La raza, el origen étnico, la religión, el género y la discapacidad continúan determinando las posibilidades de vida y el bienestar de las personas en Reino Unido en formas que son inaceptables y, en muchos casos, ilegales, sostiene un informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre racismo y derechos humano, E. Tendayi Achiume.
Según este informe, a pesar de la existencia de un marco legal dedicado a combatir la discriminación racial, las políticas del Gobierno del Reino Unido exacerban la discriminación, alimentan el sentimiento xenófobo y afianzan aún más la desigualdad racial.
E. Tendayi Achiume cita en un informe que presentará al Consejo de la ONU sobre Derechos Humanos, las persistentes disparidades raciales en educación, empleo, vivienda, salud, vigilancia, interacciones con la policía, procesamientos y encarcelamiento, entre otros.
«La exclusión socioeconómica estructural de las comunidades de minorías raciales y étnicas en el Reino Unido es sorprendente», señala el informe, preparado después de una visita de investigación al país en abril y mayo de 2018.
Una discriminación que no debería sorprender
Achiume dice que sus hallazgos no deberían sorprender al Gobierno, ya que los datos e informes gubernamentales, incluidos la Auditoría de Disparidad de la Raza, la Revisión Lammy y el trabajo de la Comisión de Igualdad del Reino Unido, revelan la persistente exclusión y marginación de las minorías raciales y étnicas.
«Informes confiables han demostrado que las medidas de austeridad han sido desproporcionadamente perjudiciales para los miembros de las comunidades de minorías raciales y étnicas, que también son las más afectadas por el desempleo. Al mismo tiempo, las minorías raciales y étnicas están representadas en exceso en la ejecución de la justicia penal y tienen una representación insuficiente en las instituciones que juzgan el delito y el castigo”, agrega.
La relatora también señala que “hay pruebas claras” de que la aplicación del “contra extremismo» se dirige de manera desproporcionada a los grupos por motivos de pertenencia étnica y religiosa, en violación de sus derechos humanos. La política ha transformado instituciones públicas como hospitales, escuelas, universidades e incluso la policía, en sitios de exclusión, discriminación y ansiedad nacional.
“En un contexto más amplio de ansiedad nacional contra los inmigrantes, el resultado predecible de la política de inmigración del Gobierno del Reino Unido es la discriminación racial y la exclusión racial. El escándalo de Windrush es un claro ejemplo «, sostiene.
Brexit y la discriminación
El informe de Achiume también señala que los propios datos del gobierno confirman que las consecuencias del referéndum Brexit coincidieron con un aumento en los delitos de odio, la retórica antimigrante y la discriminación racial, étnica y religiosa.
“Para ser claros, Brexit no ha introducido recientemente el racismo y la xenofobia en el Reino Unido; ambos tienen un largo legado que se remonta a los proyectos históricos europeos de esclavitud y colonialismo. Dicho esto, los debates nacionales y ciertas prácticas y políticas antes, durante y después del referéndum Brexit en 2016 han ampliado la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el Reino Unido. Los actores públicos y privados han jugado papeles peligrosos para alimentar la intolerancia. Entre ellos, los políticos y los medios de comunicación merecen una atención especial dada la influencia significativa que ejercen en la sociedad».
Los datos importan
Achiume da la bienvenida a las iniciativas del Gobierno durante la última década que han dado lugar a mejores datos y revisiones más completas de la desigualdad racial, incluido un informe de progreso en cuestiones que planteó en su declaración al final de su visita en mayo de 2018.
«Sin lugar a dudas, los intentos del Reino Unido de recopilar datos desglosados, revisar resultados discriminatorios y redactar planes de acción son vitales para la consecución del derecho humano a la igualdad racial. Sin embargo, el Gobierno no debe confundir la recopilación de datos y las revisiones parciales con la acción que está obligado a tomar en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, asegura la experta.
La relatora advierte que el Gobierno tiene el deber de proceder a revisiones exhaustivas e implementar sin demora medidas concretas dirigidas a poner fin a la discriminación racial y garantizar la igualdad racial.
