«Si con un salario es difícil subsistir, imagínese con una pensión», enfatiza Clara Velasco, quien como una mayoría de personas jubiladas en Cuba encuentran desventajas adicionales para acceder a alimentos, medicamentos y servicios con sus irrisorios ingresos mensuales, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
Velasco, de setenta años y quien ejerció como técnica media en contabilidad, comentó a IPS que «no es mucho lo que se puede hacer con 1628 pesos mensuales», el monto de lo que recibe «después de trabajar para el Estado casi cuarenta años».
En Cuba la pensión mínima es de 1528 pesos y equivale a 12,70 dólares según la tasa de cambio oficial de un dólar por 120 pesos cubanos.
Y baja a menos de cinco dólares si se tiene en cuenta la pauta del mercado informal de referencia para buena parte de los productos, bienes y servicios a los cuales acceden las personas con el objetivo de satisfacer necesidades básicas.
En 2022, el exministro de Economía José Luis Rodríguez puntualizó que más de la mitad de los más de millón y medio de jubilados en el país cobraban pensiones mínimas.
Tras pagar las facturas de electricidad, gas y agua, enfatizó Velasco, «queda apenas para sacar los mandados», como se conoce aquí la cuota de alimentos y productos de aseo racionados que el gobierno vende cada mes para una población de once millones de habitantes.
«Se sabe que la cuota no alcanza. Ya ni siquiera llega completa a inicios de mes, como antes. La comida hay que comprarla en la calle, cada vez más cara. Nadie que viva solo de su chequera (pensión) puede alimentarse bien», confesó Velasco, quien vive sola y comercializa diversos insumos en el mercado negro para tener ingresos adicionales.
Aunque sus cantidades y variedad han disminuido desde que inició en 1962, el sistema de distribución racionada en la isla se considera un respaldo para las necesidades alimenticias, sobre todo de personas con bajos ingresos, quienes acceden de esta forma a ciertas cantidades de arroz, azúcar, granos, huevos, café, aceite, pan y productos cárnicos.
Unos sesenta mil adultos mayores con bajos ingresos –así como personas con discapacidad y casos sociales-, acceden a almuerzo y comida elaborados diariamente, con una calidad moderada, en unos 1445 establecimientos gastronómicos del país, mediante el denominado Sistema de Atención a la Familia (SAF), instituido en 1998.
Uno de los efectos de la profundización de la crisis económica y la escasez de divisas en este país insular del Caribe ha sido las cada vez más frecuentes irregularidades en la distribución de los insumos racionados.
Su aseguramiento necesita de unos 1600 millones de dólares anuales, sostienen funcionarios.
Las magras cosechas, así como problemas estructurales en el ámbito agropecuario, mantienen insatisfecha la demanda de diversas producciones.
Vulnerabilidades
El resto de los alimentos, incluidas frutas, hortalizas y tubérculos, así como los productos de aseo, deben adquirirse en tiendas estatales en divisas, establecimientos agropecuarios, establecimientos privados de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas, trabajadores autónomos y en el mercado sumergido, con precios muy elevados.
Personas y familias con bajos ingresos y sin acceso a divisas encuentran barreras para el consumo en estos mercados, lo cual incrementa su situación de vulnerabilidad.
A inicios de 2021, el gobierno dispuso el incremento de salarios y pensiones nominales como parte de la denominada tarea Ordenamiento, que incluyó la eliminación del peso convertible (CUC) equivalente al dólar, supresión de un conjunto de subsidios y elevación de las tarifas de varios servicios.
Pero la capacidad adquisitiva de los ingresos se diluyó rápidamente ante la vertiginosa escalada de precios, deficitaria oferta de alimentos y bienes y un fortalecimiento de la dolarización parcial.
Algunos cientistas sociales estiman que al menos un tercio de la población de la isla vive con pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas.
Además de familias numerosas, monoparentales y con mujeres jefas de hogar y sin trabajo estable, ubican en esa franja de población a pensionados, adultos mayores que viven solos y sin apoyo de otros parientes, y quienes no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo.
Ramón Téllez aseguró que debió recontratarse, «porque después de 37 años como profesor universitario y una maestría, me jubilé con 2230 pesos (siete dólares), que es como decir nada».
Con domicilio en la capital cubana, Téllez, de 73 años, recordó a IPS que un kilogramo de arroz se cotiza aproximadamente en 1,5 dólares.
El envase con treinta huevos se comercializa en 8,60 dólares, unos dos dólares un litro de aceite comestible e igual cantidad debe desembolsarse por un kilogramo de azúcar crudo.
