Una controvertida enmienda a la Constitución de Hungría ha dejado a la comunidad Lgbtiq del país a la vez desafiante y temerosa, según han denunciado grupos de defensa de los derechos humanos, informa Ed Holt (IPS) desde Bratislava.
La enmienda, aprobada por el Parlamento el 14 de abril 2025, incluye, entre otras cosas, la prohibición y criminalización de las marchas del Orgullo y de sus organizadores, con penas que incorporan cuantiosas multas y, en algunos casos, la prisión.
También permite el uso de tecnologías de reconocimiento facial en tiempo real para la identificación de manifestantes.
La ley ha sido condenada por grupos de derechos humanos nacionales e internacionales y por diputados al Parlamento Europeo, por considerarla un ataque tanto contra la comunidad Lgbtiq como contra los derechos humanos en general.
Y ahora se teme que provoque un aumento de la violencia contra las personas Lgbtiq, cuyos derechos se han ido erosionando gradualmente en los últimos años bajo el régimen autoritario del primer ministro populista Viktor Orbán.
«Preocupa seriamente que este paquete legislativo pueda conducir a un aumento de las amenazas, el acoso y la violencia contra las comunidades Lgbti en Hungría», dijo a IPS Katja Štefanec Gärtner, responsable de Comunicación y Medios de Ilga Europa.
Según la directiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, «cuando las autoridades criminalizan a los organizadores del Orgullo y crean un efecto amedrentador sobre las reuniones pacíficas, no sólo envalentonan la retórica hostil, sino que también señalan la impunidad para aquellos que desean intimidar o dañar a las personas Lgbti».
«Los riesgos no son teóricos. Las marchas del Orgullo han sido durante mucho tiempo un objetivo para los grupos extremistas, y esta represión legal envía un mensaje peligroso: que las instituciones del Estado ya no pueden proteger a los manifestantes, sino criminalizarlos. Esto crea un entorno inseguro e impredecible para todos aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades democráticas», añadió.
La enmienda codifica la legislación ya aprobada en marzo por la que se prohíben las manifestaciones Lgbtiq. Fue recibida con indignación generalizada en la comunidad Lgbtiq húngara. Pero además hubo un desafío al poder, ya que los organizadores del Orgullo insistieron en que el acto seguiría adelante.
El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, también apoyó a los organizadores, comprometiéndose en abril a ayudarles a encontrar la manera de celebrar el acto a pesar de la nueva legislación.
Pero mientras que los activistas Lgbtiq han afirmado que no cederán ante la nueva ley, los grupos que trabajan con la comunidad afirman que algunas personas Lgbtiq se han visto sacudidas por la legislación.
«Dependiendo de con quién hables, el estado de ánimo actual entre la comunidad LGBTQI es de miedo y preocupación o de desafío», dijo a IPS Luca Dudits, portavoz de prensa de la Sociedad Hatter, una de las mayores oenegés Lgbtiq de Hungría.
Y añadió: «Veremos cómo las nuevas disposiciones [de la enmienda] afectarán a las vidas de las personas Lgbtiq en los próximos meses, especialmente en junio, que es el mes del Orgullo, con la marcha que tendrá lugar el día 28 de mayo», añadió
Señaló que después de que en 2021 se aprobara una legislación que prohibía la representación y promoción de «diversas identidades de género y orientaciones sexuales» a menores de dieciocho años, se había producido «una ola de violencia y discriminación contra las personas Lgbtiq».
«Espero que esta vez no sea así. Mucha gente ha expresado su solidaridad y ha dicho que asistirá por primera vez a la Marcha del Orgullo por esta vergonzosa enmienda constitucional», dijo Dudits.
Fuera de Hungría, organizaciones y representantes políticos también han dado la voz de alarma sobre la legislación.
En una carta enviada a la Comisión Europea (CE) el 16 de abril, decenas de organizaciones Lgbtiq y de derechos humanos exigieron al organismo ejecutivo de la Unión Europea (UE) que tomara medidas inmediatas para garantizar que el evento pudiera celebrarse y que la gente pudiera asistir con seguridad.
Afirmaron que la prohibición de los actos Lgtiq atentaba contra los derechos fundamentales de la UE a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, y que sus disposiciones suponían una violación significativa de la intimidad y las libertades personales protegidas por la legislación de la UE.
Una delegación de eurodiputados que visitó Hungría del 14 al 16 de abril arremetió contra la prohibición y pidió a la CE que solicitara al Tribunal de Justicia Europeo la suspensión de la ley a la espera de nuevas acciones legales.
Uno de los eurodiputados, Krzysztof Smiszek, de la Nueva Izquierda polaca, afirmó que la nueva ley había provocado un aumento de los ataques violentos y los delitos de odio contra la comunidad Lgbtiq en Hungría.
