Desde que Hassan Rouhani llegó a la presidencia de Irán en 2013, los órganos judiciales y de seguridad de este país libran una despiadada campaña de represión contra quienes defienden los derechos humanos, en la que demonizan y encarcelan a los activistas que se atreven a alzar la voz por los derechos de las personas, informa Amnistía Internacional.
Caught in a web of repression: Iran’s human rights defenders under attack detalla cómo decenas de activistas de derechos humanos —a quienes los medios de comunicación estatales califican a menudo de “agentes extranjeros” y de “traidores”— son procesados y encarcelados por cargos falsos de “seguridad nacional”, lo que inflige un duro golpe a la esperanza de una reforma de los derechos humanos que suscitó la primera campaña electoral del presidente Hassan Rouhani. Algunos de estos activistas han sido condenados a más de diez años de cárcel por actos tan sencillos como estar en contacto con la ONU o la Unión Europea o con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
“Es una amarga ironía que mientras las autoridades iraníes alardean de sus crecientes relaciones con la ONU y la UE, sobre todo después del acuerdo nuclear, las personas que defienden los derechos humanos que han contactado con estas mismas instituciones sean tratadas como delincuentes”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“En lugar de difundir el peligroso mito de que los defensores y defensoras de los derechos humanos representan una amenaza para la seguridad nacional, las autoridades iraníes deberían dedicarse a abordar los legítimos motivos de preocupación que plantean. Estas personas lo han arriesgado todo para construir una sociedad más humana y justa; es terrible que se las castigue con tanta crueldad por su valentía”, señala Luther.
La organización pide a la UE, que en 2016 anunció sus planes de reiniciar un diálogo bilateral sobre los derechos humanos con Irán, que se pronuncie con la máxima firmeza contra la persecución de los defensores y defensoras en el país.
“La comunidad internacional, y en concreto la UE, no debe guardar silencio sobre el indignante trato que reciben estas personas en Irán”, ha dicho Philip Luther, para quien “en lugar de apaciguar a las autoridades iraníes, la UE debería pedir enérgicamente la libertad inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por su activismo pacífico por los derechos humanos y que se ponga fin al uso indebido del sistema de justicia para silenciar a activistas”.
El informe ofrece un panorama general de la represión dirigida a un amplio abanico de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en frentes de batalla clave en Irán. Destaca 45 casos entre los que hay personas que luchan contra la pena de muerte, activistas de los derechos de las mujeres, activistas de los derechos de las minorías, abogados y abogadas que defienden los derechos humanos, y activistas que reclaman la verdad, justicia y una reparación por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas masivas de la década de 1980.
Asfixiar a defensoras y defensores
En los últimos cuatro años, las autoridades judiciales iraníes han bajado el umbral para formular cargos imprecisos y excesivamente amplios relacionados con la seguridad nacional y, al mismo tiempo, han aumentado la duración de las penas de prisión impuestas a los defensores y defensoras declarados culpables. El presidente de la Magistratura es nombrado por el líder supremo de Irán.
Caso tras caso, se han impuesto largas penas de prisión, a veces de más de diez años, por actos que nunca deberían ser considerados siquiera delito, como estar en contacto con la ONU y la UE, o con medios de comunicación, organizaciones sindicales internacionales y grupos de derechos humanos radicados fuera de Irán, como Amnistía Internacional.
Uno de los casos más emblemáticos es el del activista de derechos humanos Arash Sadeghi, gravemente enfermo, que cumple 19 años de cárcel por “delitos” como comunicarse con Amnistía Internacional y enviar información al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y a miembros del Parlamento Europeo.
A pesar de su estado crítico, las autoridades han impedido reiteradamente su traslado a un hospital fuera de la prisión como represalia por una huelga de hambre que hizo entre octubre de 2016 y enero de 2017 como protesta por el encarcelamiento de su esposa, Golrokh Ebrahimi Iraee, por escribir un relato de ficción sobre la lapidación.
La destacada defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, quien dirigió el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán, cumple una condena de 16 años de prisión, también en relación con su trabajo por los derechos humanos. La causa penal que se siguió contra ella se inició como represalia por una reunión que mantuvo con la ex máxima representante de la UE para política exterior, Catherine Ashton, el Día Internacional de la Mujer en 2014.
Raheleh Rahemipour, por su parte, fue condenada a un año de prisión tras presentar una queja ante la ONU sobre la desaparición forzada de su hermano y su sobrino durante la década de 1980.
“Se trata de un intento siniestro y deliberado de las autoridades iraníes de aislar a las defensoras y defensores de los derechos humanos del mundo exterior e impedirles cuestionar el discurso oficial sobre la situación de estos derechos en el país”, dice Philip Luther.
Quienes trabajan por los derechos sindicales, como Esmail Abdi y Davoud Razavi, también han sufrido acoso y prisión por estar en contacto con organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo.
Los activistas de los derechos de las minorías no han corrido mejor suerte en la campaña de represión. Alireza Farshi, miembro de la minoría turca azerbaiyaní, fue condenado a 15 años de prisión por “delitos” como escribir una carta a la UNESCO para celebrar un acto conmemorativo el Día Internacional de la Lengua Materna.
Juicios manifiestamente injustos
Las defensoras y los defensores de los derechos humanos cuyos casos se exponen en el informe fueron invariablemente declarados culpables en juicios manifiestamente injustos celebrados ante Tribunales Revolucionarios[1].
Por lo general, las actuaciones son muy breves. Por ejemplo, Atena Daemi y Omid Alishenas, activistas contra la pena de muerte, fueron condenados a 14 y 10 años de prisión, respectivamente, tras un juicio celebrado en marzo de 2015 que sólo duro unos 45 minutos. Más tarde se les redujo la condena en apelación a siete años de cárcel.
Los juicios contra quienes defienden los derechos humanos suelen celebrarse en un clima de miedo en el que sus abogados son sometidos a diversas medidas abusivas, como los intentos por parte de las autoridades de limitar arbitrariamente las visitas a sus clientes o las comunicaciones privadas con éstos, o de retrasar su acceso a los expedientes judiciales.
Los abogados y abogadas que denuncian la tortura y los juicios injustos también están expuestos a un acoso implacable, la inhabilitación y la cárcel. El destacado abogado de derechos humanos Abdolfattah Soltani cumple desde 2011 una pena de 13 años de cárcel por su valiente labor a favor de estos derechos, como la que llevaba a cabo en el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos.
La campaña global de Amnistía Internacional Valiente pide que se ponga fin a los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos en todo el mundo.
Enlace 1:
http://periodistas-es.com/iran-atena-farghadani-juzgada-por-un-dibujo-insultante-53112
