Ileana Alamilla[1]
Imposible negar las violaciones a derechos humanos contra las comunidades afectadas
Estamos sumidos en una crisis institucional, con final impredecible. Muchos de los conflictos y problemas que hoy agobian al Gobierno de Guatemala han sido herencia de un pasado que nos tiene atrapados. Y no es poca cosa lo que sucedió, tragedia que pocos países en el mundo han sufrido.
Hay también problemas que se originan por intereses en pugna que han creado una verdadera arena de corrida de toros en la que el Estado-torero ya no tiene más lugar para estocadas. Es una coyuntura peligrosa, dado que está en juego el recurrido argumento del “Estado de Derecho” al que se apela según la postura de cada uno.
Igual que cuando se trata de la soberanía, que según los entendidos, ha cambiado de dimensión y ahora se concibe como un concepto transnacional cuando se trata de derechos humanos. Antes Estados Unidos era enemigo de algunos y aliado de otros, hoy las alianzas se han reubicado.
Hablar del Estado aquí es convocar al consenso, pues la mayoría se manifiesta en su contra, salvo excepciones, lo que resulta comprensible, ya que esa entelequia no ha servido de mucho para los intereses populares. Y algunos de los grupos privilegiados, cuando no se apega totalmente a lo que demandan, también conspiran en su contra.
El sistema de justicia, al máximo nivel, la Corte de Constitucionalidad, está en jaque, sus decisiones han sido rechazadas por el movimiento social, cuestionadas por algunos juristas y desafiadas por el Organismo Legislativo. Y Estados Unidos las está estudiando y analizando.
Por su parte, el Gobierno tiene este año el reto de encontrar salidas viables y políticas para la encrucijada en la que se encuentra por el giro que tomó el grave caso de la hidroeléctrica de Chixoy, una herencia de décadas que hoy explota con el mensaje enviado por Estados Unidos: o se resuelve o no hay ayuda, aunque, contradictoriamente, un alto funcionario visita el país para hablar sobre la cooperación en materia de seguridad y drogas, un tema de interés bilateral.
La inmediata solución que respecto de este caso demanda Washington ha pasado por varias administraciones. La anterior hizo un diagnóstico que sirvió de base para un Plan de Reparaciones negociado con participación de la OEA y otros entes, el que no fue firmado por el presidente Colom ni por los dos bancos involucrados, BID y BM, situación que no fue debidamente informada a los interesados. Este Plan debería haberse traducido en un acuerdo gubernativo. Miguel Ángel Balcárcel ha insistido en que desde el 2012 están trabajando en el caso, buscando la solución, institucionalizando el proceso, hablando con las comunidades para dar cumplimiento a las medidas de reparación que incluyen proyectos urgentes, tierra, vivienda. Los recursos que se demandan son considerables, ojalá las entidades bancarias que financiaron la construcción de la hidroeléctrica contribuyan con una parte del dinero al ser corresponsables de lo sucedido.
Sería imposible pretender negar la historia y las violaciones a derechos humanos cometidas contra las comunidades afectadas. No solo las despojaron de sus territorios, sino que fueron masacradas, como “mecanismo disuasivo” para construir la represa. Ahora estamos ante un entuerto por el emplazamiento de Washington para que se resuelva de inmediato.
Pero en realidad no debería importar quién cabildeó allá, quién en el pasado engañó aquí o si hay violación a la soberanía. Lo urgente es hacer justicia a las comunidades con soluciones viables, legales e inmediatas, pero considerando las capacidades del Estado.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
