Brasil: persecución contra indios, gays y religiosos en la dictadura

Casi tres años después de la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) en Brasil y el comienzo de las averiguaciones de uno de los períodos más sombríos de la historia del país, la principal conclusión a que se llegó fue que las violaciones a los derechos humanos fueron practicadas de manera sistemática por la represión. El informe final de la CNV fue entregado este miércoles 10 de diciembre de 2014, Día Internacional de los Derechos Humanos, a la presidenta Dilma Rousseff, en ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, informa Marcela Belchior (Adital).

En el informe se enumeran las actividades realizadas por la Comisión, se describen los hechos examinados y se presentan las conclusiones y recomendaciones de los integrantes del grupo. Muestra como militares, trabajadores organizados, campesinos, iglesias cristianas, indígenas, homosexuales y la universidad fueron afectados por la dictadura y qué papel esos grupos tuvieron en la resistencia. En el documento se señalan también «graves violaciones” contra las mujeres. Revela además la vida y las circunstancias de la muerte y desaparición de 434 personas –73 nombres más que en el último relevamiento realizado por el Estado, en 2007.

Entre las poblaciones vulnerables, merecen destaque la constatación de violencias sufridas por indios y gays, además de la doble persecución contra religiosos, tanto por las cúpulas de las iglesias, como, directamente, por los militares. Hubo violaciones de los derechos humanos de miembros de iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes. Según el relevamiento, «las grandes comprensiones teológicas y pastorales”, socio-históricas y políticas, presentes tanto en el segmento católico como en el protestante, «sirvieron como base de apoyo y colaboración de las iglesias con la dictadura militar, establecida en 1964”.

Las iglesias habrían sido conniventes con la dictadura, apoyadas en un «anticomunismo” y en el servilismo a los jefes del Poder Público. Esto habría colaborado, directamente, para producir «actitudes de silencio, omisión y colaboración explícita con el régimen, tanto en la reproducción de la propaganda ideológica de respaldo al Estado de excepción como con denuncias y delaciones contra miembros de su propio cuerpo”, se explicita en el informe. Aún así, tal complacencia no impidió que los propios miembros de las iglesias cristianas fuesen también perseguidos por la represión.

Entre los religiosos que más fueron blanco de la persecución del régimen están los defensores de estudiantes, campesinos y obreros. De acuerdo con la CNV, el motivo sería el involucramiento en movimientos contra la dictadura, «fruto de la comprensión religiosa que los impulsaba a relacionar su fe con acciones concretas por la justicia y por los derechos humanos”.

En el período comprendido entre 1946 y 1988, la Comisión afirma que es posible identificar dos períodos distintos, en los que los pueblos indígenas sufrieron por la «omisión y la violencia directa del Estado”. El primero se caracterizó por la omisión de la Unión en la fiscalización y protección de las tierras indígenas, lo que favoreció el interés privado. En un segundo momento, después del Acto Institucional Nº 5, hubo liderazgo de la Unión y las «graves violaciones de derechos de los indios quedan patentes”, a través de relatos de torturas, asesinatos y expulsión de indígenas de sus tierras.

Además, el estudio señala la omisión en el área de salud de las comunidades indígenas y el favorecimiento de los intereses privados en detrimento de los derechos de los pueblos tradicionales. Durante el período de investigación, fue posible estimar por lo menos 8.350 indígenas muertos. El número real, sin embargo, según la Comisión, «debe ser exponencialmente mayor, ya que sólo una parte muy restricta de los pueblos indígenas afectados fue analizada”.

La Comisión hace 13 recomendaciones sobre las violaciones a los derechos indígenas, entre las cuales se encuentra la creación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad, «con el propósito de profundizar los casos no detallados en el presente estudio”; pedido público de disculpas del Estado brasilero a los pueblos indígenas y regularización de las tierras indígenas.

Vigilancia regular contra LGBT

En el documento se resalta que la discriminación contra lésbicas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros (LGBT) no surgió durante la dictadura, pero que la eliminación de derechos democráticos y de libertades públicas, desencadenadas por el golpe de 1964, postergó las posibilidades de constitución de movimientos sociales en defensa de este grupo.

Según la Comisión, a pesar de no haber habido una política de Estado formalizada en el sentido de «exterminar a los homosexuales”, la ideología utilizada para justificar el golpe, vinculada a valores conservadores, era «claramente homofóbica”, relacionando la homosexualidad «a las izquierdas y a la subversión”, siendo considerada algo «nocivo, peligroso y contrario a la familia, a la moral y a las buenas costumbres”. Ese tipo de visión habría legitimado la violencia directa contra las personas LGBT.

La CNV da el ejemplo del patrón de vigilancia policial en la ciudad de San Pablo. Bajo el comando del delegado José Wilson Richetti, las rondas policiales pasaron a perseguir a grupos vulnerables y estigmatizados, como los LGBT. Muchas veces, encuadraban a travestis en la contravención penal de «vagancia”.

En el informe se sugieren siete recomendaciones, entre éstas la criminalización de la homofobia; aprobación de ley garantizando la libre identidad de género; pedidos de disculpas oficiales del Estado por las violencias, casaciones y expurgaciones cometidos contra homosexuales en acto público construido conjuntamente con el movimiento LGBT; reparación a las personas LGBT perseguidas y perjudicadas por las violencias del Estado; y revocación de la denominación de «Dr. José Wilson Richetti” dada a la Delegación Seccional de Policía Centro, de San Pablo.

Tortura era política patrón

De acuerdo con el informe, la violencia contra presos políticos y opositores al régimen militar no era algo aislado, sino una «política de represión coordinada por las Fuerzas Armadas”. «La tortura, (…) se convirtió en un instrumento de poder y de preservación del gobierno –con destinación de recursos, organización de centros y de instrumentos y uso de personal propio”, se señala en el documento. Según el estudio, la tortura era aplicada a todas las víctimas en forma precisa y padronizada, siguiendo un mismo sistema establecido para todos los agentes. Para algunos detenidos, también eran usados métodos más antiguos de violencia, con el riesgo de causarles la muerte, o hasta inclusive con ese objetivo.

En el informe se cita, inclusive, parte de la declaración que la propia presidenta Dilma concedió a la Comisión Estadual de Indemnización a las Víctimas de Tortura (CEIVT) de Minas Gerais, en 2001. Militante de izquierda, Dilma actuó en la guerrilla armada y fue presa y torturada por el régimen militar. «Había mucho esquema de tortura psicológica, amenazas. […] ‘Uno se queda pensando, dentro de poco vuelvo y vamos a comenzar una sesión de tortura’. La peor cosa es esperar la tortura”, relató Dilma a la comisión.

Durante la ceremonia de entrega del informe, la presidenta afirmó que el trabajo del grupo va a permitir que los brasileros conozcan la historia de las violaciones para que ellas no se repitan. «Nosotros, que creemos en realidad, esperamos que este informe contribuya para que los fantasmas de un pasado doloroso y triste no puedan más protegerse en las sombras del silencio y de la omisión”, destacó.

Muy emocionada, Dilma lloró al decir que el país merecía la verdad sobre la dictadura militar. «Sobre todo, merecen la verdad aquellos que perdieron familiares y parientes y que continúan sufriendo como si ellos murieran de nuevo y siempre cada día”, dijo, con la voz embargada.