El nivel de secuestro, la quema o la censura de libros es siempre un barómetro de nuestras libertades.
En España, acaba de publicarse un extenso estudio –erudito y meticuloso– sobre miles de libros censurados en su dia por el franquismo y que han permanecido encerrados durante décadas en la Biblioteca Central Militar (Libros en el infierno, por Inocencia Soria González y Fernando Torra Pérez, Editorial Sílex).
La palabra ‘infierno’ es aquí vocabulario tradicional de las bibliotecas en las que –por motivos políticos o religiosos– existían secciones prohibidas.
Ahora, un libro infantil de la actriz Julianne Moore, con dibujos de la ilustradora LeUyen Pham,ha sido prohibido en 160 escuelas pertenecientes al ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que se encuentran tanto en el mismo país como en otros países.
Julianne Moore se ha declarado escandalizada y «muy afectada», también porque es hija de militar y ella misma estudió en esa red de escuelas para familias de las fuerzas armadas de su país.
El libro en cuestión se titula Freckleface Strawberry (podríamos traducirlo como ‘Fresa cara de peca’). Los censores han localizado en sus páginas el peligro potencial de «una posible relación con la ideología de género y temas referidos a la discriminación de la ideología igualitaria».
https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/24/trump-book-bans-school-libraries
La prohibición no es definitiva, pero ilustra bien el ascenso de la censura que va paralelo al del presidente Donald Trump.
En la historia de EEUU ha habido otros periodos de censura de libros y autores, pero esa tendencia no tenía el aval que tiene hoy con la nueva Administración y sus aliados políticos.
¿Por qué el libro de Julianne Moore, ya que Freckleface Strawberry no parece contener ningún contenido polémico, ni político?
Quizá porque la actriz ha alzado su voz en varias ocasiones por los derechos de la comunidad LGTBQ+ y se ha declarado favorable al control de la venta de armas.
El diverso movimiento de airados censores se defiende diciendo que lo único que hacen es oponerse al adoctrinamiento de lo que consideran cultura woke (despierto, consciente).
Y para personajes como Ron DeSantis, gobernador de Florida, no hay sino bulos sobre la censura, ya que esos miles de títulos y libros enviados al infierno en las escuelas públicas siguen a la venta fuera de los espacios y bibliotecas escolares.
El objetivo es limitar el debate mediante leyes como la Parental Rights in Education Act (PREA), mediante la que se pretende que sólo esté disponible un abanico mínimo de puntos de vista conservadores, para los que la palabra gay es inutilizable en las clases lo mismo que los temas identitarios o sexuales.
La PREA citada entierra, por ejemplo, obras de la Premio Nobel 1993 Toni Morrison, de autores como Kurt Vonnegut o de la escritora Margaret Atwood.
Según dice la asociación de escritores PENAmérica, desde julio de 2023 más de diez mil libros han sido censurados en distintas instancias, bibliotecas y escuelas públicas de 220 distritos de casi una treintena de estados del territorio estadounidense.
«Si hacemos el recuento total desde julio de 2021, hemos registrado 15.940 prohibiciones de libros en 415 distritos escolares de 43 estados », precisa el PEN América.
Al repasar las estadísticas del PEN America, descubrimos que en pocos años los actos de censura de libros se han cuadriplicado en los Estados Unidos. Los 2.532 del periodo 2021-2022 ascienden a 10.046 en el bienio 2023-2024.
Hay que precisar que los libros que estaban en esas instituciones públicas y educativas se encontraban allí tras haber sido seleccionados por educadores y libreros «como parte de las posibilidades del proceso educativo».
De modo que el PEN América habla de censura únicamente cuando esa selección anterior ha sido anulada caso por caso, ya sea por el consejo escolar o la dirección de los centros de enseñanza, por sus administradores o por políticos.
La censura es multiforme. Puede tener un eje local, estatal o federal, pero la iniciativa corre a cargo de familias, individuos particulares o asociaciones civiles o religiosas. Puede ser completa o parcial, temporal o definitiva. A veces, los estudiantes pueden tener acceso a algún libro censurado mediante autorización especial de las autoridades educativas y/o de sus padres.
Y tras la prohibición de determinados títulos, los mismos censores promueven el ostracismo de sus autores.
Los contenidos objeto de mayor censura se refieren a las cuestiones raciales, a cuestiones de la comunidad LGBTQ+ y al sexo. En algún momento, el PEN America habla de «ambiente de censura» en general.
Los contenidos literarios más corrientemente censurados hablan de la muerte y la pena, el uso o abuso de determinadas sustancias, de empoderamiento, de autoestima y enfermedades mentales.
Entre los soportes censurados no hay únicamente libros impresos, sino también libros electrónicos, audiolibros u otros modos de reproducción oral, visual o de texto.
En el mismo estudio, se refieren a un tipo de censura vergonzante por parte de sus responsables que el PEN America llama soft censorship (censura suave), que está expandiéndose casi en silencio o de modo sorprendente o repentino.
Por ejemplo, cuando un autor o autora es desinvitado a la presentación previamente organizada de su obra. También cuando los responsables de una biblioteca retiran libros (o los esconden) por miedo a la ira o a los ataques extremistas.
Algunas ferias del libro locales, tradicionales en muchos lugares, ya no se celebran, mientras diversas asociaciones promueven ferias del libro abiertamente conservadoras.
Las leyes territoriales que han aprobado determinados estados obligan incluso a trabajar para la censura a distintos empleados públicos. El PEN América estima que el coste presupuestario de ese trabajo censor impuesto por las autoridades y las leyes asciende a unos 3.200 millones de dólares (sic) en todo el país.
Ejemplo: en un distrito del estado de Utah se necesitaron 500 horas para poder responder adecuadamente a más de doscientas denuncias sobre 42 libros concretos. Los profesionales que hicieron esa tarea –obligada por la ley en Utah– calculan que el gasto presupuestario de su trabajo ascendió 20.000 dólares.
El impacto negativo de todo el proceso descrito en el informe meticuloso del PEN America no deja de aludir a la pérdida de referencias culturales, individuales y sociales, que afectan al conjunto de los miembros de la comunidad educativa estadounidense.
Incluso a su estabilidad emocional y a la salud mental de los estudiantes.
En algún momento, el informe lo concreta refiriéndose a un clima creciente de «sometimiento, estrés y miedo».
