Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a México revisar la legislación nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, entre ellos el Convenio Nº 182 de la OIT para terminar con el trabajo doméstico, agrícolas y en ladrilleras, actividades de riesgo para niños y jóvenes de menos de 18 años de edad (CRC, 08/06/15).
También le urgió a reforzar el sistema de inspección y la práctica de sanciones en torno a las actividades de explotación económica y abuso de niños, niñas y adolescentes (NNA) y que se asignen recursos adecuados para la efectiva implementación del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (Pronapeti) (CRC, 08/06/15).
Las cifras más recientes que se conocen, relativas al año 2013 (aunque parezca mentira) hablaban de que el 2,7 % de las criaturas entre 6 y 11 años trabajaban, pese a que en la Constitución se prohíbe que lo hagan antes de los 15 (CPEUM, Art. 123.A.III). Este porcentaje se elevaba a 7 % en el estado de Guanajuato.
En los ocho estados de la República con mayor pobreza entre NNA, el 48,1 % de niñas y niños trabajadores entre 6 y 11 años de edad se empleaba en el sector agropecuario; mientras que en los ocho con menor pobreza infantil este porcentaje se reducía a casi el 11 %. La Ley Federal del Trabajo cataloga las actividades agrícolas como peligrosas e insalubres (LFT, Art. 176.VII). En los estados de Chihuahua, Guerrero, Zacatecas y Puebla, más de la mitad de las criaturas del referido tramo de edad participaban en esas actividades.
Además 14.025 menores de este rango de edad empleaban herramientas punzo-cortantes o equipo pesado en la actividad laboral que desarrollaban, cuando la Ley prohíbe el empleo de personas de menos de 17 años en ocupaciones que impliquen el uso de estas herramientas (LFT, Art. 176.V y VII). No obstante, en Chiapas (uno de los Estados más pobres del país) ejercían estos trabajos el 32,3 % de esos menores.
Aunque en ocasiones hay niños que dicen trabajar libremente, en general, esta actividad también es consecuencia del contexto de inequidad en el país, caracterizado por la falta de garantías a los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, tales como el acceso a la educación, salud, alimentación, esparcimiento, vivienda, entre otros. Las cifras mencionadas implican una serie de retos para el Estado mexicano, quien debe responder de forma inmediata a través del Sistema de Protección Integral, considerado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este sentido, para erradicar las peores formas de trabajo infantil, como la venta, la trata, la prostitución, el reclutamiento forzado, trabajo en campos agrícolas o aquellos trabajos que pongan en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, se requieren acciones contundentes que incluyan no sólo el retiro del trabajo peligroso, sino contar con una estrategia que permita proporcionar los servicios de apoyo adecuado.
Para ello es necesario, entre otras cosas, una mayor desagregación de los datos recolectados acerca del trabajo infantil, la inclusión de objetivos e indicadores tendentes a la erradicación de las peores formas de trabajo, así como una asignación de presupuestos adecuada. Según Save the Children, estas exigencias ya han sido transmitidas y demandas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sin que hasta la fecha exista una respuesta clara y efectiva. La Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento no son, por sí solas, acciones que garanticen plenamente derechos fundamentales de los infantes y de los adolescentes.
Violencia y abuso sexual
Desde Redim (Red por los Derechos de la Infancia) y Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida) aseguran que el Comité también ha expresado su “profunda preocupación por la situación de violencia armada, tráfico de drogas, y la lucha contra el crimen organizado, la cual se ha traducido en numerosos asesinatos de niños, incluidos los casos de ejecuciones extrajudiciales, como el caso Tlatlaya, y siguen amenazando el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de muchos niños”.
En este contexto, el Comité señala la especial situación de riesgo que sufren las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, que en muchos casos soportan embarazos no deseados y se les niega un aborto seguro. Los expertos de Naciones Unidas piden que se les garantice la interrupción del embarazo sin necesidad de ninguna autorización judicial o ministerial.
Los pronunciamientos del Comité de la Infancia son el resultado de la evaluación a la que fue sometido el Estado mexicano a mediados de mayo pasado en Ginebra, Suiza. El Estado Mexicano firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y asumió la autoridad del Comité, integrado por 18 expertos independientes, para ser examinado de forma periódica sobre cómo está implementando la Convención.
Con 135 recomendaciones, los miembros del Comité han hecho el llamamiento porque los derechos de la infancia están siendo constantemente agraviados, y van desde la visión lastimera de las personas con discapacidad, la impunidad en los casos de sacerdotes pederastas, y el descuido y maltrato a las niñas y niños migrantes.
Tanto Redim como Gire consideran que, después de cuatro años de haberse promulgado la reforma constitucional del Artículo 1º, que incorporó los derechos humanos y los tratados internacionales como puntos centrales del actuar del Estado Mexicano, éste ha fallado en su obligación de garantizar a niñas y niños una infancia libre, plena y sin violencia.
Campaña “No al trabajo”
Este año, las agencias de la ONU difunden la campaña “No al trabajo infantil, Sí a la educación de calidad”, porque en México 2,1 millones de niñas y niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela, cifra que representa el 7,2 % de la población en este rango de edad. El 40 % de las niñas, niños y adolescentes que trabajan no van a clase alguna.
La primera razón por la que no asisten es la falta de interés o aptitud, lo que está relacionado con la baja pertinencia y calidad de la educación. En este sentido, las organizaciones internacionales resaltan que es necesario que el sistema educativo dé seguimiento personalizado a las niñas y los niños más vulnerables, que son aquellos de comunidades indígenas, con discapacidad, o migrantes (como las hijas y los hijos de jornaleros agrícolas).
La tasa de ocupación infantil y la inasistencia escolar en México aumentan con la edad: 1,4 por ciento de niñas y niños entre 5 y 9 años están en actividades económicas; 6,3 % entre quienes tienen de 10 a 13 años, y 20,3 % de las personas adolescentes entre los 14 y los 17 años.
Asimismo, de acuerdo con el Informe de 2014 del INEE “El derecho a una educación de calidad”, la no matriculación llega al 46,7 % para quienes tienen 17 años. Por esta razón, las organizaciones de las Naciones Unidas invitan al país a poner atención en la calidad de la educación secundaria y media superior, y en la asistencia escolar hasta cumplir la mayoría de edad, de forma tal que les aleje del trabajo infantil.
Por su parte, Nuria Sanz, directora y representante de la Oficina de la Unesco en México, ha asegurado que el acceso universal a la educación, y en particular a la enseñanza de calidad gratuita y obligatoria, garantizada hasta que el alumno alcance la edad mínima que fija la ley para acceder a un empleo, es un factor decisivo en la lucha contra la explotación económica de niñas y niños. La educación es un instrumento poderoso que promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo personal y la participación plena en la vida de la comunidad.
Mientras todas las organizaciones relacionadas con la infancia levantan la voz, el Gobierno del país azteca, por boca de su presidente, se ha apresurado a asegurar que va a elevar a 15 años la edad mínima para trabajar, y que habrá sanciones importantes para quien emplee a menores. Una vez más, Peña Nieto se olvida de la realidad: miles de ellos deambulan por el país vendiendo cualquier cosa (con pequeñas cajitas llenas de chucherías que ofrecen a los viandantes), descalzos, y con la miseria reflejada en su rostro. Son los pobres, los indígenas…, y, en demasiadas ocasiones, las víctimas de explotación de mafias que se lucran con su inocencia.
