Las redes sociales que ayudaron a alzar a la presidencia de Brasil a Jair Bolsonaro aparecen ahora como un factor del deterioro de su gobierno amenazado con un fin anticipado, dos años y medio antes de su término oficial, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Los medios que en las elecciones sumaban votos ahora «fragmentan incluso la base de apoyo político» del gobierno de extrema derecha y exponen los diseminadores de informaciones falsas a incriminaciones judiciales, resumió João Guilherme dos Santos, doctor en Comunicación e investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital.
La campaña electoral de Bolsonaro para las elecciones de octubre de 2018, que lo colocaron en la presidencia el 1 de enero siguiente, usó mucho a WhatsApp, una red encriptada que no permite el rastreo y dificulta así determinar la responsabilidad del delito informativo.
«Juntaba lo útil, impulsar una estrategia de inmediato, a lo agradable, que es una tecnología accesible y popular, ya que todos tienen un celular, sin los costos de paquetes de comunicación», definió Santos a IPS, por teléfono desde Río de Janeiro.
El límite, de 256 participantes como máximo en los grupos que comparten los mensajes, se desbordó por las interconexiones sucesivas de los grupos, estimuladas por una dinámica electoral, recordó.
Pero se trata de una «red inestable, en que el retiro de algunas personas interrumpe la cadena» de retransmisiones masivas. En el gobierno los bolsonaristas tuvieron que migrar a otras redes, como Twitter, Facebook e Instagram, y enfrentan ahora las consecuencias.
Esos medios cuestan algún dinero si se pretende la difusión masiva y permiten identificar a los autores y retransmisores de sus mensajes, por lo que no aseguran la impunidad.
Investigaciones sobre el abuso de esos medios digitales por los hijos, asesores y aliados del presidente, para difusión masiva de falsedades y difamaciones, están en marcha desde el año pasado en el Supremo Tribunal Federal (STF), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el legislativo Congreso Nacional.
El peligro más cercano está en el TSE que puede juzgar en los próximos meses los pedidos de impugnación del triunfo electoral de Bolsonaro y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, si se comprueba la financiación ilegal de la campaña que se basó en muchas mentiras difundidas por las redes sociales.
Algunas empresas financiaron ilegalmente la difusión masiva de mensajes de la campaña electoral de Bolsonaro, destinados a electores de listas compradas en el mercado de datos personales, otra ilegalidad, según aseguró el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre de 2018, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales.
La autora del reportaje, Patrícia Campos Mello, acaba de ganar el premio Maria Moors Cabot, concedido por la Facultad de Periodismo de la estadounidense Universidad de Columbia a periodistas de investigación que se destacan por su labor.
La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI), que debería haber concluido sus trabajos en abril, los prorrogó por seis meses más. En el STF la investigación también tuvo una prórroga de 180 días y se extenderá hasta final de 2020.
El cerco judicial al bolsonarismo, que moviliza también la Policía Federal y el Ministerio Público (fiscalía general), acaba de recibir una gran ayuda de Facebook, que canceló el 8 de julio 35 cuentas y 14 páginas por «inauténticas» y violadoras de las reglas de la plataforma.
Otras 38 cuentas en Instagram, de la que es propietaria Facebook al igual que WhatsApp, también fueron removidas. Esas medidas responden a un boicot de grandes empresas internacionales que sacaron su publicidad de las redes sociales, para disociarse de la desinformación y los discursos de odio.
Una de las cuentas en Instagram fue creada por Tercio Arnaud Tomaz, asesor especial del presidente Bolsonaro, según trascendió. Se trata del supuesto líder de la «Oficina del odio», que, según la prensa, opera desde el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, en Brasilia.
Si llegasen a comprobarse, esas denuncias representarían la desviación de recursos públicos para fines indebidos y configurarían varios delitos, como malversación, improbidad administrativa, difamación e incluso daños a la salud pública, al difundir informaciones engañosas sobre la pandemia de la COVID-19.
Además involucrarían Al presidente, sus tres hijos -uno senador, otro diputado y otro concejal- y otros políticos y empresarios que respaldan a Bolsonaro.
La Policía Federal tendrá acceso a los datos de Facebook que justificaron la purga de cuentas, por decisión de Alexandre Moraes, magistrado del STF que conduce la investigación sobre la red de noticias falsas, además de otra sobre manifestaciones protagonizadas por bolsonaristas que reclaman «intervención militar» y el cierre del STF y del Congreso.
También el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU, un órgano parlamentario) empezó a condenar la publicidad gubernamental que se está destinando y remunerando a sitios web inadecuados, difusores de falsedades, las también llamadas fake news, e incluso acusados de ilegalidades.
Bolsonaro perdió popularidad y credibilidad en sus dieciocho meses de gobierno no por la tibia acción opositora, sino por sus actitudes, como negar la gravedad de la pandemia de covid-19 y promover la destrucción del patrimonio ambiental, cultural, científico y diplomático de Brasil.
«Casi todas las crisis, incluso las investigaciones sobre informaciones falsas, resultan de las propias iniciativas del presidente y su gobierno», evaluó Santos, quien colabora con el Congreso en la CPMI y en los debates para aprobación de una ley con que se busca contener la proliferación de noticias falsas y otros bulos en las redes sociales.
El abuso de las redes por el bolsonarismo agrava sus divisiones internas, observó. Las discrepancias transforman correligionarios en enemigos inconciliables y todos los enemigos son «comunistas».
Así son tratados importantes líderes del inicio del gobierno, como Gustavo Bebianno, ex secretario general de la Presidencia, muerto de infarto el 14 de marzo, y los diputados Joice Hasselmann y Alexandre Frota, purgados por diferencias banales.
Las «inverdades» y ofensas digitales que proliferan en la comunicación de extrema derecha no son típicos solo de esa corriente política, sino de «regímenes radicales mayoritaristas», es decir que defienden todo el poder a la supuesta mayoría, aunque viole derechos humanos de minorías, como los indígenas, definió el investigador Santos.
Eso conduce a los ataques a las garantías constitucionales y democráticas, encaradas como obstáculos a la realización de la mayoría. Las redes ayudan a fomentar la solidaridad, al destacar «las amenazas externas, que en Brasil son las élites, como el STF, los parlamentarios», acotó.
Pero facilitan también los ataques a aliados, en un «canibalismo» que debilita el gobierno.
Durante la campaña electoral se ignoran las diferencias, se trata de «aumentar el rechazo popular al oponente en una disputa polarizada» para conquistar votos indecisos.
Esa táctica de Bolsonaro fue exitosa en 2018, especialmente entre los seguidores de iglesias evangélicas en que el oponente Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores, tuvo muy pocos votos, recordó Santos.
Pero es relativo el poder de las redes sociales, matizó.
Bolsonaro tuvo gran exposición en los espacios informativos, por el cuchillazo en el abdomen que sufrió durante la campaña, casi lo mata y lo dejó veintitrés días hospitalizado. Además su acercamiento a los evangelistas no fue coyuntural, venía de lejos.
Para reducir el alcance de la información malintencionada por las redes, Santos recomienda «atacar la sostenibilidad financiera» de las ofensivas, identificando los financiadores y operadores en el inicio, para evitar la «viralización». Es como se debe hacer con la pandemia del coronavirus, concluyó.
