De 58.000 mujeres que sufrieron violencia y buscaron protección por parte del Estado, sólo el 7% la recibió, según revela un informe elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Este informe recoge datos de enero 2011 a junio de 2012 y ha sido elaborado con datos de 21 Estados, a pesar de que le fueron solicitados a 27. Los que hicieron caso omiso fueron Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco. Curiosamente, algunas de las instancias reconocen que no les prestan ayuda “porque ellas (las mujeres) no lo solicitan”.
El informe refleja también claramente que en este país persiste el patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades para emitir órdenes de protección. Estas órdenes son una medida mínima para prevenir un daño mayor y está ordenada por le Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv).
La violencia contra las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, representan un grave problema para las mujeres mexicanas, que implica la violación sistemática de sus derechos humanos fundamentales, y devela las condiciones de discriminación social y jurídica en que viven. El gran problema es la violencia institucional.
La Lgamvlv define a la violencia institucional como: los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En este sentido, el Observatorio, ha detectado una clara en incapacidad de los tres órdenes de gobierno para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Feminicidio sin reconocer
En México, el feminicidio abarca los asesinatos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado, quien, por acción u omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las mujeres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre el contenido del deber de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra ellas. Pero los estamentos mexicanos parecen sordos.
Para proteger a las féminas se requiere que las autoridades encargadas de recibir las denuncias tengan la capacidad de entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas, y de actuar de inmediato; es decir, el Estado debe aplicar la debida diligencia para actuar en forma expedita. Sin embargo, en este país las denuncias se guardan en un cajón, o, directamente, van a la papelera. Eso, cuando no se le dice a la mujer que es una exagerada, que quizás ella no sabe “llevar” a su marido y que, en última instancia, se tratará de una pelea de “enamorados”. Y mandan a la mujer a casa sin registrar el incidente.
Los datos recogidos en el informe reflejan la existencia de un patrón de impunidad y omisión, debido a que las entidades federativas no están garantizando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar de que, de acuerdo a ONU Mujeres, al menos el 30% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en el 2010 ocurrieron en la vivienda, lo cual permite presumir que los agresores eran conocidos, parejas o familiares.
Las cifras
Los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012, no emitieron ninguna orden de protección. En ese periodo de tiempo, en ocho entidades ocurrieron 1235 asesinatos de mujeres: 320 se registraron en el Estado de México; 168 en Sinaloa; 169 en Tamaulipas; 142 en Jalisco; 138 en Nuevo León; 125 en el Distrito Federal; 102 en Oaxaca, y 71 en Sonora.
Morelos no determinó órdenes de protección porque “el reglamento para la Aplicación de las órdenes de protección en materia de violencia familiar fue publicado el 5 de septiembre de 2012”. En Nuevo León se iniciaron 7.316 averiguaciones previas y no se otorgó ninguna medida de protección. En Puebla, la Procuraduría (fiscalía) del Estado, manifestó tener conocimiento de 6.237 casos, pero tampoco emitió orden de protección alguna, pues “las agraviadas son las que no optan por estas prerrogativas.”
En Chiapas, de 1.077 hechos de violencia que conoce la Procuraduría, las autoridades manifiestan haber emitido 36 órdenes de protección. En Chihuahua, de 7.342 conocidos en entre agosto y octubre de 2012, otorgaron únicamente siete órdenes. En el Distrito Federal ocurrieron 15.276 casos, pero sólo se emitieron 564 medidas de protección. En lo que respecta a Oaxaca, de 3.249 reconocidos por la Procuraduría, sólo otorgaron 126; es decir, únicamente el 3,8% recibió algún tipo de protección.
Por otro lado, hay que aclarar que la mayor parte de las órdenes que se han otorgado son de carácter urgente, y consisten en que la policía vigile el domicilio de la víctima, la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, etc. de la víctima y de sus familiares. La mayoría de los estados establecen 72 horas como vigencia de la orden de protección. Veracruz es el único estado que contempla 180 días; y Quintana Roo determina que la orden de protección dura en tanto exista riesgo para la mujer.
Hay estados, como Oaxaca y Sinaloa, que están haciendo esfuerzos importantes para implementar las órdenes de protección a través de protocolos de atención que les permita mejorar. Sin embargo, la lucha ha quedado acotada a la violencia intrafamiliar, que invisibiliza la violencia específica contra la mujer.
El Estado de México, en 2009, y de acuerdo con información de ONU Mujeres, registró una tasa de 3,66 defunciones femeninas por cada 100.000 mujeres, colocándose por encima de la media nacional. Sin embargo, la Procuraduría ha confirmado que no lleva un registro del total de la violencia femenina.
Alertas de género
Hay otro “hándicap” importante que impide proteger a las mujeres: la imposibilidad de aprobar mecanismos jurídicos que permitan cuantificar los homicidios como feminicidios.
El OCNF ha documentado que, en dos años (2011 y 2012) han sido asesinadas 2.440 mujeres en 12 estados del país, de las cuales, aproximadamente, el 50% han sido privadas de la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza física (como golpes, mutilaciones, cortaduras, asfixia y quemaduras). Sin embargo, en 10 estados sólo se han acreditado 388 feminicidios.
Para la socióloga María de Luz Estrada, impulsora del Observatorio, del que es coordinadora ejecutiva desde 2007, la impunidad, la omisión por parte de los operadores de justicia, y la discriminación contra el género femenino, son las principales causas de estos hechos. Para ella, la falta de investigación y captura de los feminicidas provocan un ambiente permisivo de impunidad, idóneo para la reproducción crónica de violaciones sistemáticas contra las mujeres, como lo ha establecido CoIDH en varias jurisprudencias. Es importante señalar, afirma, que el Sistema de Derechos Humanos ha venido incluyendo el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, como ha sido la CEDAW y el Estatuto de Roma; sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso para la protección de los derechos de las mujeres, como se muestra en el Estado de México.
Estrada asegura que demostrar que un homicidio debe considerarse feminicidio es una tarea ardua, pues han detectado omisiones graves, impunidad y discriminación, lo que hace que las autoridades no acrediten el tipo penal de feminicidio. Ello les obliga a apelar la reclasificación del delito en el poder judicial. “Un ejemplo claro lo tenemos en el Estado de México”, concluye, “donde, de 568 homicidios de mujeres ocurridos en 2011 y 2012, tan sólo se han podido acreditar 144 feminicidios”.