El gobierno ha defendido la enmienda, y Orbán declaró tras la votación en el Parlamento que su objetivo era «proteger el desarrollo de los niños, afirmando que una persona nace hombre o mujer, y manteniéndose firme contra las drogas y la injerencia extranjera».
La enmienda también declara que los derechos del niño tienen prioridad sobre cualquier otro derecho fundamental (excepto el derecho a la vida) y codifica en la Constitución el reconocimiento de solo dos sexos -masculino y femenino-, negando esencialmente las identidades transgénero e intersexuales.
También permite suspender la ciudadanía húngara a algunas personas con doble nacionalidad si se considera que suponen una amenaza para la seguridad o la soberanía de Hungría.
Muchos observadores consideran que la prohibición y las demás medidas incluidas en la enmienda forman parte de un intento más amplio del régimen de Orbán de reprimir la disidencia y debilitar la protección de los derechos en su intento de consolidar su control del poder convirtiendo en chivos expiatorios a sectores de la población.
Ello incluye a las personas Lgbtiq y, también, a los migrantes y los grupos de la sociedad civil, para atraer a los votantes conservadores.
«Los gobiernos autoritarios de todo el mundo han descubierto un manual para mantenerse en el poder: denigrar a determinadas comunidades», dijo a IPS Neela Ghoshal, directora de Derecho, Política e Investigación del grupo Lgbtiq Outright International.
A su juicio, «esa es la lógica de los ataques a las comunidades Lgbtiq y eso es lo que hay detrás de todo esto. No creo que a Orbán le importen las personas Lgbt, es solo que son un blanco fácil», acotó.
«Una vez que se prohíbe una forma de protesta o disidencia, resulta más fácil prohibir todas las formas de disidencia. Realmente creo que Orbán quiere prohibir todas las formas de disidencia. Busca el poder absoluto; no le interesa la arquitectura tradicional de la democracia, es decir, los contrapesos y la rendición de cuentas», añadió Ghoshal.
Dudits también señaló lo absurdo del razonamiento en que se basa el gobierno para defender la enmienda.
«Es cierto que una gran mayoría de la sociedad son hombres o mujeres. Sin embargo, hay algunas personas que tienen características sexuales (cromosomas, hormonas, órganos sexuales externos e internos y estructura corporal) que son comunes a ambos sexos», afirmó.
Pero, añadió, «las condiciones de intersexualidad se presentan de muchas formas diferentes y abarcan una amplia gama de condiciones de salud. Por lo tanto, la enmienda carece incluso de fundamento científico, contradiciendo la propia realidad biológica que pretende defender con tanta beligerancia».
Si los ataques del régimen húnguro contra sus supuestos detractores obedecen a la necesidad de conseguir el apoyo de los votantes, no está claro hasta qué punto está funcionando esta política.
Las elecciones parlamentarias se celebrarán en Hungría en abril del próximo año y las encuestas actuales sitúan al partido de Orbán, Fidesz, en el poder desde 2010, por detrás del principal partido de la oposición, Tisza, en medio de la preocupación de los votantes por una economía en dificultades, un sistema sanitario en ruinas y acusaciones de corrupción contra el gobierno.
Mientras tanto, aunque algunos eurodiputados han condenado públicamente la enmienda, desde la votación parlamentaria la CE se ha limitado a decir que necesita analizar los cambios legislativos para ver si incumplen la legislación de la UE, pero que no dudaría en actuar si fuera necesario.
Los grupos de defensa de los derechos afirman que los organismos de la UE deben tomar medidas o se arriesgan a permitir un recorte aún mayor de las libertades en la Hungría de Orbán, dado que el país forma parte del bloque europeo de veintisiete miembros.
«Desde convertir en chivo expiatorio a las personas Lgbt hasta suspender la ciudadanía húngara a los ciudadanos con doble nacionalidad, el gobierno húngaro está consolidando un marco jurídico hostil al Estado de derecho, la igualdad y la democracia, en flagrante violación de la legislación de la UE», señaló Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, en un comunicado de prensa.
«Orbán ha demostrado una vez más su voluntad de pisotear los derechos y destrozar las protecciones, y no hay razón para pensar que no continuará por este camino autoritario. Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben solidarizarse con quienes en Hungría defienden los valores de la UE y hacer todo lo posible para detener la espiral descendente hacia el autoritarismo», añadió.
Ghoshal afirmó, no obstante, que pase lo que pase, la comunidad Lgbtiq de Hungría no renunciará a sus derechos.
Recordó que «la comunidad ha pasado por ciclos de opresión y libertad. Puede que los miembros más jóvenes no lo recuerden, pero los más veteranos saben lo que es vivir bajo un régimen autoritario; está en la historia del país. Ellos también han saboreado la libertad y no querrán renunciar a ella».
«Creo que habrá una marcha del Orgullo y que podría haber violencia estatal y detenciones, pero la comunidad se mantendrá desafiante pase lo que pase», afirmó.
