Fue una travesía con olas de hasta tres metros que arrancó en alguna playa libia, sobre un bote sin posibilidades y a las puertas del invierno. El domingo 11 de diciembre, los últimos quinientos migrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo desembarcaban exhaustos pero aliviados en el sur de Italia, informa Karlos Zurutuza (IPS) desde Barcelona.
Habían sido rescatados por sendos barcos de rescate humanitario operados por las oenegés Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Humanity.
La respuesta a la emergencia humanitaria en el Mediterráneo Central es uno de los desafíos para el nuevo gobierno de ultraderecha italiano liderado por Giorgia Meloni, su primera ministra.
Precisamente, en noviembre estalló una grave crisis diplomática entre Roma y París, tras impedir Italia el desembarco de náufragos recogidos por el Ocean Viking y derivarlo al puerto de Tolón, en el sur de Francia.
Por su parte, el Geo Barents, de MSF, se negó entonces a desembarcar tan solo a parte del pasaje como pedía Roma. La oenegé acabó ganando el pulso y consiguió el desembarco de todos los rescatados en Catania, Sicilia.
«El desembarco selectivo no tiene ningún marco normativo, no es más que un nuevo intento de bloquear a las oenegés», explica a IPS Juan Matías Gil, jefe de misión de búsqueda y rescate de MSF para Italia.
Sin embargo, el domingo 11 todos los rescatados pisaron tierra sin obstáculo administrativo de ninguna clase. Según Gil, la crisis con Francia puede ser una de las razones de la moderación italiana.
El Ministerio del Interior italiano apuntaba a «la inminencia de un temporal y a la necesidad de no saturar los centros de acogida»; no ha habido, insistían, un cambio en las políticas de Roma.
Desde 2017, dos años después de echarse a la mar, la flota de rescate humanitario ha encontrado un adversario feroz en todos y cada uno de los sucesivos gobiernos italianos.
Puertos cerrados, barcos requisados, procesos judiciales… Roma ha hecho uso de todas las herramientas a su alcance para bloquear a una flota que hoy cuenta con nueve barcos operados por distintas oenegés.
«Con el gobierno de Mario Draghi (febrero 2021-octubre 2022) ya asistimos a un adelanto de esas políticas que hoy suscribe Meloni, pero apenas se hablaba de ello», explica Gil. ««a entonces podíamos pasarnos hasta diez o doce días esperando a conseguir puerto seguro», recuerda este argentino residente en Roma.
Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) actualizados el 4 de diciembre, más de 94.000 personas han llegado a Italia por mar en 2022. La mayoría parten desde algún punto de Libia, casi siempre en embarcaciones precarias fletadas por las mafias del tráfico de personas.
Si bien la legislación internacional exige la concesión de un puerto seguro a la mayor brevedad posible a todo buque con personas vulnerables a bordo, la flota de rescate se enfrenta a esperas que pueden superar las dos semanas.
Gil lo interpreta como un ingrediente más dentro de una campaña contra la flota de rescate. Habla de dos ejes:
«Por una parte, está el uso de recursos sin base legal como el del desembarco selectivo. Hacernos ir a hasta Francia o España implica triplicar las distancias y reducir drásticamente el tiempo que pasamos en la zona de rescate», señala Gil.
También apunta a una «criminalización» de las oenegés por parte del gobierno italiano.
Se les acusa de connivencia con las mafias del tráfico, e incluso de provocar un «efecto llamada», cuando, recuerda Gil, la flota en su conjunto solo es responsable de catorce por ciento de los desembarcos en Italia, según datos del Instituto Italiano para Estudios de Política Internacional.
«Más allá de los números, lo que escuece en Roma es que visibilicemos el problema, eso es todo», zanja el jefe de misión de MSF.
Juego tramposo
Que la inmensa mayoría de los rescatados salga de Libia se debe a la inestabilidad provocada por la ausencia de un gobierno estable desde la guerra de 2011. Dos ejecutivos rivales -en el este y el oeste del país- se disputan hoy el control de su territorio.
En aras de contener el flujo migratorio, Europa empezó a entrenar y equipar a una flota de guardacostas libios en 2016. Es un contingente al que se acusa de ejercer la violencia contra los migrantes, e incluso de actuar en connivencia con las mafias del tráfico humano.
Asimismo, numerosas oenegés han denunciado que muchos migrantes devueltos a tierra acaban siendo víctimas de todo tipo de abusos en los mismos centros de detención gestionados por los dos gobiernos libios.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 25.000 personas han muerto o desparecido en el Mediterráneo desde 2014. Mientras la frontera sur de la Unión Europea se convierte en una enorme fosa común, la flota de rescate humanitario se enfrenta a obstáculos de todo tipo para evitarlo.
Como las inspecciones draconianas por parte de la Guardia Costera italiana, esas que pueden bloquear barcos en puerto durante meses. Con un antiguo pesquero vasco, el Aita Mari, reconvertido en buque de recate, la oenegé Salvamento Marítimo Humanitario, del País Vasco, en España, lo sabe de primera mano.
Lo explica a IPS Iñigo Mijangos, su coordinador.
«Solo que falte un extintor puede repercutir en la calificación de toda la flota mercante española que hace travesías internacionales», explica este vasco de 51 años. Así, pasan inspecciones de la Dirección General de Marina Mercante Española antes de salir, en prevención de las que les hacen en Italia.
«Al hacerse el cómputo total de forma trianual, hemos aplazado nuestra próxima misión hasta enero, nada más comenzado el nuevo año», aclara Mijangos.
Pero el tiro sale a veces por la culata. El que fuera ministro del Interior italiano entre junio del 2018 y septiembre del 2019, el ultraderechista Matteo Salvini, tiene un proceso judicial abierto tras impedir durante diecinueve días el desembarco de un centenar de migrantes rescatados por Open Arms, una oenegé española.
Salvini se enfrenta a quince años de prisión en un proceso que arrancó en noviembre de 2021, pero que sufre constantes retrasos por la acción de su defensa. Además, el que fuera su mano derecha, Matteo Piantedosi, es hoy el ministro del Interior de Meloni.
Desde el puerto de Barcelona, David Lladó, jefe de Misión y Rescate de Open Arms, habla con IPS mientras su tripulación ultima los preparativos para zarpar rumbo al Mediterráneo central, el 24 de diciembre.
«Contamos con los retrasos en concedernos puerto, por lo que esta vez llevamos comida para treinta días y trescientas personas. No sabemos cuánto tiempo nos tendrán en espera», dice este originario de la isla de Mallorca de 38 años.
La demora se dilata aún más cuando los rescates se hacen en aguas jurisdiccionales de Malta. Lladó recuerda que La Valeta raramente permite el desembarco de los buques de rescate (la última vez fue en julio de 2020), pero el protocolo obliga a intentarlo primero con la isla antes de contactar con Roma.
«Es como un juego tramposo en el que los que mandan cambian las reglas según avanza la partida», dice Lladó. Y añade: «en el mar, en tierra, en los juzgados… Nunca sabes qué será lo siguiente, pero sí que no puedes quedarte a esperar en puerto».