«Mi esposa, también jubilada, tiene al igual que yo problemas de salud. Ambos necesitamos antihipertensivos y diuréticos, al igual que insulina y digestivos. Y deben comprarse en el mercado negro, porque en las farmacias hace meses que no hay», lamentó Téllez.
Envejecimiento demográfico y enfermedades
El persistente déficit de medicamentos y otros materiales médicos en farmacias y hospitales, y la necesidad de acudir al mercado informal para acceder a buena parte de ellos, constituyen una de las principales preocupaciones de varias de las personas consultadas por IPS.
Se trata de un aspecto primordial para un país con acelerado envejecimiento demográfico y aumento de las llamadas enfermedades no transmisibles (ENT).
Al cierre de 2022, un 22,3 por ciento de la población cubana tenía sesenta años o más, precisan datos oficiales.
Se calcula que unas 221.000 personas mayores en la isla viven solas, en su mayoría mujeres, cuya esperanza de vida sobrepasa los ochenta años, frente a casi 77 de los hombres.
De ese conjunto con una edad promedio de 71 años, más de 82 por ciento cuenta únicamente con ingresos provenientes del trabajo o la jubilación, lo que equivale a decir sin acceso a divisas en un contexto de creciente dolarización, mostró la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (Enep), de 2017, cuyos datos trascendieron en 2020.
Al respecto, quienes tenían como única fuente de ingresos la jubilación o algún tipo de pensión declararon que esta no era suficiente, al tiempo que 70 por ciento consideró que tenía privaciones y carencias.
La pesquisa señaló que 6,5 por ciento de las personas de sesenta años y más que vivían solas manifestaron tener necesidades especiales que requerían el auxilio de otra persona para realizar actividades, y el 1,8 por ciento requería cuidados continuos.
Por otro lado, nueve de las diez primeras causas de muerte en Cuba están relacionadas con ENT como las enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares, diabetes mellitus, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, entre otras, mostró el Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública del 2020.
Cuidados y apoyos necesarios
La Enep mostró asimismo que alrededor de 31 por ciento de las personas cuidadoras tenían más de 59 años, lo que se identifica como una forma de participación, pero también una vulnerabilidad debido al desgaste físico y psicológico de ese trabajo casi siempre no remunerado, mucho más en un contexto de acrecentadas privaciones económicas.
Varias investigaciones insisten en que, a pesar de las acciones del gobierno, resultan insuficientes los servicios y los sistemas de apoyo a las familias para proveer cuidados, en particular a las personas mayores.
En las quince provincias cubanas se contabilizan 301 Casas de abuelos y 158 Hogares de ancianos, puntualizan las estadísticas.
Al respecto recomiendan el establecimiento de un sistema integral de cuidados, que además de un aumento de hogares de ancianos, priorice la formación de más personal de enfermería, de la medicina y asistentes especializados en geriatría para afrontar los retos de la demencia y discapacidades, además de la atención de salud y psicológica para la calidad de vida de las personas que cuidan.
También abogan por la promoción de estudios sobre sistemas de atención a las personas proveedoras de cuidado, que contemplen la capacidad personal, las condiciones sociales y los servicios para ofrecer cuidados, y a su vez proteger su salud y bienestar.
«Al igual que tenemos una Estrategia integral contra la violencia de género, haría falta un plan similar para atender a las personas jubiladas que somos una parte significativa de la población a medida que disminuye la natalidad, aumenta el envejecimiento y crece la emigración», argumentó a IPS Ofelia Martínez, una exbibliotecaria de 64 años.
Residente en La Habana, Martínez sostuvo que la posible estrategia debe «incluir acciones urgentes y específicas que se puedan medir a corto, mediano y largo plazo».
Además del volumen de población a atender, un desafío parece radicar en la necesaria imbricación de políticas trasversales relacionadas con el envejecimiento demográfico, los cuidados y la emigración, entre otras.
Otro factor radica en la imposibilidad de aumentar significativamente el monto de las pensiones ante la crisis estructural de la economía cubana que proyecta para 2024 un déficit fiscal de 18,5 por ciento del PIB, y que, a juicio de economistas, impedirá atajar adecuadamente la inflación e impactará de forma negativa en el nivel de vida de la población.
Durante una entrevista televisiva en noviembre de 2023, el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que su gobierno estudia subsidiar a personas y no productos mediante «una metodología para que no se nos quede nadie desamparado», aún sin concretar.
