La eurodiputada española Ana Miranda anunció que realizará una pregunta a la Comisión Europea sobre la protección de los periodistas tras la expulsión en la ciudad saharaui de Dajla de los periodistas españoles Francisco Carrión (El Independiente) y José Carmona (Público) por parte de las autoridades marroquíes.
La parlamentaria europea por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) denunció la intención de Marruecos de ″reducir al silencio a los medios internacionales para que informen de la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados”.
Hay que recordar que, con apenas unos días de diferencia, se produjo la expulsión de dos periodistas españoles, Francisco Carrión de ‘El Independiente’ y José Carmona de ‘Público’, en Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado, donde querían informar sobre la situación de los derechos humanos.
En el caso de Carrión embarcó en un avión con destino a Dajla el pasado miércoles 5 de febrero, y ni tan siquiera las autoridades marroquíes le dejaron salir del aeropuerto, le interrogaron y le confiscaron el pasaporte.
Reporteros sin Fronteras (RSF), la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Red Argentina de Comunicadores por la Descolonización del Sáhara Occidental y la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis (UPES) condenaron ambas expulsiones por parte de Marruecos.
La FAPE pidió al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares que exija ″las explicaciones oportunas de su homólogo marroquí».
Desde el inicio de 2025, siete españoles han sido expulsados del Sahara por Marruecos, además de los dos periodistas, dos miembros de una ONG y tres diputados del Parlamento vasco: Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Amets Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar).
Marruecos ha expulsado a 307 personas entre profesionales de los medios de comunicación, abogados y activistas de derechos humanos por tratar de investigar o constatar la situación de los derechos humanos en el territorio saharaui, según un informe conjunto de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis (LPPS) y la Asociación Francesa para la Amistad y la Solidaridad con los Pueblos de África (Afaspa).
Según los datos, estas personas proceden de 21 países diferentes de cuatro continentes, siendo Noruega y España los más afectados en las expulsiones de sus nacionales.
El régimen marroquí no quiere testigos para seguir cometiendo violaciones y abusos, no tolerando a ningún observador extranjero en el Sáhara Occidental, por eso se han producido 85 expulsiones en 2016, 68 (incluidos cinco eurodiputados), en 2017, 53 en 2014 y 34 en 2019.
Marruecos también ha expulsado o vetado al territorio a siete ONG internacionales, entre ellas, Human Rights Watch (HRW), Novact, Abogados sin Fronteras, Friedrich Naumann Stiftung, Amnistía Internacional (AI), Free Press Unlimited e incluso la Fundación Carter.
