La relatora especial¹ de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, sostiene que Italia es una potencia gastronómica en la que no todos tienen garantizada la comida y muchas personas dependen de bancos de alimentos y organizaciones benéficas.
Hilal Elver ha encontrado, en una visita de once días a Italia, un complejo sistema alimentario en el que alrededor de medio millón de migrantes trabajan en la agricultura, bajo unas duras condiciones laborales y salariales que los convierten en uno de los grupos más vulnerables de la nación europea.
La experta independiente explicó que “en la escena internacional, Italia es un país muy activo en la promoción de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la alimentación; pero esto no se refleja completamente a nivel nacional”.
Para un país desarrollado, tales niveles de pobreza y carestía de alimentos son inaceptables, afirmó: “durante mi visita conocí a muchas personas que dependen de bancos de alimentos y organizaciones benéficas para su próxima comida, migrantes sin hogar y sin alojamiento seguro para pasar la noche, trabajadores agrícolas sometidos a horas de trabajo excesivas en condiciones difíciles y con salarios bajos, que no les permiten satisfacer las necesidades básicas, trabajadores migrantes indocumentados y, por lo tanto, relegados al limbo sin acceso a trabajos regulares o la posibilidad de alquilar un lugar digno para vivir y estudiantes cuyas familias son demasiado pobres para pagar los precios requeridos por los comedores escolares”.
Concluyó que, como país desarrollado, así como la tercera economía más grande de Europa, tales niveles de pobreza y carestía de alimentos “son inaceptables”, y que “el Gobierno italiano debería entender que la caridad alimentaria no debe confundirse con el derecho a la alimentación”.
Italia: medio millón de migrantes trabajan en el campo
Los migrantes que trabajan en la agricultura son uno de los grupos más vulnerables en Italia.
Dentro del sector agrícola italiano hay entre 450 000 y 500 000 trabajadores migrantes, que representan aproximadamente la mitad de la fuerza laboral en el sector.
La agricultura es a menudo el único campo en el que los trabajadores poco calificados logran encontrar empleo. El mayor porcentaje de trabajadores irregulares en relación con el número total de trabajadores migrantes se encuentra en la agricultura.
«De norte a sur, cientos de miles de trabajadores cultivan la tierra o cuidan el ganado sin protección legal y social adecuada, con bajos salarios y viviendo con la amenaza constante de perder su trabajo, la repatriación forzada o de sufrir violencia física y psicológica», continuó la relatora.
Mediante la ley 199/2016 contra la explotación laboral, Italia ha ampliado el alcance de la disposición ya existente contra los trabajadores contratados.
“En cualquier caso, la ley es incapaz de apoyar los derechos humanos de todos los trabajadores agrícolas, específicamente de los inmigrantes indocumentados, relegados a una condición de invisibilidad y miedo», observa Elver.
Compleja situación alimentaria en Italia
La explotación en el lugar de trabajo no es la única forma en que la ilegalidad se infiltra en el sistema alimentario italiano.
También hay otros aspectos inaceptables, incluido el abandono de productos contaminados en las zonas rurales, que también se incineran o vierten en las aguas de los ríos.
La presencia de fertilizantes tóxicos y falsificados bastante extendidos, que se importan o ensamblan en Italia y a menudo son utilizados por trabajadores sin las habilidades adecuadas y en ausencia de medidas de seguridad son solo algunas de las diversas prácticas ilegales generalizadas.
Además, existen mercados mayoristas donde los agricultores se ven obligados a aceptar precios tan bajos que corren el riesgo de comprometer su sustento.
Otro aspecto en esta compleja situación son las compras de tierras con ganancias de actividades ilegales.
Finalmente, el aumento en la distribución a gran escala ha llevado a una reorganización significativa del sector alimentario, ya que las principales cadenas de distribución controlan la mayor parte del mercado agroalimentario, imponiendo precios bajos, que los pequeños agricultores no pueden igualar.
La experta independiente también ha podido comprobar que la aprobación en 2018 del decreto de seguridad e inmigración, conocido como el «decreto Salvini», contribuyó al aumento en el número de trabajadores migrantes indocumentados, acelerando la ilegalización de los solicitantes de asilo y estimulando aún más el trabajo irregular sin ninguna protección.
Actualmente, se estima que el número de inmigrantes indocumentados es de 680 000, el doble que hace cinco años.
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