El éxodo iniciado el 13 de octubre por miles de migrantes hondureños en búsqueda del sueño americano es un reflejo del fracaso de las élites hondureñas, sostienen analistas consultados por IPS al afirmar que lejos de apostar a oportunidades de cambio, «más bien cierran los espacios para que estos no se produzcan», informa Thelma Mejía[1] (IPS) desde Tegucigalpa.
«En Honduras, las elites han logrado cerrar muchas posibilidades de cambio, los grupos de poder no quieren permitir que Honduras avance y las condiciones para este éxodo sin precedentes, estaban dadas», sentenció a IPS el sociólogo Eugenio Sosa, analista político experto en movimientos sociales.
A su juicio, «hoy estamos en una situación de emergencia y nadie se atreve a proponer al presidente Juan Orlando Hernández que debe sentarse para buscar salidas políticas a esta crisis».
Las élites de poder —políticas y económicas— «tienen talento para blindarse frente a la corrupción, pero no para enfrentar los problemas del país», acotó Sosa, al citar entre las condiciones expulsoras de la actual ola migratoria factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo, la corrupción, inseguridad y la violencia, entre otros.
En este país centroamericano de 9,1 millones de habitantes, el 65 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, lo que supone poco más de cinco millones de personas, y de estas, más de tres millones sobreviven con apenas dos dólares diarios, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), el principal centro de pensamiento económico no estatal del país.
La Secretaría (Ministerio) de Trabajo y Seguridad Social estima en 4,1 millones de personas la población económicamente activa de Honduras. El salario mínimo promedio es el equivalente de 355 dólares. Pero de acuerdo al Fosdeh, en el sector privado ocho de cada diez empleados gana por debajo del salario mínimo y en el sector público, cuatro de cada diez.
«La desesperanza es grande, las opciones de mejora de empleo no están. La caravana migratoria ha sido un parte aguas en este país, ha desbordado al gobierno, ellos sabían del problema, pero nunca actuaron, solo reaccionan frente a las crisis cuando están instaladas», dijo a IPS el experto en temas migratorios Ricardo Puerta.
«Si antes se iban 200 personas diarias del país, la modalidad de las caravanas te ha puesto una nueva perspectiva, estamos frente a un éxodo, ante una crisis humanitaria que ha tenido entre sus detonantes el desencanto y la falta de oportunidades», agregó.
En la caravana, que arrancó el día 13 en la ciudad de San Pedro Sula, diferentes organizaciones fronterizas y humanitarias calculan que se incorporaron 7000 personas, de ellas 2400 menores de edad. Otra caravana partió el martes 23 de Zacapa, en Guatemala, con unos 1500 hondureños, con la intención de sumarse a la primera.
Un sondeo elaborado por la orden católica de la Compañía de Jesús, presentado en abril, reveló que el 44,3 por ciento de los hondureños pensaba en emigrar del país.
«Es que en los hospitales públicos no hay medicinas, no hay trabajo, el sector privado no está generando el empleo deseado, los costos de producción y de vida se disparan. Estamos ante una crisis múltiple a nivel económico, social y político», acotó a IPS el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras (Cohep), Armando Urtecho.
Urtecho dice que los empresarios están preocupados porque el panorama es incierto y «ya empiezan a generarse, a lo interno, caravanas de protesta y solidaridad con los migrantes que pueden calentar o radicalizar el panorama».
Se refiere a una Caravana de la Dignidad, que han iniciado diversas organizaciones sociales, encabezada por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de los jesuitas.
La caravana arrancó el martes 23 desde la pequeña localidad de La Barca, en el norte del país, y espera llegar a Tegucigalpa, la capital, el viernes 26. Entre sus propósitos, además de la solidaridad con la caravana de migrantes hacia Estados Unidos, está pedir la salida del poder del presidente Hernández.
Víctor Meza, analista político, cree que estas acciones son parte del desencanto, pues todos los elementos para un cambio se «han visto frustrados». «El país necesita un cambio inclusivo, democrático y participativo. El gobierno ha sido golpeado y no hay espacio para los acuerdos políticos pactados bajo la mesa. El país no da para más», dijo a IPS.
Meza, al igual que Eugenio Sosa, son del criterio de que en este fracaso de las élites, el tema de la corrupción y la crisis político electoral de noviembre de 2017 que culminó con una cuestionada reelección de Hernández, fue otro de los factores que detonó en el éxodo migratorio.
En el poder desde 2014, Hernández es hoy el presidente con mayor rechazo social en el país. Seis de cada 10 hondureños cree que ganó la reelección mediante un fraude, según la encuesta de los jesuitas.
En este país, la reelección estaba prohibida por la Constitución hasta que Hernández y su Partido Nacional, una fuerza tradicional de derecha, impusieron una polémica reforma en la ley fundamental para permitirle ser candidato en los comicios de noviembre de 2017, con resultados que organizaciones locales e internacionales consideraron dudosos.
La crisis desatada por los cuestionamientos a su reelección llevaron a instalar unas mesas técnicas de diálogo político, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar cuatro detonantes de la crisis postelectoral: violencia y fraude, derechos humanos, reformas constitucionales y reformas político electorales.
Pero el diálogo se estancó por la renuencia de los representantes del gobierno y el Partido Nacional a temas como la amnistía y la investigación de 22 muertes postelectorales a manos de las fuerzas del orden, según un informe de la ONU.
El tema de la corrupción es otro de los detonantes, estiman los expertos.
Miembros del partido en el poder, funcionarios de la cúpula del gobierno y diputados oficialistas y opositores han sido salpicados en un millonario desvío de 12 millones de dólares destinados para los pobres que fueron a dar a cuentas particulares y financiamiento de campaña política.
Una ex primera dama está acusada, y en prisión preventiva, por otros delitos, y más diputados son señalados de presuntos hechos corruptos. Ante ello, las élites políticas en el congreso nacional impulsan reformas orientadas a blindar la corrupción.
Los esfuerzos anticorrupción no logran pasar, el desencanto crece y «cuando se cierra esa posibilidad, el éxodo se vuelve una opción de salida. Se huye del país de la fantasía», acota Meza.
Hernández anunció 615 millones de lempiras, unos 25,6 millones de dólares, para atender el tema migratorio y los afectados por la sequía y las lluvias. Los sectores sociales le piden que convoque a un Pacto Social incluyente, pero sus funcionarios prefieren diálogos paralelos y reuniones privadas empresariales.
«El presidente no ve la crisis, no ve la dimensión del problema», confió a IPS un alto funcionario del gobierno, que pidió el anonimato, al término de una reunión del gobernante con sectores gremiales privados. Hernández, apuntó, no tiene idea de cuánta miseria puede aguantar una democracia.
Según el informe de 2017 del Latinobarómetro de las Américas, la democracia en Honduras está en coma, apenas 36 por ciento de los hondureños la apoyan, en un respaldo que cayó siete puntos en relación al 2016.
El éxodo migratorio, sostienen los expertos, abrió un agujero y los escenarios vaticinan que el país entró en una transición conflictiva que podría llevar a una mayor descomposición social.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
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