La CPI no investigará los delitos de tortura en Afganistán

Los jueces de la CPI señalan que no está asegurada una cooperación significativa de las autoridades relevantes

La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) no autorizará a la Fiscalía abrir una investigación sobre los presuntos delitos cometidos en Afganistán y en otros países implicados en el programa de tortura de Estados Unidos, informa la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)

Decenas de miles de víctimas en Afganistán, junto con las víctimas de tortura en los Estados Unidos, habían instado a la CPI a autorizar la investigación, que ahora deniega porque “la complejidad y la volatilidad del clima político …, hace que sea extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar una cooperación significativa de las autoridades relevantes”.

La decisión se toma a pesar de descubrir que se cumplieron los requisitos tanto de jurisdicción como de admisibilidad, porque autorizar una investigación no serviría “a los intereses de la justicia”, debido a “cambios posteriores dentro del panorama político relevante tanto en Afganistán como en Estados clave” (tanto partes como no partes en el Estatuto de la CPI)

“La complejidad y la volatilidad del clima político …, hace que sea extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar una cooperación significativa de las autoridades relevantes”, circunstancia que junto con la falta de posibilidad de preservar evidencia de crímenes cometidos a principios de la década de 2000.

Con este escenario los jueces argumentan que “en vista de la cantidad limitada de … recursos, [que autoriza la investigación] irá en detrimento de otros escenarios (ya sean exámenes preliminares, investigaciones o casos) que parecen tener perspectivas más realistas para llevar a juicios”.

La FIDH sostiene que las declaraciones previas al juicio son referencias claras a la dura campaña llevada a cabo por el gobierno de Donald Trump contra la Corte, así como a la falta de apoyo, incluido el financiamiento, entregado a la Corte para llevar a cabo su misión de combatir la impunidad.

“Condenamos esta chocante decisión de la CPI, que se basa en un razonamiento profundamente erróneo. La CPI fue creada precisamente para superar los mismos desafíos que hacían imposibles las investigaciones nacionales. Es inaceptable que la Corte invoque estos desafíos para denegar la justicia a las víctimas. Es un día oscuro para la justicia”, ha declarado Patrick Baudouin, presidente honorario de la FIDH

“Después de once años de examen preliminar por parte de la Oficina del Fiscal, los jueces tardaron más de un año en considerar la gravedad de los delitos y la jurisdicción de la Corte. Después de este período inusualmente largo, la CPI decidió hoy rechazar la solicitud de Fatou Bensouda. No porque los crímenes no fueron cometidos, sino por razones prácticas y políticas. Las miles de víctimas, de extremistas violentos y de fuerzas tanto nacionales como internacionales, que participaron en este proceso y que estaban en su mayoría a favor de una investigación, no han sido reconocidas. La CPI les ha dado la espalda”, ha agregado Guissou Jahangiri, vicepresidente de la FIDH y director ejecutivo de Armanshahr / OPEN ASIA

“Con la decisión de hoy, la Corte Penal Internacional envía un mensaje peligroso: que el acoso gana y que los poderosos no tendrán que rendir cuentas. Al inclinarse ante la campaña de presión de la administración de Trump, la Cámara de Cuestiones Preliminares y los Estados Partes que no han proporcionado recursos y apoyo adecuados a la Corte, aceptan la impunidad. Pero las víctimas de los poderosos no se detendrán en sus esfuerzos por hacer realidad el adagio de que nadie está por encima de la ley”, señala a su vez Katherine Gallagher, abogada sénior del Centro para los Derechos Constitucionales con sede en los Estados Unidos, quien siguió la representación de las víctimas ante la Cámara de Cuestiones Preliminares en apoyo de la investigación.

Contexto

El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares III de la CPI para abrir una investigación sobre la situación en Afganistán por los siguientes cargos:

  1. Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluido el asesinato, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, la persecución por motivos políticos y de género, y la dirección intencional de ataques contra civiles, personal humanitario y / o objetos protegidos, y el reclutamiento de niños menores de 15 años por los talibanes y los grupos armados afiliados;
  2. Crímenes de guerra, incluida la tortura, los tratos crueles, los atentados contra la dignidad personal y la violencia sexual por parte de las fuerzas gubernamentales afganas, a saber, los miembros del ANSF; y
  3. Crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses y miembros de la CIA no solo en el territorio de Afganistán, sino también por actores estadounidenses que operan en centros de detención secretos operados por la CIA en Polonia, Rumania y Lituania desde el 1 de julio de 2002, centrándose principalmente en el período 2003-2004.

Decenas de miles de víctimas participaron en los procedimientos para respaldar la solicitud del Fiscal de iniciar una investigación sobre la situación en Afganistán, que responde a los intereses de la justicia en ese país.

Estados Unidos no es un Estado parte del Estatuto de la CPI. El 10 de septiembre de 2018, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., amenazó a la CPI con sanciones si se abría una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses en Afganistán, declarando que “los Estados Unidos utilizarán todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de un juicio injusto por parte de este tribunal ilegítimo ”.

Añadió que la administración de Trump “lucharía” e impondría sanciones si la Corte procedía formalmente a abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por el personal militar y de inteligencia de los Estados Unidos durante la guerra en Afganistán o si investigaba a Israel u otros aliados de los Estados Unidos.

Como primer paso concreto, el 15 de marzo de 2019, el secretario de estado de los EE. UU., Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos revocará o negará las visas a los miembros de la Corte Penal Internacional que participan en la investigación de las acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán u otros países, y se preparó para tomar medidas adicionales, incluidas las sanciones económicas. El 4 de abril de 2019, los Estados Unidos revocaron la visa de la Fiscal de la CPI.

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

Únase a más de 1100 personas que apoyan nuestro periódico

Podrás comentar, enviar sugerencias y además podrás acceder de forma gratuita a eBooks, póster y contenidos exclusivos de nuestros colaboradores.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.