan datos desglosados étnicamente sobre la aplicación de la ley, la policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22 por ciento en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de población negra que fue sometida a operaciones de registro aumentó aproximadamente un 33 por ciento.
Por otra parte, en Sena-Saint-Denis, la zona más empobrecida de Francia continental y habitada mayoritariamente por personas negras o de origen norteafricano, el número de multas por incumplir el confinamiento triplicó el del resto del país, pese a que las autoridades locales manifestaron que las medidas de confinamiento se habían respetado allí igual que en otras zonas. En Niza, un barrio mayoritariamente habitado por personas de clase obrera y etnias minoritarias se vio sometido a toques de queda nocturnos más prolongados que el resto de la ciudad.
En una demostración de discriminación contra la población romaní de Bulgaria y Eslovaquia, los gobiernos de estos dos países declararon cuarentenas obligatorias en los asentamientos romaníes. En Eslovaquia, además, las autoridades encargaron a las fuerzas armadas que las hicieran cumplir.
En Marruecos, las autoridades han utilizado una defectuosa ley de emergencia sanitaria para procesar a activistas de derechos humanos, periodistas ciudadanos y otras personas por criticar pacíficamente la gestión gubernamental de la crisis de la COVID-19.
En varios países americanos, AmnistíaInternacional ha denunciado el uso de la detención como primera medida para hacer cumplir el confinamiento y no como último recurso, así como el uso de fuerza innecesaria y excesiva y la imposición de cuarentenas en condiciones inhumanas. En Puerto Rico, México y República Dominicana la policía ha detenido a personas que se dirigían a comprar alimentos y otros artículos básicos.
3. El personal sanitario que nos cuida, amenazado
En el mundo, con datos de septiembre, ya habían muerto al menos siete mil profesionales de la salud tras contraer la COVID-19. Solamente en México había entonces al menos 1320 fallecimientos confirmados: la cifra más alta para un solo país. También se ha registrado un número elevado de muertes de personal sanitario en Estados Unidos (1077) y Brasil (634), donde las tasas de infección y muerte han sido altas durante toda la pandemia, así como cifras alarmantes en Sudáfrica (240) e India (573), donde las tasas de infección se han disparado en los últimos meses.
La muerte de al menos siete mil personas mientras trataban de salvar a otras personas es una crisis de proporciones enormes. Cada profesional sanitario tiene derecho a unas condiciones de trabajo seguras y es un escándalo que tantos y tantas estén sacrificando su vida. Los casos de Venezuela y Siria son exponentes dramáticos de esta situación.
En España, la degradación del servicio de Atención Primaria, ya deteriorado como consecuencia de las políticas de austeridad que marginaron de manera especial a este servicio en la última década, ha llegado en lugares como Madrid a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud en la Comunidad.
También, la organización ha documentado cómo la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
Algunas de estas violaciones de derechos humanos siguen vigentes hoy.
4. Libertad de expresión reprimida
La ofensiva emprendida contra periodistas y otras personas que critican el modo en que sus Gobiernos gestionan la COVID-19 ha dificultado los esfuerzos para hacer frente al coronavirus. La organización ha advertido de que la censura de información esencial sobre la pandemia se ha convertido en un fenómeno mundial y ha instado a los Gobiernos a contener su egolatría y dar prioridad a la salud pública.
Desde los primeros días de esta pandemia, cuando las autoridades chinas censuraron la información de los medios de comunicación y sancionaron a quienes lo denunciaban, periodistas de todo el mundo han puesto en peligro su vida, su libertad y su puesto de trabajo para hacer llegar a la opinión pública información que podía salvar vidas.
En Turquía, uno de los países que más encarcela a periodistas, quienes ejercen esta profesión han sido objeto de investigaciones penales y detenciones por informar, o incluso tuitear, sobre la COVID-19.
Obligadas a pasar de un encierro a otro, las políticas gubernamentales de India durante la pandemia COVID-19, entre las que se cuentan la falta de acceso a Internet, han marginado aún más a la población de Jammu y Cachemira y han afectado gravemente a su acceso a la salud y a la justicia.
