El policía Luis Ángel León Rodríguez desapareció en México, junto con otros seis agentes y un civil, el 16 de noviembre de 2009, cuando iba a cumplir con una actividad en el occidental estado de Michoacán. Seis días después, su madre, Araceli Rodríguez, comenzó el calvario de su búsqueda, escribe Daniela Pastrana (IPS)
En tres años, tocó todas las puertas, escuchó de los agresores de su hijo cómo lo desintegraron y consiguió dos indagaciones infructuosas de los restos, supuestamente enterrados bajo un aguacatero.
Sin embargo, en abril llegó a su casa una citación oficial del Control Interno de la policía federal, que emplazaba al agente Rodríguez a presentarse el 15 de mayo «sin uniforme ni arma de cargo» y «asistido por un (abogado) defensor» para responder por el incumplimiento de sus obligaciones como servidor público y abandonar su trabajo.
La madre se presentó a la cita con la misma fotografía que ha llevado a las caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a los encuentros con el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), conservador, y a múltiples entrevistas: «Aquí está mi hijo, con uniforme, porque no se lo pude quitar, sin arma, y con su abogado, que soy yo. ¿Les puedo imputar cargos a ustedes, que perdieron a mi hijo?», reclamó.
El titular del área, Paul Aguilera, alegó que la institución no tiene una base de datos para conocer la situación de cada uno de los agentes y, en cambio, tiene pendientes de enviar 16.000 oficios.
«Lo que me hicieron es una crueldad, y lo peor es que si esto pasa en mi caso, que es tan visible, ¿qué será con los otros miles que no han llegado hasta acá?», dijo Rodríguez a IPS.
Para las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, México afronta una tragedia humanitaria por las personas desaparecidas por la violencia que dejó el gobierno de Calderón, finalizado en diciembre.
Hay 26.000 personas con paradero desconocido, según el listado que en febrero difundió la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). Pero en la lista no aparecen, por ejemplo, 86 de los 140 casos de desaparición forzada documentados por la no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Washington, en el informe «Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada».
Tampoco incluye a víctimas de casos que relevaron las movilizaciones del Movimiento por la Paz en 2011, como los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, el ajedrecista Roberto Galván Llop o Yahaira Guadalupe Bahena, cuya madre realizó dos huelgas de hambre para demandar respuestas.
Ahora, el informe «Confrontando una pesadilla: desapariciones en México», presentado el martes 4 por Amnistía Internacional, advierte que hay «un patrón sistemático de desapariciones y desapariciones forzadas» que fue ignorado por el anterior gobierno.
La organización humanitaria, con sede central en Londres, documentó 152 casos de personas desaparecidas. En 85 de ellos hay evidencia de la participación de funcionarios públicos.
Destacan las historias de profesionales reclutados forzadamente por grupos criminales, entre ellos, seis ingenieros telefónicos secuestrados en junio de 2009 en el norteño estado de Tamaulipas.
Sin embargo, la información disponible muestra apenas la punta de un iceberg que amenaza con estrellarse de frente contra el barco del también conservador presidente Enrique Peña Nieto.
Una investigación del diario Milenio, basada en informes municipales incompletos y publicada en octubre de 2012, indicó que durante el gobierno de Calderón fueron enviados a fosas comunes más de 24.000 cuerpos sin identificar. No hay datos disponibles para saber cuántos de esos cuerpos corresponden a los de personas desaparecidas.
La incapacidad de la infraestructura mortuoria tiene un rostro visible. En este país de 117 millones de personas, hay solo 25 antropólogos forenses.
Una docena de entidades no tiene laboratorios de genética. Los criterios para las exhumaciones y el tratamiento de cadáveres no identificados no están homologados, y algunos, incluso, son incinerados.
Los expedientes de las personas enviadas a fosas comunes están, en el mejor de los casos, incompletos, sin huellas dactilares, peritajes de fotografía o genética confrontados con los datos nacionales. En otros casos, son equivocados.
El gobierno se niega a aceptar que existe una tragedia humanitaria, pero el 21 de febrero firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que el organismo internacional asesore en la creación de un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.
Hay casos como el de Bárbara Reyes, desaparecida a los 17 años en agosto de 2011 y cuyos restos fueron encontrados 18 meses después en una fosa común. Para encontrar el cuerpo fue necesario cavar 64 metros por tres días. «Solo recuperé los huesitos de mi hija», dijo a IPS su madre, Lourdes Muñiz.
También el de Alejandra Viridiana Osornio, secuestrada en noviembre de 2011 en un bar de la periferia de Ciudad de México. Después de recorrer las morgues del país, su madre, Beatriz Mejía, la encontró el mes pasado, en los registros del anfiteatro de la delegación donde hizo la denuncia por la desaparición.
El cuerpo de la joven había estado ahí dos meses, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, clasificada dentro de los no identificados (NI): «La tuvieron dos meses y la mandaron a una fosa común. ¡Dos meses en los que prácticamente fui todos los días a preguntar si sabían algo! ¿Cómo pueden ser así?», criticó Mejía.
Casos similares han destapado una cloaca en el estado de México, colindante con la capital y que ocupó el primer lugar en feminicidios mientras fue su gobernador Peña Nieto (2005-2011).
Pero las historias de familiares que recorren fosas y cementerios buscando cuerpos NI o que tienen que «rescatar» investigaciones de los archivos, se multiplican en el país.
«Me dijeron que ya no tienen más líneas que seguir y mandaron el expediente al archivo», dijo Brenda Rangel a IPS. Su hermano menor, Héctor, desapareció en noviembre de 2009 con otras dos personas cuando fue a hacer una cobranza al norteño estado de Coahuila.
En respuesta a la presión de los familiares, el gobierno anunció el 17 de mayo la creación de una unidad especializada de investigación para la búsqueda de desaparecidos, que estará a cargo de la Procuraduría (fiscalía) General de la República.
Ya comenzó a trabajar, pero le asignaron solo 12 agentes investigadores.
Para completar el desolador cuadro, la crisis de desaparecidos alcanzó a la capital del país, que hasta ahora parecía blindada frente a la violencia.
El 26 de mayo, 11 jóvenes originarios del popular suburbio de Tepito fueron secuestrados en un bar del céntrico y turístico barrio de Zona Rosa. Diez días después, la policía sigue sin pistas.
