Las asociaciones ADECES, AI y UCGAL [1] han hecho pública su posición para que las telecos no pujen por los derechos de emisión del fútbol en España si no se reducen las pretensiones de LIGA, UEFA e intermediarios, haciendo recaer la responsabilidad de rentabilizar la inversión y la distribución de la señal en quienes adquieran tales derechos, que a su vez deberán hacerla en condiciones óptimas de calidad que el Gobierno deberá vigilar.
La pasión que desata este deporte entre los aficionados (millones) y el negocio que genera para “millones menos”, provoca demasiado ruido y argumentos falaces para justificar las decisiones que se adoptan, señalan estas asociaciones al hilo de la polémica surgida en torno a la adquisición de los derechos del fútbol en España.
El debate surge al conocerse la intención de la UEFA de incrementar en un 30 %, los precios por los derechos de emisión de la Champions League de la temporada 2018 hasta 2021, continuando la escalada de precios que se ha producido en el fútbol en los últimos años.
Las tres asociaciones solicitan racionalidad y la adopción de un discurso didáctico que evite las tensiones inflacionistas de este tipo de contenidos y los costes de oportunidad derivados de no acometer inversiones en otros campos por la ingente cantidad de recursos que consume el fútbol y los desequilibrios que genera en la cuenta de resultados de los operadores.
Con estos argumentos ADECES, AI y UCGAL señalan:
- El fútbol no es y nunca debió ser declarado como acontecimiento de interés general. Solo una intromisión gubernamental en un conflicto empresarial con fines espurios llevó en su día a otorgarle esta calificación normativa.
- Quienes argumentan que estos precios son necesarios para competir con la Premier y retener a las estrellas, demuestran que su negocio está muy por delante del interés general, ya que no se puede olvidar que para competir con la Liga inglesa es preciso poder obtener sus mismos recursos o parecidos y la diferencia de magnitudes entre países es significativa.
- La Liga, la UEFA o entidades semejantes son asociaciones de naturaleza privada y los gobiernos no deben ni deberían hacerles regulaciones ad hoc para favorecer su posición en las negociaciones sobre los derechos de emisión, como el Real Decreto-Ley 5/2015 para la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol, impulsada por la Liga y Miguel Cardenal (anterior Secretario de Estado para el Deporte) y aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2015. Dicha regulación convirtió de facto a la Liga en un monopolio, saltándose, además todas las alarmas de la Comisión Nacional de Competencia. Por el contrario, los operadores de telecomunicaciones no pudieron adoptar (por reglas de competencia) una posición semejante, provocándose una espiral inflacionista fruto de la posición de desequilibrio en la negociación.
La única regulación a la que debe atender el Gobierno es a garantizar que el servicio, lo dé quien lo dé, se preste en condiciones de calidad. - Los altísimos precios pagados por las plataformas de televisión de pago para hacerse con los derechos de emisión del fútbol no pueden ser compensados por los usuarios dispuestos a contratar este paquete de contenidos (que deberían pagar entre 45 y 50 euros mes), lo que ha llevado a las plataformas a practicar subvenciones cruzadas, encubiertas, más o menos, con mejoras del servicio (ampliaciones de velocidad o ampliación de datos móviles innecesarios, incremento de precios de paquetes de servicios e inclusión en los mismos del fútbol, al margen de los deseos del usuario, etc.) y repartir el coste del fútbol entre todos los abonados, financiando todos ellos la pasión de otros y las malas decisiones de los operadores.
- A diferencia de otros países (Alemania, Reino Unido o Francia) con tasas de penetración de la televisión de pago en hogares que oscilan entre 55 % y casi el 80 %, en España apenas supera el 30%, lo que dificulta obtener la rentabilidad deseada.
- Para colmo, el 35,3% de los hogares contratan la televisión de pago por las series, frente al 30 % que lo hace por los deportes (Panel de Hogares de la CNMC, segundo trimestre de 2016), con lo que las decisiones de inversiones como las deportivas distan mucho de estar justificadas.
- Por último señalar que los abonados, entre ellos los suscriptores de los canales deportivos, entenderán que pagar estos precios detrae recursos para afrontar otros retos: extensión de redes de alta capacidad, ampliación de contenidos propios y más asequibles, etc.
Enlaces:
- [1] AI (Asociación de Internautas). ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales). UCGAL (Unión de Consumidores de Galicia).