Los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico —y concretamente Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos Kuwait y Omán— están usando la pandemia de COVID-19 como pretexto para seguir aplicando restricciones al derecho a la libertad de expresión. En estos Estados, se están usando leyes deficientes para criminalizar las “noticias falsas” con el fin de citar, detener, investigar y enjuiciar a personas que publican en las redes sociales contenidos sobre la pandemia o sobre la respuesta del Gobierno a esta.
Por otra parte, miles de personas que se manifestaban pacíficamente se han visto afectadas por las draconianas medidas contra las manifestaciones aplicadas en Francia por las autoridades, que hacen un uso indebido de la ley para detener arbitrariamente y enjuiciar a personas que no han cometido ningún acto violento.
5. Migrantes y personas solicitantes de asilo víctimas de discriminación
Las autoridades de varios países del continente americano, entre ellos, Canadá, Estados Unidos, México, Curazao y Trinidad y Tobago detienen de forma peligrosa y discriminatoria a migrantes y solicitantes de asilo, basándose únicamente en la situación migratoria de esas personas.
Las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que viven en campos y alojamientos compartidos también han sido objeto de cuarentenas selectivas en Alemania, Chipre y Serbia, y de desalojos forzosos en Francia y Grecia. En el caso de Grecia, miles de personas, entre las que se contaban personas mayores, personas que padecen enfermedades crónicas, menores —incluidos niños y niñas de corta edad y menores no acompañados—, mujeres embarazadas, madres primerizas y personas con discapacidad, se han visto atrapadas en condiciones lamentables y peligrosas de hacinamiento en las islas, en medio de la pandemia de la COVID-19.
El nuevo pacto migratorio de la Comisión Europea está, en realidad, concebido para elevar los muros y reforzar las vallas. En lugar de ofrecer un nuevo enfoque para facilitar que la gente llegue a un lugar seguro, parece ser un intento de dar un nuevo nombre a un sistema que lleva años fracasando, con terribles consecuencias. Este pacto no hará nada por aliviar el sufrimiento de miles de personas atrapadas en campos en las islas griegas, o en centros de detención deLibia. Tampoco proporcionará el apoyo necesario a los países a los que primero llegan las personas migrantes.
En España, Amnistía Internacional ha denunciado la situación en las Islas Canarias, donde lamenta entre otros aspectos, que se estén tramitando órdenes de devolución sin que las personas migrantes o posibles solicitantes de asilo hubieran recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos. La organización también ha llamado la atención sobre la situación que se está viviendo en los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Migrantes), especialmente en el de Melilla, hacinado y sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección y la salud de las personas residentes.
Por otra parte, hasta marzo de 2020, había miles de migrantes etíopes trabajando en el norte de Yemen, ganando dinero para pagar su pasaje a Arabia Saudí. Cuando la pandemia de la COVID-19 se intensificó, las autoridades huzíes comenzaron a ordenar a los trabajadores y trabajadoras migrantes que acudiesen a la frontera, donde según informes quedaron atrapados en un fuego cruzado entre fuerzas saudíes y huzíes.
Amnistía Internacional también ha denunciado situaciones de casi esclavitud de trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar y Líbano, que han quedado a merced de sus patrones y que han restringido muchos de sus derechos humanos.
6. Los derechos de las mujeres, violados
La pandemia de la COVID-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres en todo el mundo y, sin una atención específica de los Gobiernos, podría agravar las desigualdades de género y los niveles de discriminación
Ya antes de la crisis de la COVID-19, una de cada cinco mujeres sufría violencia de su pareja en el hogar en Europa. Los confinamientos y las medidas de aislamiento para contener la propagación del virus han expuesto a las mujeres y las niñas a mayores riesgos de abusos en el ámbito familiar a manos de sus parejas o de otros miembros de la familia, y a menudo las dejan sin el apoyo que tanto necesitan.
La actual pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Su salud y su bienestar se ven afectadas negativamente no sólo por la interrupción de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva como el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, salud materna y neonatal, violencia de género y pruebas y tratamientos para el VIH y las infecciones de transmisión sexual, sino que también sus medios de vida e incluso sus vidas están en peligro cuando los delitos sexuales se invisibilizan y permanecen sin castigo.
