Los estados latinoamericanos siguen en deuda en la garantía de derechos educativos, sexuales y reproductivos de las mujeres, acusan activistas de diferentes regiones del mundo congregadas en la capital mexicana, informa Emilio Godoy (IPS).
«Hay temas pendientes en economía, educación, violencia y salud sexual y reproductiva. El cumplimiento de las leyes es la parte más débil. No hay una política integral de los gobiernos para atender esos temas», dijo a IPS la argentina María Oviedo, responsable de capacitación del no gubernamental Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
La especialista asistió, junto a docenas de defensoras de derechos femeninos de América Latina, Europa, Asia y África, en el seminario «Incidencia en red: el desafío que los estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres», iniciado el martes 7 y que se clausurará el viernes 10.
Esa red, creada en 1987, lanzó en 2011 la campaña mundial «Por un estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres. Ya es hora, ya es tiempo», con financiamiento de la Unión Europea y la organización holandesa Oxfam Novib y que concluirá en 2015.
En América Latina, los indicadores como educación primaria, trabajo e ingresos mejoraron la última década, pero las mujeres aún padecen brechas importantes en relación con los hombres que mantienen la persistencia de la desigualdad de género, en una región con una cultura muy patriarcal.
Los varones ascienden a unos 163 millones y las mujeres a 113 millones de la población económicamente activa de la región, y la previsión para 2020 es que esos guarismos alcancen 188 millones y 141 millones, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Además, la participación en la actividad económica de las mujeres de la región ha venido en aumento y la Cepal calcula que en 2020 las mujeres que trabajarán fuera de sus hogares representarán 56 por ciento del total, frente a 52 por ciento de 2010.
«En la violencia cotidiana impera la desigualdad y la injusticia. Donde están atoradas todas las luchas de las mujeres es en los procesos de justicia. Por eso, es necesario cambiar estructuras», señaló a IPS la experta Gabriela Delgado, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Entre las obligaciones pendientes de los estados figuran reformas legislativas para alcanzar la igualdad formal, la aplicación de políticas para lograr esa meta en el acceso a recursos económicos, a vivir sin violencia, a disponer de derechos sexuales y reproductivos y educación antidiscriminatoria y no sexista.
Las activistas han identificado leyes que toleran la violación sexual, bajo pretextos como matrimonio entre victimario y víctima, que estipulan edad diferentes para hombres y mujeres para casarse o mayores derechos matrimoniales para los varones en países como Argentina, Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá.
Además, entre 17 y 53 por ciento de las mujeres de la región padecen violencia y lo que agrava ese panorama es que 92 por ciento de las denuncias quedan impune.
Asimismo, solo 10 naciones latinoamericanas han despenalizado el aborto, mientras que en la mayoría predominan legislaciones prohibicionistas y restrictivas.
Para la española Rosa Cobo, académica de la pública Universidad A Coruña, surge una mezcla de formas de violencia antiguas que resucitan y otras nuevas, asociadas a fenómenos emergentes como la economía ilegal y el crimen organizado: «Vivimos un escenario mundial de desorden geopolítico, económico, político y patriarcal que produce un excedente de violencia que siempre recae en sectores en inferioridad social o más débiles», analizó Cobo ante IPS.
La experta citó entre esas manifestaciones los feminicidios en Guatemala y en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, la violencia de género en conflictos armados, la trata de mujeres para explotación sexual y la compra de novias en Asia.
Las activistas demandan de los estados la garantía de igualdad entre mujeres y varones, mediante la eliminación de normas y prácticas discriminatorias, y el impulso de la igualdad y reparto de responsabilidades en las labores domésticas para erradicar la pobreza y una vida libre de violencia para mujeres y niñas.
Además, solicitan autonomía sexual y reproductiva, acceso a recursos y servicios en esa área y a una educación laica, intercultural, no sexista y no discriminatoria.
Los fenómenos citados «muestran una deuda preocupante y que va a tomar años en abatir», sentenció Oviedo.
El Cladem, cuya sede principal está en Lima, inició en 2009 la «Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria» para contar con una enseñanza basada en relaciones de respeto, igualdad y cooperación entre los géneros.
«¿No habrá una relación entre esta violencia extrema y la obtención de derechos de las mujeres en los últimos años?», se preguntó Cobo.
Ese tipo de violencia «manifiesta una voluntad de control como respuesta a una realidad social que cuestiona el estatuto de las mujeres. Se ha definido un desplazamiento de la violencia del espacio conocido al desconocido, en el cual hombres matan a mujeres que no conocen», indicó.
