La Cumbre de la Amazonia, que reunió a los gobernantes de la cuenca el martes 8 y el miércoles 9 de agosto 2023; así como a representates de la sociedad civil en los días previos, en Belém do Pará, en el norte de Brasil, ha representado un intento de empoderar a los países de abundancia forestal en los trópicos y también los pueblos indígenas y locales, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
«Unidos por nuestros bosques», es el título del comunicado conjunto con que terminó la Cumbre de los ocho países amazónicos más Congo-Brazzaville, la República Democrática del Congo, Indonesia –como países con grandes bosques tropicales- y San Vicente y las Granadinas, como presidente actual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En la mitad de los diez puntos del comunicado se reprocha a los países industriales del Norte. Primero por el incumplimiento de sus compromisos de proporcionar cien mil millones de dólares anuales para que los países del Sur en desarrollo enfrenten la crisis climática, 0,7 por ciento de su renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo y de doscientos mil millones de dólares anuales hacia 2030 para la conservación de la biodiversidad.
Además, en el comunicado se condenan medidas ambientales como «una restricción encubierta al comercio internacional», reclama «acceso preferencial de los productos forestales» y que los países ricos aceleren la descarbonización de sus economías.
La emergencia climática ya afecta los bosques tropicales en todo el mundo, se agrega en una aparente respuesta a las presiones de los países desarrollados por el fin de la deforestación en los países tropicales.
En cambio, un reconocimiento de la «inestimable contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales» a la conservación de los bosques tropicales encabeza el documento, que llama los países poseedores de gran biodiversidad y riqueza forestal al diálogo por mayor influencia en los foros internacionales y en la gestión de los recursos para la conservación.
Participaron en la cumbre de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica (Otca) cuatro presidentes de países amazónicos, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, y los dos congoleses. Los demás miembros del grupo –Ecuador, Guyana, Suriname y Venezuela- estuvieron representados por otros altos delegados de los gobiernos.
Indígenas y ambientalistas frustrados
Cerca de treinta mil personas participaron en la cumbre paralela de los pueblos, en el ámbito de los «Diálogos Amazónicos», del 4 al 6 de agosto 2023.
La asamblea indígena, con más de ochocientos representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa –parte de la cuenca pero no integrante pleno de la Otca por ser territorio europeo- y Suriname, aprobó una carta a los jefes de Estado en que reclaman sus derechos, especialmente la demarcación y protección de sus territorios.
Los dirigentes de las organizaciones indígenas, así también los ambientalistas, lamentaron la ausencia de metas y plazos para los grandes desafíos amazónicos, como la deforestación, la demarcación de territorios indígenas y de áreas de conservación.
«Asegurar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y tradicionales» es una de las 113 «decisiones» que componen la «Declaración de Belém», firmada solo por los gobernantes y delegados de los ocho integrantes de la Otca, conformada en 1995 para operar el Tratado, suscrito en 1978.
La cuenca amazónica es un bioma de selva tropical con 7,5 millones de kilómetros cuadrados y más de cuarenta millones de habitantes -según datos del gobierno brasileño-, dos millones de ellos pertenecientes a quinientos pueblos indígenas. La Cumbre de Belém fue la primera del grupo desde 2009.
«Me alentó el gobierno al reconocer que las soluciones para la Amazonia solo serán eficaces con la participación de las poblaciones tradicionales, que no pueden venir desde fuera o de arriba abajo, que el desarrollo sustentable solo se hace con y para la población local», evaluó Manuel Cunha, un líder comunitario y actual gestor de la Reserva Extractivista Medio Juruá.
El Juruá es uno de los grandes afluentes del río Amazonas en cuya cuenca la reserva de 287.000 hectáreas se convirtió en un ejemplo de bioeconomía, con sus cerca de trescientas familias recolectando caucho y otros productos forestales, como aceites de frutos, además de la pesca con manejo de peces amazónicos, como el pirarucu (Arapaima gigas).