Países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia han utilizado la COVID-19 como una oportunidad para socavar o restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
7. Más rechazo y violencia contra el colectivo LGBTI
La COVID-19 ha visibilizando y profundizando la discriminación, la violencia y otras violaciones de derechos humanos que sufren a diario las personas LGBTI. En numerosos países, las medidas de desescalada de la pandemia han ignorado la realidad de las personas trans. En algunos países, como en Hungría, se han impulsado medidas que pretenden ocultar a estar personas al negarles cambiar su género en el documento de identidad.
En otros lugares, como Perú, Colombia o Panamá, se establecieron paseos en la calle días diferentes para hombres y mujeres. Las personas trans debían salir a la calle según el género que indicaba su documento de identidad, lo que les exponía a más discriminación, más multas, e incluso a violencia, también policial.
Por otra parte, las restricciones a la atención médica de todo aquello que no sea la COVID-19 en numerosas partes del mundo, ha paralizado también procesos de transición de miles de personas trans en países, entre otros, Estados Unidos, India o Australia. Sus tratamientos hormonales permanecen en un limbo, la atención psicológica se ralentiza y las intervenciones se posponen. Todo ello impacta profundamente en la salud psicológica de estas personas.
Un rebrote del virus en Corea del Sur, al parecer en una zona de locales LGBTI, disparó la homofobia y las amenazas en las redes hacia el colectivo LGBTI, lo que dificultó a las autoridades localizar a las personas que pudieran estar contagiadas y tomar medidas para frenar dicho rebrote.
Mientras, en países comoFilipinas o Uganda, se toleraron tratamientos humillantes y violencia contra personas LGBTI bajo el pretexto de no cumplir los protocolos de la cuarentena.
8. El derecho a la privacidad, al antojo de los Gobiernos
Los Gobiernos deben garantizar que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos. La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud.
No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.
Bahréin, Kuwait y Noruega, por ejemplo, han hecho caso omiso de la privacidad de las personas con herramientas de vigilancia sumamente invasivas que superan los límites hasta los que está justificado llegar para hacer frente a la COVID-19. Los sistemas que utilizan captan los datos de ubicación por medio del GPS y los suben a una base de datos central, rastreando los movimientos de los usuarios en tiempo real, lo que proporciona una información que puede ser altamente peligrosa en las manos equivocadas. Noruega, tras las denuncias de Amnistía Internacional, decidió frenar su uso.
Este 9 de diciembre activistas de Amnistía Internacional están organizando actos en la calle, recogidas de firmas y encuentros virtuales en más de setenta países del mundo y más de treinta ciudades de España en favor de otras personas cuyos derechos humanos están siendo atacados, dentro de la campaña «Escribe por los derechos».
«Escribe por los Derechos trata de personas que ayudan a otras personas, y esta manera de expresar nuestra humanidad compartida nunca ha sido más importante y pertinente. Los gobiernos deben responder a este deseo generalizado de cambio administrando justicia a las personas cuyos derechos humanos son atacados», asegura Esteban Beltrán.
En España, la organización se moviliza por tres personas que han visto como sus derechos humanos se veían vulnerados en el último año. Se trata de:
- Nassima al-Sada, Arabia Saudí, en prisión por defender los derechos de las mujeres. Ha estado recluida en régimen de aislamiento durante un año, y ha sido frecuente que no le permitieran ver a sus hijos ni a su abogado durante varios meses. Amnistía Internacional exige la libertad inmediata e incondicional para ella y las demás defensoras en su misma situación;
- Khaled Drareni, Argelia, joven periodista detenido en marzo de 2020 mientras cubría una manifestación por informar sobre las protestas y condenado a una pena de cárcel. Amnistía Internacional se moviliza por su liberación; y de
- Jani Silva, Colombia, amenazada de muerte por defender el medioambiente, la Amazonía y los derechos de la población rural. La organización pide protección para ella y las personas con que trabaja.
