Sería faltar a la verdad decir que nada ha cambiado, pero también constituiría una enorme injusticia afirmar que hay avances trascendentales desde que las mujeres adquirieron el derecho de votar en Guatemala, en 1945 y solo para las alfabetas; porque quienes no sabían leer y escribir no lograron ese “privilegio” hasta 1965.
En el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2007/08, titulado Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo humano?, se menciona que el sistema democrático tiene implícitas una serie de condiciones. Se indica que la ciudadanía, considerada en un sentido estricto como el ejercicio de derechos de esa índole, restringe la misma para quienes llegan a la mayoría de edad, excluyendo de derechos ciudadanos más amplios e igualmente exigibles a grandes segmentos de la población.
Por eso se incluyeron otras connotaciones y dimensiones, entre ellas la ciudadanía civil, que comprende el derecho a la vida, a la seguridad, la integridad física, el acceso efectivo a la justicia, la no discriminación, la libertad de prensa, el derecho a la información, derechos tan violentados como reclamados insistentemente a las autoridades, en quienes recae la obligación de garantizarlos.
También ahora se habla de ciudadanía social, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos: el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo decente, a vivienda digna y a un entorno amigable, aspectos de los que tampoco disfrutamos. Pero hay otra dimensión de la ciudadanía, íntimamente vinculada con los derechos económicos, que en cierta medida son los que garantizan el efectivo ejercicio de los derechos humanos, ya que es ahí donde radica la igualdad real, no formal.
Se afirma que la ciudadanía económica implica la posibilidad de participar en la toma de decisiones económicas, que puedan incidir en disfrutar de los beneficios de las actividades económicas y que tienen que ver con la posibilidad de disponer de un ingreso suficiente para asegurar su desarrollo humano y el de su grupo de pertenencia.
Pero nosotros tenemos muchos ejemplos para ilustrar cómo a las mujeres se nos ha limitado el pleno ejercicio de esos derechos de ciudadanía. En el ámbito laboral, las mujeres no gozan de igualdad de derechos en relación con los hombres. En los ascensos y oportunidades en muchas ocasiones se les discrimina. Según la OIT, Guatemala es el país con menos equidad salarial de género en América Latina.
Reiteradamente se ha dicho que las mujeres aspiramos a ser ciudadanas plenas, con derechos, no simples consumidoras, ni objetos o seres subordinados, para lo cual hay que modificar las estructuras, cambiar el contexto, transformar lo cotidiano. Exigimos los derechos que nos corresponden como personas para vivir con dignidad y equidad.
El 8 de este mes se conmemoró el día de la ciudadanía de las mujeres, pero todavía falta saldar una gran deuda social; hay que romper con los miedos y los prejuicios, es indispensable reconocer la existencia de relaciones desiguales de poder que han provocado desigualdades para avanzar.
Guatemala, 10 de septiembre de 2014.
