La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la prisión provisional del periodista y ciudadano sueco (de origen turco) Hamza Yalçin, detenido y preso en España desde el día 3 de agosto de 2017. La AN he emitido su auto de confirmación al mismo tiempo que la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados votaba la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para obligarle a debatir el caso en sede parlamentaria.
Tras el arresto de Yalçin, y pocos días después, el día 19 del mismo mes las autoridades españolas procedieron a la detención de Doğan Akhanli, un caso muy similar. Pero éste –por el momento- ha tenido mejor suerte. Su detención fue breve y está en libertad provisional.
Por su lado, Hamza Yalçin, quien se encuentra encarcelado en Barcelona tras ser detenido en la zona de tránsito del aeropuerto del Prat, ha resumido así lo que le sucede:
“Resulta que Tayyip Erdoğan me declaró terrorista porque escribía y hablaba en su contra, y avisó a la Interpol para que me capturaran y me entregaran. Las autoridades españolas, por lo tanto, me detuvieron y encarcelaron. Esperaría que el Gobierno de Suecia, país al que llegué como refugiado político y del que ahora soy ciudadano, protegiera decididamente su propia soberanía y sus valores democráticos”.
Si nos atenemos a estos casos, no parece que España, ni tampoco Suecia -países de la Unión Europea-, protejan especialmente esos valores. Y actúan como si tuvieran limitada su soberanía.
Harlem Désir, representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, se ha dirigido a Jürgen Stock, secretario general de Interpol, para que este organismo internacional de cooperación policial revise cuidadosamente su listado de “alertas rojas” (órdenes de captura) para prevenir su uso espurio por parte de Turquía. Ese uso desviado de la cooperación policial debiera de ser tenido muy en cuenta por los jueces a la hora de decidir si Yalçin sigue encarcelado o queda en la misma situación de libertad provisional que Akhanli.
Según el representante de la OSCE, Interpol ha respondido aplicando a Doğan Akhanli el artículo 3 de sus propios estatutos. Ese punto está diseñado para proteger a cualquier individuo que sea perseguido por su activismo político o religioso. Establece la necesaria “neutralidad” de Interpol ante cualquier proceso político. Tanto Akhanli como Yalçin son ciudadanos de la UE de origen turco, ambos periodistas y escritores. Y nada prueba que “insultar al presidente de Turquía” sea delito en la UE; y nada prueba tampoco que ellos lleven a cabo ninguna actividad violenta. Ni que la promuevan.
Hay, sí, una diferencia entre ambos: el primero es alemán; el segundo, ciudadano sueco. El Gobierno de Angela Merkel, los medios y la opinión pública alemana, reaccionaron con firmeza ante la detención de Akhanli (de quien Erdoğan reclama también la extradición). La reacción de Suecia ha sido tibia. El resultado es que Akhanli está en libertad provisional, aunque deba esperar el resultado último del trámite jurídico que le afecta, y Yalçin sigue encarcelado desde hace tres semanas.
Harlem Désir ha dicho que “Antes de decidir, Interpol debe considerar con cuidado cada caso individual, en especial los que se refieren a periodistas comprometidos en el debate público de Turquía. Interpol no debe permitir que ningún Estado lo utilice de manera desviada para sofocar la libertad de expresión”.
En el mismo sentido se pronunciaron el canciller de Austria, Christian Kern, y la Comisión Europea, que estima que lo que hace Turquía de Interpol es “un abuso”. Porque Erdoğan está utilizando diversas instituciones internacionales para reprimir a quienes están en desacuerdo con el autoritarismo de su gobierno. Ese desvío del objetivo legal de Interpol -que es la detención de delincuentes y terroristas- hace perder credibilidad a las políticas de seguridad comunes.
En Madrid, mientras la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estaba reunida el jueves pasado, Yolanda Quintana, Secretaria General de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), Agustín Yanel, Secretario General de la Federación de Sindicatos de Periodistas; y quien firma esta nota, en nombre de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ/FIP), registramos en el Congreso de los Diputados un escrito denunciando la situación. Está dirigido a los portavoces de todos los grupos parlamentarios.
Es preciso recordar, una vez más, que Hamza Yalçin vive en Suecia desde 1987, adonde llegó como refugiado político. Y es ciudadano sueco desde 2005.
Por todo lo anterior, cabe hacerse unas preguntas sencillas: ¿qué credibilidad merecen las acusaciones de Erdoğan, quien es -de manera probada- el mayor encarcelador de periodistas del mundo? ¿Va Interpol a modificar sus alertas rojas si todo indica que pueden ser utilizadas para otros fines que los establecidos en su propia normativa?
No sólo España, tampoco Suecia, ni la UE, ni Interpol, deben aceptar convertirse en cómplices de Recep Tayyip Erdoğan. ¿Hasta cuándo la UE y sus estados miembros seguirán obedeciéndole y cumpliendo esas turbias órdenes de detención? Quien tiene riesgo de fuga es Erdoğan, no sus críticos en Turquía o en la UE. Una huida adelante cada vez más alejada de cualquier parámetro democrático.
Hamza Yalçin y Loup Bureau, periodistas: víctimas de Erdoğan y de la inacción de la UE
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