La Federación Internacional de Periodistas (FIP) urgió este 14 de julio de 2025 al Gobierno y al poder judicial libaneses a «poner fin al uso de las leyes de difamación como arma para intimidar a los profesionales de la comunicación».
La organización, que agrupa a más de 600.000 periodistas en 146 países, reaccionó tras la citación —finalmente revocada— de los reporteros Antoni Barakat y Taline Nohra, de la plataforma independiente NAQD, ante la Oficina de Ciberdelitos de Beirut por una querella del banquero Antoun Sehnaoui.
La denuncia de Sehnaoui, presidente del Société Générale de Banque au Liban (SGBL), pretendía que ambos acudieran a declarar el 8 de julio sobre sus artículos que investigan presuntas malas prácticas financieras de la entidad.
La Unión de Periodistas de Líbano (UJL), afiliada a la FIP, presentó un memorando que logró que la Fiscalía ordenara trasladar el caso al Tribunal de Publicaciones, órgano competente en materia de prensa. De no haberse rectificado, habría sido la primera vez en dos años que un reportero era interrogado por una agencia de seguridad, un precedente «sumamente peligroso» para la profesión, sostiene la FIP.
«Estas prácticas colocan a los periodistas ante medidas coercitivas, como la presión para eliminar contenidos o firmar compromisos ilegales de no publicar sobre figuras poderosas», advirtió la presidenta de la UJL, Elsy Moufarrej, tras calificar de sistemáticas las citaciones gestionadas por la Oficina de Ciberdelitos y otras unidades policiales.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, elogió «el coraje y la unidad» de los reporteros libaneses y condenó cualquier acción legal «destinada a intimidar y obstaculizar su labor informativa: Instamos a las autoridades a respetar las salvaguardias legales y el derecho de la ciudadanía a estar informada», subrayó.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, la instrumentalización de la difamación penal ha cobrado fuerza en los últimos meses. Human Rights Watch documentó en abril la citación de periodistas de los medios Daraj y Megaphone y de la ONG Kulluna Irada por investigaciones similares sobre corrupción financiera.
«Volvemos a presenciar la weaponización de estas leyes para silenciar intentos de arrojar luz sobre años de malas prácticas», denunció Adam Coogle, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch
Según HRW, desde marzo de 2025 la Oficina de Ciberdelitos ha convocado dos veces al director de Daraj y se han abierto tres querellas sucesivas promovidas por Sehnaoui. Las acusaciones van más allá de la difamación e incluyen «socavar la confianza en la moneda» o «atentar contra la seguridad del Estado», cargos vagos que prolongan los procesos y fomentan la autocensura.
Las cifras oficiales confirman la tendencia.
La Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Interna reveló a Amnistía Internacional que la Oficina de Ciberdelitos investigó 1684 casos de insulto y difamación entre 2019 y marzo de 2024, con un repunte a 321 expedientes en 2023.
«El número de personas citadas por delitos de opinión dibuja un panorama sombrío para la libertad de expresión», afirmó Aya Majzoub, subdirectora regional de Amnistía, quien exige la derogación de los artículos penales y su sustitución por sanciones civiles.
El propio marco jurídico favorece los abusos. Aunque la Ley de Prensa libanesa reserva al Tribunal de Publicaciones todas las causas contra periodistas, la FIP y la UJL denuncian que fiscales y jueces derivan sistemáticamente las denuncias a tribunales ordinarios o a la policía, lo que permite interrogatorios sin garantías y la imposición de fianzas o medidas cautelares desproporcionadas.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) recuerda que la difamación, la calumnia y la difusión de «noticias falsas» siguen tipificadas como delitos en el Código Penal, con penas de hasta tres años de prisión.
Estos obstáculos explican la caída de Líbano al puesto 132 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025 de RSF —ocho peldaños peor que en 2024—, con una puntuación de 42,62 sobre 100.
El indicador legislativo (48,64) y el de seguridad (43,99) son los que más lastran la situación, reflejo de un entorno donde periodistas pueden ser querellados, agredidos o incluso asesinados en la frontera sur sin que exista rendición de cuentas, indica RSF.
La FIP, las organizaciones libanesas y la comunidad internacional reclaman que el Parlamento acelere la tramitación de un nuevo proyecto de ley de medios que descriminalice la difamación, garantice que las demandas se ventilen en la jurisdicción civil y refuerce la independencia editorial.
Mientras tanto, el gremio periodístico mantiene la movilización: «Defender el derecho a informar es hoy más necesario que nunca —concluye Bellanger—. Cada querella injustificada no solo amordaza a una redacción, sino que priva a la sociedad libanesa de la transparencia que merece».