Principios alentadores
«Tres novedades me alentaron en esa cumbre», acotó Cunha, un extractivista de caucho de 55 años de edad, que se considera «prestado al gobierno», como funcionario del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, un órgano del Ministerio de Medio Ambiente, para administrar la reserva.
Además de la participación social, los ocho gobiernos prometieron un esfuerzo conjunto para combatir el «garimpo», como se llama localmente la minería informal y casi siempre ilegal que está contaminando los ríos de mercurio, un metal pesado dañoso para el sistema nervioso, e incorporaron la sociedad local a la bioeconomía.
«Hay que hablar de sociobioeconomía, porque solo bioeconomía permite incluir el monocultivo de soja, con el uso de venenos agrícolas, y la ganadería extensiva», arguyó Cunha a IPS, por teléfono desde Coari, en su escala del vuelo de regreso desde Belém a Carauarí, donde vive en la orilla del río Juruá.
La colaboración de todos en el combate a la minería es indispensable porque su actividad en la parte alta de una cuenca «envenena el agua de todo el río, por ende los peces y luego las personas, en un efecto dominó», explicó.
En el bioma amazónico hay 4114 explotaciones garimpeiras ilegales, que echan más de 150 toneladas anuales de mercurio en sus ríos, registró la Otca. En los últimos cuatro años la actividad se intensificó en Brasil, bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), un incentivador de la minería incluso en tierras indígenas.
Además de acciones para «erradicar la exploración ilícita de minerales», la Cumbre Amazónica reconoció la expansión del crimen organizado en la región y la necesidad de la cooperación regional para enfrentar los variados delitos, no solo ambientales.
Un Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonia deberá tener sede en Manaus, capital del estado brasileño del Amazonas.
Temor al punto de inflexión
Pero es la deforestación la gran amenaza al bioma. La declaración gubernamental reconoce el riesgo del «punto de no retorno» o de inflexión, advertido hace tiempo por los investigadores para la Amazonia, si la parte deforestada supera veinte por ciento de sus bosques.
A partir de ese punto el deterioro forestal es irreversible y la tendencia, según los climatólogos, es la sustitución de los bosques tropicales en sabanas.
Las estimaciones de la deforestación actual varían entre diecisiete y dieciocho por ciento, pero hay un factor de incertidumbre que son las áreas degradadas, de supresión parcial de la vegetación original, que alcanzan una extensión superior.
En gran parte del sur y este de la Amazonia brasileña, de intensa deforestación, se sobrepasó el punto de inflexión, donde las investigaciones comprobaron que la emisión de gases del efecto invernadero superan la captura que es natural en los bosques.
Pero se puede recuperar la capacidad de regeneración forestal con una amplia e inaplazable reforestación, según Carlos Nobre, copresidente del Panel Científico para la Amazonia.
El gobierno brasileño fijó como meta la «deforestación cero» en la Amazonia hasta 2030. Pero no logró que la Cumbre lo aprobara como meta general.
La declaración de Belém anuncia una Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación, «para evitar el punto de no retorno».
Las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reclamando el apoyo financiero de las naciones ricas y las resoluciones de la Cumbre hacen de los bosques tropicales un instrumento de poder en las negociaciones internacionales.
«Si quieren preservar lo que hay de bosques, hay que poner dinero no solo para cuidar la copa de los árboles, sino también el pueblo que vive debajo», dijo Lula para cobrar el prometido aporte del «mundo rico» para la mitigación del cambio climático.
Lula, como anfitrión de la Cumbre y presidente del país que contiene 62 por ciento del bioma amazónico, adoptó el activismo ambiental y climático como factor de su protagonismo internacional.
Pero puede perder su nueva imagen de campeón del ambientalismo si logra la aprobación, por las autoridades ambientales, de pozos exploratorios de petróleo en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas.
La autorización, pedida por la empresa estatal Petrobras, fue negada en mayo, pero Lula ya declaró tener esperanza de una nueva decisión favorable. En la Cumbre Amazónica tuvo como opuesto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que propuso abolir la actividad petrolera en toda la Amazonia, también sin lograr el consenso.
