Cafeterías, empresas inmobiliarias, taxis y otros pequeños negocios de propiedad privada y cooperativa en Cuba significan más que oxígeno para la deprimida economía local y chispas de prosperidad en el paisaje de sus ciudades y pueblos, informa Ivet González (IPS) desde Cárdenas (Cuba).
Aunque con «limitaciones y deficiencias», este creciente sector mueve la pequeña sociedad civil del país de gobierno socialista y sistema centralizado, que comenzó poco a poco en 2008 a liberalizar su estancada economía.
«Es un momento de avance que hay que aprovechar para seguirlo profundizando y orientando en una dirección más solidaria e integrada a la comunidad», dijo a IPS el psicólogo Ovidio D’Angelo, durante el coloquio «Cuba: soberanía y futuro», desarrollado el 10 y 11 de octubre.
Temas polémicos dentro de esta isla caribeña, como la soberanía ciudadana, centraron la primera actividad del joven proyecto Cuba Posible, donde participaron 64 intelectuales y activistas de cinco provincias.
Apoyado por la Universidad de Oslo, el proyecto es una idea de los laicos católicos Roberto Veiga y Lenier González, acogida por el ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-C), con sede en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana.
La iniciativa ciudadana, que toca problemas candentes relativos a la política, organiza encuentros y aspira a tener un sitio digital y editar cuadernos en versiones impresa y digital, sobre el presente y futuro cubano.
Actualmente se registran 473.000 trabajadores en las 188 actividades permitidas a su ejercicio por cuenta propia, 28.000 más que al comenzar el año. Pero son pocos, comparados con los casi cinco millones de empleados por el Estado.
Además, el Consejo de Ministros aprobó 498 cooperativas no agropecuarias, de las cuales 283 ya están constituidas. Estas asociaciones económicas, muy extendidas en el agro, se permiten desde 2012 en servicios gastronómicos, reciclaje de basuras o transporte, entre otros.
«Ambas son la punta de lanza hacia una sociedad civil más abierta», valoró D’Angelo, investigador del sector en el país, donde se comenzó a hablar de organizaciones ciudadanas en los años 90.
El especialista del estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana remarcó que los emprendimientos privados y las nuevas cooperativas fueron permitidas solo para paliar «las plantillas laborales infladas y las ineficiencias de las empresas estatales».
Cuando en 2010 las autoridades informaron sobre la ampliación del sector privado, presentaron la estrategia como la alternativa para las 500.000 personas que quedarían cesantes al cierre de 2011. Después los medios de comunicación oficiales comunicaron que se extenderían los plazos para culminar los despidos masivos del sector estatal.
Desde entonces, han trascendido pocas y aisladas cifras sobre lo que el gobierno define como reordenamiento laboral.
Se supo que, entre 2010 y 2013, se redujeron 109.000 puestos de trabajo en los servicios de salud. También se anunciaron recortes en la administración central del Estado y en el Ministerio de la Agricultura.
Por ello, D’Angelo llamó a «buscar una mayor conexión (de agentes privados y cooperativistas) con el tejido social de las comunidades».
Hasta ahora, la participación ciudadana en el proceso de cambios económicos ha sido «formal, epidérmica, acotada, utilitaria e intermitente», valoró el economista Ricardo Torres, en los debates del coloquio.
Como ejemplo, citó el hecho de que «un grupo de personas decidió las actividades que un ciudadano puede realizar privadamente». Lamentó que no haya habido previamente consultas populares y que se excluyeran sectores como consultorías y otros más atractivos para la gran masa de profesionales.
«Vivimos (durante las reformas) un momento de relación estable y tranquila con las autoridades», afirmó a IPS la presbiteriana Rita María García, directora del CCRD-C, una de las más de 2200 entidades registradas como asociación nacional en el Ministerio de Justicia: «Al menos hoy en día se reconoce que hacemos un trabajo social y comunitario apreciado, desde la educación hasta el cuidado ambiental, e incluso en comunidades que sintieron la desatención estatal», consideró la también integrante del comité rector de Cuba Posible.
Para García resulta necesario que, «de la misma manera que el Estado ha reconocido que no puede llevar solo la carga económica, debe hacerlo con la carga social en la atención de ancianos, discapacitados y personas con el virus de inmunodeficiencia humana, entre otros».
En sus 23 años de activismo, el CCRD-C ofrece servicios de atención a adultos mayores en sus hogares, consulta psicológica a niños, adolescentes y jóvenes víctimas de abuso sexual articulada a las instituciones locales, ha creado más de 300 plantas de biogás, promueve la agroecología y la equidad de género, entre otros.
Pero García criticó que «todavía instituciones como la nuestra no tienen mayor amplitud» y «seguimos esperando cambios como la nueva ley de asociaciones».
Sin que se conozca cuando ni sus alcances, desde hace años circula el rumor de que será actualizada la Ley de Asociaciones, en vigor desde 1986.
La norma vigente permite crear sociedades científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas, de amistad y solidaridad y otras que «se propongan fines de interés social».
Pero niega la inscripción en la cartera de justicia cuando las actividades propuestas «pudieran resultar lesivas al interés social» o ya exista otra con objetivos similares.
«Aunque ahora contamos con un escenario mucho más heterogéneo, las opciones de autonomía ciudadana y libre asociación siguen limitadas», dijo por correo electrónico a IPS el activista Maykel González, del Proyecto Arcoíris, que aboga por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género.
El también periodista percibe que «la reforma ha acelerado el tránsito hacia la madurez de la sociedad civil». Remarcó que «falta, evidentemente, educación política».
Estudios locales y foráneos difieren al describir la sociedad civil cubana.
Las definiciones más amplias incluyen las asociaciones fraternales, culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes.
La oposición interna es ilegal y vista por el gobierno cubano como pequeños grupos sin base social, mercenarios cuya existencia responde únicamente al apoyo logístico y financiero de Washington, su enemigo ideológico desde hace más de medio siglo.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Noticia publicada inicialmente por IPS Noticias
