AC Labado
Al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, no le han dolido prendas en la apertura del curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander en reconocer que la crisis económica ha deparado unos “efectos devastadores”, lo que ha conllevado unos “altos costos sociales, como en el aumento drástico del desempleo”.
Eso sí, señaló que la Comisión Europea tiene una alta sensibilidad social, el “pilar social” llamó al objetivo añadido en todos sus actuaciones, dirigida por Jean-Claude Juncker, siempre atento a revertir esta situación para evitar que los “efectos sociales” afecten al crecimiento de la Eurozona.
En clave interna, el comisario se mostró seguro de que “sea cual sea el Gobierno (que salga de las urnas el 26-J), las reglas del juego son las mismas”, por lo que “cumplir con las obligaciones en la Unión Europea no puede depender del color político” del Ejecutivo.
Tras un análisis que basó en parte en las conclusiones del libro de Miguel Sebastián “La falsa bonanza” (Península, 2015) y que centró en la necesidad de disponer de sistemas de alerta temprana ante las variable macroeconómicas, se mostró partidario de “preparar a la Unión Europea para afrontar los retos globales”.
Puso especial énfasis en las decisiones que sobre el cambio climático ha adoptado la Unión y sobre el documento que sacará en octubre la Comisión, que incluirá el referido “pilar social” y en la continuidad a partir de 2018 del llamado “Plan Juncker”, con 42.000 millones de euros entre 2015 y 2017, lo que ha permitido pasar la financiación de uno a quince.
Miguel Arias fue preguntado por cuestiones que han afectado a su gestión dentro del Gobierno de España, como el “caso Acuamed” y la aparición en los “Papeles de Panamá” de su esposa.
Sobre lo primero nunca supo nada irregular ni administrativa ni penalmente, en cuyo caso lo hubiese denunciado, y en lo segundo redundó en el argumento ya expuesto de que se casó en 1978 en régimen de separación de bienes y que sus declaraciones fiscales las ha presentado siempre aparte de su esposa. Por ello, se mantiene trabajando como comisario europeo “con absoluta normalidad” y no le inquieta su posible presencia en una comisión del Parlamento Europeo para ser cuestionado por este último asunto.
Arias Cañete abrió el curso que da el pistoletazo de salida a la programación de verano en la UIMP, en cuya sesión inaugural intervino la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, una bocanada de aire fresco en los previsibles análisis y conocidas conclusiones que se suelen dar en este foro.
No es que la vicepresidenta sea del PSOE cántabro y se separase de aperturas autocomplacientes anteriores con dirigentes gubernamentales del PP, es que en su intervención marcó una clara diferencia a la hora de enfocar el título del curso, “El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis”.
Díaz Tezanos, cuya presencia no estaba prevista en el programa distribuido por la APIE, no dudó en calificar la crisis como una “pesadilla global para todos” y contraponer sin tapujos ni medias tintas las políticas de estímulo que sacaron a Estados Unidos de la crisis de la mamo de Barack Obama, a las de austeridad que ha provocado una “crisis económica de la que todavía no hemos salido”.
Pese a reconocer que “lo peor de la crisis lo tenemos por detrás”, la vicepresidenta cántabra afirmó que “falta mucho para hablar de recuperación” para definir que no es posible olvidarse “del anhelo de los españoles y las españolas de alcanzar la recuperación” de los elementos perdidos en este período.
La sesión de la mañana la cerró el consejero ejecutivo del BBVA, José Manuel González-Páramo, quien apostó por tener “altura de miras y ambición cuando uno se enfrenta a grandes problemas”, lo que no parece que se tuviese cuando, según definió, se dieron al mismo tiempo una serie de circunstancias que por sí solas hubiese requerido la atención: la crisis bancaria, la crisis de la deuda soberana y las tensiones políticas relacionadas con la quita griega.
Quiso alejarse de la complacencia y achacó a la crisis de los refugiados y al Brexit el que las autoridades europeas estén distraídas “de continuar con el proceso de integración”.
No dejó de destacar el “proceso de salida” de la crisis desde 2013, “con tasas de crecimiento que casi duplican a las europeas”, pero con el riesgo de que no siempre el viento de cola sea favorable, con parámetros que se dan ahora y que pueden no mantenerse, como los tipos de cambio, el precio del petróleo y la financiación a tipos bajos por la política del Banco Central Europeo.
Ya por la tarde, y para finalizar la primera jornada, el director general de UBER, Carles Lloret, explicó el nacimiento de la aplicación en 2009 en San Francisco alrededor de coches de alta gama dedicados al traslado de pasajeros, con el nombre de uberBLACK, y su evolución como una empresa de tecnología que sitúa a los conductores a través de algoritmos para maximizar su uso.
Lloret, responsable de UBER en España, Portugal, Italia y Grecia, concretó que en la actualidad la compañía opera en cuatrocientos ciudades del mundo y señaló que en 1914 hubo un antecedente de uso común de coches para aprovechar los traslados de su propietario y el rechazo que provocó con los propietarios de los tranvías, que consiguieron la creación de su regulación a través de licencias y con muchas limitaciones “hasta desaparecer”.
En la actualidad , «seguimos democratizando el precio del transporte» mediante el análisis del nivel de congestión de los viajes individuales en coche y su traslación a los colectivos mediante la compartición de destinos.
En España se opera sólo en Madrid a través de uberX, con conductores profesionales autorizados por la Comunidad Autónoma (licencias VTC), y gracias al número de licencias de este tipo (1600), lo que no se da en otras ciudades (las siguientes en número son Málaga, con 600, y Barcelona, con 400) y donde se está muy por encima de las previsiones iniciales.
El directivo de UBER defendió la capacidad de creación de empleo, unos diez mil según citó sobre un reciente informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con un volumen de negocio de 124 millones de euros, con la ampliación de las licencias VTC.
UBER cobra un 25 por ciento del servicio «porque el mantenimiento de la tecnología es muy cara», hasta el punto que tiene una plantilla de 7500 personas para «arañar tiempo» a través del desarrollo de la aplicación.
En relación con el debate suscitado en la campaña electoral de la existencia de UBER, Carles Lloret dijo que los conductores que están en este servicio sí pagan impuestos, en contra de lo que se quiere instalar en la opinión pública, y defendió el cumplimiento de la legalidad y el alto nivel de exigencia que se tiene con los conductores, lo que incluye, incluso, la exigencia de carencia de antecedentes penales.
UBER tributa en Holanda, según confirmó, ya que el servicio tecnológico se presta desde este país (en Madrid «seremos rentables a muy corto plazo»), y señaló que la empresa se expande a otros sectores, como la mensajería y el comercio electrónico, en base al uso de los recursos tecnológicos aplicados a la movilidad.
