El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sigue con preocupación la reciente escalada de tensión entre Guyana y Venezuela por la controversia territorial entre ambos países, informa la IPS desde Naciones Unidas.
Guterres «confía en la buena fe de ambas partes para impedir cualquier acción que agrave o prolongue la controversia», expresa un comunicado divulgado por el portavoz de la secretaría, Stéphane Dujarric.
La breve declaración recuerda que en enero de 2018 Guterres eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, como medio para la solución de la controversia fronteriza.
Lo hizo «después de analizar cuidadosamente la evolución del proceso de buenos oficios que había tenido lugar durante los años anteriores», y «en el ejercicio del poder y la responsabilidad que le confiere el Acuerdo de Ginebra de 1966».
«La controversia está ahora ante la CIJ. El secretario general no expresa opinión sobre asuntos que son objeto de procedimientos judiciales en curso», concluyó el comunicado.
La controversia escaló en las últimas semanas, del lado venezolano, por la convocatoria de un referendo consultivo –no vinculante- en busca de un pronunciamiento de la población acerca de cómo tratar la controversia.
Las cinco preguntas en el referendo preguntan sobre la validez del laudo que marcó la frontera, el Acuerdo de Ginebra invocado por Guterres, sobre el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ, y si se quiere que el territorio en disputa se agregue legalmente a los veintitrés estados integrantes de Venezuela.
El gobierno y las fuerzas armadas se consagran a la propaganda en favor del referendo, mientras en la oposición hay voces divididas y su recientemente elegida abanderada presidencial, María Corina Machado, abogó porque en vez de esa consulta se prepare una fuerte defensa jurídica ante la CIJ.
Del lado guyanés abonó la escalada la decisión de su parlamento y su gobierno de cerrar toda negociación con Caracas y atenerse a lo que decida la CIJ, que debe decidir sobre la materia –tras admitir un pedido de Georgetown- en abril de 2024.
«No hay nada que negociar ya con Venezuela», resumió el presidente Irfaán Alí.
Como medida cautelar, Guyana pidió a la Corte que ordene a Venezuela no realizar el referendo consultivo, considerándolo un atentado a su integridad y seguridad.
El mar de fondo de la escalada proviene precisamente del mar: bajo aguas del Atlántico, pendientes de delimitación debido a que no hay acuerdo definitivo previo sobre el límite terrestre, hay cuantiosos depósitos de hidrocarburos con los que Guyana emerge como potencia petrolera en la región.
La trasnacional estadounidense Exxon, asociada con la china Cnooc y otras firmas, recibió concesiones de Guyana, ya extrae más de 300.000 barriles diarios de crudo en cinco proyectos costa-fuera, y sus planes pueden elevar en pocos años la producción de ese país a más de un millón de barriles por día.
Venezuela ha denunciado la entrega del caso a la CIJ como una maniobra de intereses globales para despojarle de un territorio y recursos que le pertenecen, mientras que Guyana reivindica su derecho a explotar las riquezas en el territorio que ocupa como heredera de la antigua colonia Guayana Británica.
El actual conflicto tiene sus inicios en el tratado con el que Holanda cedió a Gran Bretaña, a partir de 1814, una porción de su territorio en la región de Guayana. Londres estableció unilateralmente la frontera hacia el oeste, lo que derivó en un fuerte enfrenamiento diplomático con Venezuela a lo largo del siglo diecinueve.
En 1899, una corte ad-hoc en París, con cinco jueces (dos británicos, dos estadounidenses, un ruso y ningún venezolano) dictó un laudo que estableció la frontera ente Venezuela y la Guayana Británica.
En manos británicas quedó entonces la Guayana Esequiba, llamada así por el río Esequibo, que es su frontera oriental y discurre por el centro de la actual Guyana en dirección sur-norte hasta el Atlántico.
Es un espacio de 159.542 kilómetros cuadrados, 74 por ciento del territorio de la actual Guyana, rico en bosques, ríos, biodiversidad y recursos minerales.
Caracas aceptó a regañadientes la demarcación de 1899, pero en los años sesenta del siglo veinte, ante la inminente independencia de la Guayana Británica, pactó con Londres y el gobierno de la colonia el Acuerdo de Ginebra, de 1966, destinado a negociar «el arreglo práctico de la controversia».
Las negociaciones fracasaron, pues Georgetown siempre argumentó que el «arreglo práctico» consistía precisamente en reconocer los límites señalados por el Laudo de París, que Venezuela considera «nulo e írrito (sin valor)».
Encargado el secretario general de la ONU de buscar un método para solucionar la controversia, durante décadas se apeló a la figura de un intermediario o «buen oficiante», que llevaba y traía propuestas sin mayores resultados.
Entonces Guterres, en enero de 2018, decidió poner el caso en manos de la CIJ, ante la cual Guyana solicitó que decida si el Laudo de París es válido. La Corte se declaró competente y desechó las objeciones venezolanas a su competencia.
Venezuela sostiene que se trata de decisiones unilaterales ajenas a lo previsto en la legislación de la CIJ, que contempla acuerdos de las partes para someter sus disputas.
La posición de Guyana es respaldada por Reino Unido y demás países de la Commonwealth, la Comunidad del Caribe (Caricom) y potencias globales y regionales como Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Ningún Estado apoya explícitamente la posición venezolana. Guyana también encara un reclamo de su vecino oriental, Suriname, acerca de una porción de territorio en el sur de ambos Estados, fronterizo con Brasil.
